lunes, 13 de julio de 2009

La devastación

Valparaíso.- Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Chile están siendo contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de megaproyectos mineros, forestales y energéticos amenazan la existencia de numerosas comunidades. En el norte del país --donde viven los pueblos diaguita, atacameños, colla y aymara-- la gran minería estatal y privada contamina las aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.

Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), con el fin de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la "vulneración sistemática de derechos indígenas al agua que se presenta en Chile y otros países de la región andina", se exponen los graves daños asociados a "la implementación de un modelo sustentado en la explotación de recursos naturales".
Este informe fue preparado por los abogados Nancy Yáñez y José Aylwin. Su contenido no había sido divulgado por la prensa.
La importancia de este informe y de las materias que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129 periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007 en Asunción, Paraguay, recibió a la abogada Yáñez. Ella se refirió a la tragedia que viven las comunidades andinas fruto de la imposición del "modelo neoliberal" y de la extracción deliberada de recursos.
Yáñez sostuvo que en Chile "se promueve una economía de rápido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua, minerales, recursos marinos y forestales-- como commodities (mercancías sujetas a precios internacionales)". Afirmó que estas políticas fueron iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los gobiernos democráticos, los que han propiciado y profundizado ajustes estructurales de la legislación, para permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios que orientan el libre mercado".
Puso como ejemplo lo sucedido con el Código de Aguas de 1981 y el Código de Minería de 1982, de carácter marcadamente privatizador, que han sido refrendados por modificaciones legales realizadas en los últimos años que consolidan la orientación de estas normativas que, de paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.

La sequía provocada

La situación de apropiación del agua de los pueblos indígenas es particularmente grave en el norte de Chile, zona desértica que concentra el 38% de las reservas de cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser producido.
Entre los casos de vulneración de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, ese informe menciona la extracción de aguas subterráneas en el sector de Pampa Lagunilla por la Compañía Minera Cerro Colorado, de propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".
Además, se revela "la pérdida de los derechos de aguas indígena en la Cuenca del Río Loa a consecuencia de la monopolización y sobre explotación de los recursos hídricos por parte de las empresas mineras".
Menciona como las principales responsables de esta situación a la estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a empresas del grupo Luksic como: ESSAN S.A (sanitaria).
El poblado indígena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del río Loa casi ha desaparecido fruto de la abusiva explotación del agua: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.
Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos de indígenas, es la explotación de los Géiseres del Tatio –sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana– por parte de la Empresa Geotérmica S.A. El pasado 6 de junio un centenar de atacameños intentaron realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la Pacha Mama –madre tierra- por haberla desprotegido. Pero fueron impedidos por las fuerzas especiales de Carabineros.
A raíz de estos hechos, el Consejo Nacional Atacameño emitió, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el despojo de su agua". Además, sostiene que la citada prohibición "es un atentado a los derechos humanos, a la vida y a la cultura".
Mención aparte merece el proyecto minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation). Este implica la explotación de un yacimiento de oro y otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza, Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.
Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) en 2012. Por lo pronto, el río del mismo nombre ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoeléctricos, destinados a abastecer la actividad minera, complican aún más la situación de los pueblos indígenas y no indígenas del norte chileno. Nueve de ellos se emplazarían en las costas de la Región de Atacama y otros seis en la Región de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales de las termoeléctricas existentes en Tocopilla y Huasco han sido devastadores.

