Según los datos la concentración de metales pesados en diferentes puntos de monitoreo, establece que el plomo y el mercurio durante el 2009 superaron más de trece veces el valor máximo de la línea de base, lo que viola gravemente el compromiso hecho en el Estudio de Impacto Ambiental. Esto es alarmante, sobre todo si se considera que los habitantes de la localidad de Jáchal, vecina al proyecto Veladero, se han estado enfermando y muriendo de cáncer desde el 2005 año en que entró en operaciones el emprendimiento minero. Ante esto, la autoridad lejos de sancionar y fiscalizar contribuyó en ocultar los antecedentes.
Aún más grave que lo anterior, son los datos que dan cuenta de que las concentraciones de metales pesados aumenta drásticamente a partir del inicio de construcción de Pascua Lama el 2009, proyecto que en dos años más entraría en operaciones y que se proyecta ser tres veces más grande que Veladero.
La ubicación de los proyectos imposibilita que sea la comunidad la que extraiga muestras de agua. Por lo mismo, CEDHA, requirió los datos a la autoridad, la que al cabo de un año y luego de las presiones del Defensor del Pueblo, entregó la información pública que ni siquiera es información generada del Fisco, sino que fue generada a partir de los monitoreos de la misma empresa.
La actitud de la transnacional y de las autoridades constatada en este caso, se ha repetido en Chile ante reiterados requerimientos comunitarios. El 2005 hubo un ocultamiento sistemático de los estudios que daban cuenta de la disminución de los glaciares por acción de la empresa, el 2007 se retuvo por más de 7 meses la información relacionada con los fallecimientos de trabajadores en faenas (que ya alcanzan 16 solo del lado chileno), el 2009 y 2010 simplemente negó el acceso comunitario a todo lo relativo a la fijación de tributos y a los asuntos fronterizos comprometidos en el proyecto Pascua Lama. De hecho, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales sostiene a este respecto que “la dificultad de acceso a la información es una de las muestras más descaradas de la connivencia de intereses entre la empresa y las autoridades, en contra de los intereses comunitarios”.
Del mismo modo, la debilidad de la fiscalización también es evidente en Chile. Así se da cuenta lo sucedido en noviembre de 2009 luego de una visita de inspección a la zona. Las autoridades determinaron que la empresa no estaba cumpliendo el compromiso adoptado en el Estudio de Impacto Ambiental en relación con la mitigación del daño a los glaciares, y pese a la conducta gravísima de Barrick, solo fue sancionada 13 meses después a pagar la irrisoria suma de 300 UTM. La comunidad aún no entiende si la cantidad fue una multa o un permiso para secar las reservas de agua del último valle fértil del norte de Chile.
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