El sur también existe

El territorio ancestral mapuche, localizado en el centro sur de Chile, también está siendo gravemente afectado por la imposición del actual modelo de acumulación de riquezas. El responsable del principal daño ambiental y social es el sector forestal, cuya producción (aglomerados, celulosa, madera) ha crecido en modo exponencial en las últimas tres décadas. Mientras en 1980 este sector exportaba 254 mil dólares, en 2007 las ventas al exterior alcanzaron los 4.952 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Chile.
Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces mandatario de facto Augusto Pinochet dictó el Decreto Ley 701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un 75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos. Además, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes grupos económicos de viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras con plantaciones forestales.
Esto favoreció no sólo la concentración de la tierra y la riqueza, sino también una enorme expansión de los grupos beneficiados con estas políticas. Sólo dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco), tienen en conjunto tres millones de hectáreas de tierras. En contraste, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil.
Hoy cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde 1974 hasta ahora 2,5 millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la Región del Bío Bío y de la Frontera, en el corazón del histórico territorio mapuche. Esta expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional y las actividades de recolección de frutos y hierbas medicinales de los mapuches.
La contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas ha agravado el problema.
Tras la "pacificación de la Araucanía" –nombre con que la historiografía oficial denominó al proceso de ocupación militar del territorio mapuche (1861-1890), las comunidades fueron confinadas en reducciones. El territorio sobrante fue entregado a través de remates o donaciones a colonos chilenos y extranjeros –sobre todo alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a mapuches contra privados y el Estado, tiene su raíz en ese despojo.
El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunció "un incremento transitorio" en los subsidios –no precisó cifras-- que se otorgan a través del citado Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, planteó que lo hacía para "mitigar el desempleo provocado por el menor dinamismo de la economía mundial". Sostuvo, además, que esta medida apunta a aumentar en un 50% el área de monocultivo forestal en la próxima década. Esta medida fue rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches que desde hace tiempo han solicitando que se supriman estos subsidios.
Por otra parte, tres grupos económicos: las transnacionales Endesa (española), SN Power (noruega), además del grupo Matte, a través de Colbún S.A., planean construir ocho nuevas centrales hidroeléctricas en territorio mapuche. Lo hacen sin la requerida consulta y en contra de la voluntad indígena. El 28 de mayo pasado la COREMA de la Región de los Ríos aprobó la construcción de una Galería de Prospección, que es el primer paso para la construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, impulsada por Endesa España. El pasado 22 de octubre, en medio de una gran polémica, la misma COREMA había autorizado a la empresa Colbún una central sobre el Río San Pedro.
El más grande de los proyectos hidroeléctricos es la central Maqueo, que SN Power pretende construir en el hasta ahora casi virgen Lago Maihue, ubicado en la boscosa precordillera de la Región de los Ríos. El proyecto contempla una inversión de mil 500 millones de dólares, y considera una impresionante transformación del paisaje, además de una apropiación de los recursos hídricos que por centenares de años han resguardado la vida de sus habitantes.
El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue, Maihue y Carriñe marcharon nuevamente solicitando el fin de este proyecto, que está en fase de evaluación ambiental, y la devolución de las aguas adjudicadas a empresas transnacionales. Manifestaciones similares han realizado casi todas las comunidades afectadas por proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido escuchados.
Peor aún: el gobierno y el Ministerio Público han intentado vincular a los opositores a estos proyectos con organizaciones "terroristas".

Represión estatal

Amnistía Internacional (AI), en su informe anual dado a conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen denunciándose violaciones de derechos humanos".
En el primer examen periódico universal (EPU) realizado a Chile, realizado entre el 4 y el 15 de mayo pasado en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que en Chile persisten situaciones de discriminación que afectan a los pueblos originarios. Esto se expresa en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento sin consulta previa de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de una legislación antiterrorista para enfrentar su protesta social.
Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas destacan las que lo conminan a: dar protección jurídica a los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcación de sus territorios, e implementar medidas contra la discriminación, en especial en favor de las mujeres y niños indígenas.
El organismo de la ONU también pidió a Chile terminar con las prácticas de represión desmedida que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Además, se le pidió investigar los casos de arresto y deportación de periodistas y documentalistas que investigan la problemática que afecta a este pueblo.
Es necesario señalar que un porcentaje importante de las cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en conflicto con forestales, están vigiladas por destacamentos policiales fuertemente armados, que realizan continuos allanamientos y detenciones en las comunidades.
La complicada situación que afecta a los indígenas chilenos ameritó una visita a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El objetivo de dicha visita, según el mismo Anaya declaró al llegar a Santiago, fue "establecer un diálogo constructivo con las instituciones oficiales, los pueblos indígenas (…), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, así como de la implementación del Convenio 169 de la OIT".
El emisario de la ONU criticó –en entrevista con La Nación-- la parcialidad de la aplicación de justicia en Chile: "Esta combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche", expresó.
En 2003, Stavenhagen había realizado un duro diagnóstico de la realidad que viven los indígenas chilenos, apuntando como problemas centrales la criminalización de la protesta, la discriminación, la pobreza, la inexistencia de un reconocimiento constitucional y la no ratificación del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A mayor abundamiento, señaló que "los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos".
Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomendó agilizar la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de las comunidades indígenas, y tomar las medidas necesarias "para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales".
El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional más importante y efectivo de protección de derechos de los pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminación, a ser consultados respecto de los proyectos que se quieren realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutores validos, entre otros aspectos. Este Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrará en vigencia plena el próximo 15 de septiembre.
Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y energéticos que pretenden emplazar en "aéreas de desarrollo indígena". El gobierno intentó detener el alcance de este Convenio a través de una declaración interpretativa –que se le quiso incrustar al momento de ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que supeditaba el Convenio 169 a la legislación chilena. Esto, en caso de situaciones de conflicto de interpretación legales que se generaran fruto de su próxima aplicación.
José Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia e impulsor de esta medida, desistió ante el rechazo que esto provocó entre los indígenas y la propia OIT.
En la actualidad, tanto el gobierno como la oposición de derecha, se empeñan en aprobar un proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento de los pueblos indígenas" que es fuertemente rechazado por las principales organizaciones de pueblos originarios. Estas han calificado este proyecto como de "desconocimiento de los pueblos". El Senado aprobó el 7 de abril, en su primer trámite constitucional, dicha reforma constitucional.
La Mesa de Trabajo Mapuche, que reúne a un importante número de organizaciones, dirigentes y comunicadores de este pueblo, emitió una declaración el pasado 8 de mayo en la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional "no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile y tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los derechos indígenas".
Cuestionan el hecho que no se les considerara en la gestación de este proyecto y que se abriera una consulta a la que le restan validez. El propio relator Anaya cuestionó el hecho que se abriera un proceso de consultas después de que el Senado haya aprobado en su primer trámite el proyecto. También criticó el corto tiempo que se dedicará a esta consulta y el hecho de que no haya representantes indígenas en la formulación y procesamiento de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma constitucional.
Más duro aún con esta normativa fue Bartolomé Clavero, quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Afirmó que reforma constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos Indígenas; que esta reforma "que en teoría viene a reconocer de una vez en Chile a los pueblos indígenas, intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan derechos y también para cancelar de paso algún derecho tan importante como el de propiedad comunitaria sobre las aguas".
En entrevista con Apro, Nancy Yáñez afirmó que "la situación de los pueblos indígenas (en Chile) es particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los derechos de las comunidades indígenas sino que, por el contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes de los inversores".
Yáñez estima que los últimos gobiernos en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y por esa vía las comunidades indígenas están siendo desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de la sobrexplotación industrial, pero además por la contaminación que estos proyectos generan".

Publicado por El Clarin, 13 de julio de 2009

viernes, 10 de julio de 2009

Honduras : golpe de Estado Resolución del Buró internacional de la FIDH

El Buró internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunido los 3, 4 y 5 de julio de 2009 en París, compuesto por su Presidenta, Souhayr Belhassen, el tesorero, sus quince vicepresidentes, sus secretarios generales, sus Presidentes de Honor, su Director Ejecutivo así como sus secretarios generales adjuntos adopta la resolución siguiente:

Considerando el golpe de Estado civico-militar, encabezado por el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, llevado a cabo el 28 de junio de 2009 en Tegucigalpa, contra el Señor Manuel Zelaya, Presidente democráticamente electo por el pueblo hondureño;

Considerando el secuestro y expulsion del Presidente Manuel Zelaya a Costa Rica por el Ejército y otras detenciones arbitrarias y ordenes de arresto contra simpatizantes y miembros del gobierno depuesto;

Considerando que este quebrantamiento del orden constitucional, vulnerando el orden democratico y de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, afecta no solamente al pueblo hondureño, sino que produce efectos de desestabilización en toda la región que recuerda a toda América Latina algunos de los capítulos más oprobiosos de su historia reciente, y teme que este golpe de Estado pueda constituir un precedente peligroso para la región en su conjunto;

Considerando las denuncias de represión violenta de manifestaciones a favor del Presidente Zelaya, las violaciones a las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión que se ha concretado en la suspensión de varios medios de comunicación y agresiones a periodistas, violando el derecho a informar y ser informado del pueblo hondureno;

Considerando el Estado de Sitio adoptado por las autoridades de facto en Honduras, mediante el cual se suspenden derechos fundamentales tales como la libertad personal, permitiendo la detención e incomunicación por más de 24 horas, la libertad de asociación y de reunión, y el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio de Honduras (fuente: CIDH, 3 de julio de 2009);

El Buró Internacional de la FIDH:

Reivindica la condena unanime de la comunidad internacional y el llamado para que se reintegre al presidente Zelaya en el ejercicio constitucional de sus funciones.

Manifiesta su preocupacion porque las gestiones del Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza, durante su visita a Honduras el 3 de julio, no prosperaron y, afirmó que “la ruptura constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir la situación”, lo que ha originado la expulsion de Honduras de la OEA.

Exige que cese la represion, se restablezca las libertades y garantias constitucionales, se ordene la inmediata e incondicional libertad de todas las personas que hayan sido detenidas, se suspendan las órdenes de captura como consecuencia del golpe de Estado.

Manifiesta su solidaridad y apoyo al pueblo hondureño, en particular a los defensores y defensoras de derechos humanos, exigiendo las garantias y respeto a su ejercicio conforme a la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los defesores de derechos humanos.

Finalmente, pide a la comunidad internacional que utilice todos los mecanismos diplomáticos de los cuales dispone, de conformidad con el derecho internacional, para que sea restablecido el orden constitucional en Honduras.

La Presidenta Souhayr BELHASSEN

Contacto : Karine Appy + 33 6 48 05 91 57

http://www.fidh.org/Honduras-golpe-de-Estado

jueves, 2 de julio de 2009

El miedo a la soberanía popular en Honduras: historia conocida

La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato históricamente confirmado que - con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973- los conspiradores civiles y militares evitaron que el presidente Allende convocara a un plebiscito, que sería anunciado ese mismo día.

Por Por Gustavo Ruz Zañartu y Roberto Garretón Merino*

Un golpe de estado depuso el domingo al Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya. El Ejército asaltó a balazos su residencia, lo sacó del país e impidió la realización de una consulta democrática, pacífica y no vinculante, que permitía a todos los hondureños opinar acerca de la conveniencia de plebiscitar, en el marco de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del 29 de noviembre próximo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Acto seguido, los golpistas presentaron al Parlamento una fraudulenta carta renuncia del presidente, que sirvió de pretexto para la nominación de un sucesor.

Políticos y empresarios que en el pasado fueron el principal sostén de las dictaduras que oprimieron al pueblo hondureño, constituyen el núcleo duro de esta asonada antidemocrática. Han declarado el estado de sitio e iniciado una feroz represión contra la mayoría ciudadana que respalda al Presidente Zelaya.

Una vez más, lo que en realidad aterra a los poderes fácticos de Honduras y de toda América Latina, es que se consulte, escuche y respete la voluntad del pueblo.

La afirmación que el presidente Zelaya buscara su reelección no es sino una mentira, fórmula histórica de todos los golpes contra las democracias por casi 200 años en Latinoamérica.

En el caso de respuesta positiva a la consulta -que debía realizarse el 28-6-09-, se realizaría un plebiscito paralelo a las próximas elecciones ordinarias – convocadas para el 29 de noviembre de 2009- en el que los hondureños tomarían la decisión soberana de convocar o NO a una Asamblea Constituyente, la que se instalaría después del término del actual período constitucional. Por lo tanto, las resoluciones parlamentarias y judiciales que declararon la consulta como “ilegal” e “inconstitucional” no tienen sentido alguno. Siempre un presidente puede consultar informalmente a su pueblo, aunque las respuestas no fuesen obligatorias (“no vinculantes”) hasta que sean adoptadas por los procedimientos constitucionales.

En el acto previsto para el domingo pasado ni se imponía una Constitución sin discusión (fórmula Pinochet), ni se elegía una Asamblea Constituyente. Sólo se consultaba la voluntad popular sobre posibilidad de plebiscitarla.

La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato históricamente confirmado que - con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973- los conspiradores civiles y militares evitaron que el presidente Allende convocara a un plebiscito, que sería anunciado ese mismo día.

La Constitución vigente en Honduras es tan ilegítima como la chilena. Fue impuesta el 21 de enero de 1982, durante la dictadura del General Policarpo Paz García, quien había usurpado el poder en 1978. Una semana después entregó la Presidencia al civil Roberto Suazo Córdova y el poder efectivo al General Gustavo Adolfo Álvarez. Ambas Constituciones consagran posibilidades de plebiscitos, pero en condiciones y en circunstancias tan limitadas, que lo hacen imposible.

Siguiendo a la de Pinochet, la Constitución hondureña hace prácticamente imposible su reforma, pues no sólo exige quórum tan altos como la chilena, sino que –además- algunas de sus disposiciones no pueden ser modificadas ni aún por consenso unánime del parlamento ni de todos los ciudadanos. Dentro de las normas que “no podrán modificarse, en ningún caso” (artículo 374) se cuentan aquellas relativas a los procedimientos para su reforma y la que prohíbe que un ciudadano que ha ejercido la Presidencia de la República postule para el período siguiente o para cualquier otro.

En la redacción de ambas constituciones no participó ningún demócrata y el intento fue mantener instituciones anacrónicas y antidemocráticas. Policarpo Paz y Augusto Pinochet son los constituyentes únicos y perpetuos de sus pueblos.

En las condiciones descritas, la consulta que el Presidente Zelaya hizo al pueblo es plenamente legítima. No atenta contra precepto alguno de la cuestionada constitución; es profundamente democrática, pues sólo persigue escuchar al pueblo en un tema vital para su destino, como es su Carta Fundamental. El procedimiento de consulta informal utilizado por el Presidente Zelaya en nada difiere del que convocaron los estudiantes colombianos, consistente en incluir -en el marco de las elecciones generales del 11 de marzo de 1990-, una papeleta adicional consultando sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La gran cantidad de estas papeletas forzó al Presidente Barco a llamar una consulta el 27 de mayo del mismo año, en el que el 87% del electorado votó por el Sí a una Asamblea de este rango.

El Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile ha convocado a la ciudadanía para que manifieste su voluntad democrática en las elecciones de Presidente, senadores y diputados de diciembre próximo, oportunidad en que cada elector puede anotar las palabras ASAMBLEA CONSTITUYENTE en la misma cedula en que vote por el candidato de su preferencia. Conforme a lo dispuesto en los artículos 65, 71 y 72 de la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y Escrutinios, esas cédulas son válidas y las preferencias del elector son respetadas. Este procedimiento, junto a todas las múltiples iniciativas de difusión y movilización que realicen los chilenos dentro y fuera del país, demostrará que existe una clara mayoría de ciudadanos que no acepta arrastrar la vergüenza histórica de continuar -por más de cuarenta años– sometidos a un Bando que en 1980 emitieron cuatro generales con el
nombre eufemístico de “Constitución Política del Estado”.

De esta forma sumamos nuestras voces a la comunidad internacional que se solidariza con el Presidente Zelaya y exige su inmediata e incondicional restitución en el cargo, así como el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este nuevo y abominable crimen perpetrado contra el pueblo hondureño.

*Gustavo Ruz Zañartu y Roberto Garretón Merino integran el Comité de Iniciativa para una Asamblea Constituyente.

miércoles, 1 de julio de 2009

Invitación Homenaje a Salvador Allende

Conmemoración Salvador Allende Gossens

100 años mil sueños



Comunal Laurita Allende - PSCh España

Juventudes Socialistas de Chamberí

"Pienso que el hombre del siglo XXI debe ser un hombre con una concepción distinta, con otra escala de valores, un hombre que no sea movido esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que piense que existe para la fortuna una medida distinta, en la cual la inteligencia sea la gran fuerza creadora”. S. Allende


Presenta Secretario General de las Juventudes de Chamberí.
Saludo de la Vicepresidenta del Comunal Laurita Allende

Proyección Documental sobre S. Allende

Lautaro Contreras Aguilera
Partido Socialista de Chile



Viernes 3 de julio a las 20 hrs
Agrupación Socialista de Chamberí
C/ Guzmán el Bueno 62 - 64
Linea 7 -Metro Isla Filipinas