martes, 27 de julio de 2010

CARTA ABIERTA

A la comunidad nacional e internacional, a las autoridades del Gobierno en Chile y al Presidente de la República , Sr. Sebastián Piñera.

Sr. Presidente:

La iniciativa de esta carta corresponde a mujeres que fuimos detenidas por los servicios secretos, torturadas y encarceladas, sin tener ningún acceso a la justicia chilena que debió haber velado por nuestros derechos, la mayoría somos también testigos de asesinatos y desaparición de muchas de las personas detenidas junto a nosotras. 

Debido a que fuimos vulneradas en nuestros derechos más elementales y objeto de delitos de lesa humanidad, consideramos que debemos ser consultadas con respecto a las propuestas relativas a los indultos. A continuación entregamos nuestra opinión sobre los planteamientos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

Durante la dictadura militar en Chile, diferentes organismos  represivos estatales cometieron delitos que,  de acuerdo a la jurisprudencia internacional, son considerados crímenes contra la humanidad. El Estado Chileno ha suscrito tratados internacionales que penalizan y declaran imprescriptibles estos delitos. La Comisión Rettig y la ComisiónValech precisaron algunos de ellos, entre los que se señalan el asesinato, la desaparición y la tortura.  
Chile ha vivido por largo tiempo en la impunidad de esos crímenes, y fue la acción de la justicia internacional, con la detención de Augusto Pinochet en Londres, la que presionó a las autoridades políticas y judiciales chilenas a actuar, reabriendo causas que estaban cerradas en las cortes, acogiendo querellas que antes habían sido rechazadas o simplemente archivadas. La lentitud de los procesos se debe a que los civiles y militares responsables de estos delitos no han colaborado con la justicia, por el contrario, han boicoteado y ocultado la informacion que hubiese ayudado a aclarar el destino de la mayoría de las personas desaparecidas. 

A fines de mayo del 2010 hay 322 causas activas por desapariciones, asesinatos, inhumación ilegal o asociación ilícita cometidas durante la dictadura, lo que equivale, aproximádamente, al 34% de los casos, pero sólo el 6% tienen sentencias confirmadas. El 60% de las personas desaparecidas y ejecutadas no tienen causas en curso. Esta información es en relación a las más de 3100 personas reconocidas por la Comisión Rettig. Se puede afirmar que la responsabilidad de muchas de las ejecuciones y montajes para ocultar esos hechos no ha sido establecida. 
Sobre los casos reconocidos por la Comisión Valech (cerca de 30 mil hasta este momento), los juicios por tortura prácticamente no han empezado, en otras palabras los militares y civiles responsables de este delito no han respondido frente al Estado por sus crímenes
De 782 ex agentes procesados hay 210 que tienen sentencias ratificadas por la Corte Suprema. 145 de ellos han recibido algún tipo de beneficio como reducción de pena o libertad vigilada. En este momento hay sólo 64 recluidos cumpliendo condenas y cerca de 47 están en Punta Peuco

Ante la solicitud de clemencia solicitada por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal a los violadores de DDHH  señalamos que:

a) Por las características de los delitos y en razón de los diferentes tratados suscritos por Chile, que representan los avances de la comunidad internacional para protegerse de las leyes locales dictadas por gobiernos, que intentan dejar impune la violencia política ejercida contra los miembros de sus sociedades, el indulto a violadores de DDHH es una propuesta injustificable.

b) Los militares encarcelados gozan de beneficios especiales, y no sufren problemas de hacinamiento, que es la preocupación que señala el Episcopado.

c) Los criminales de lesa humanidad niegan información del destino de los detenidos y detenidas desaparecidas, sometiendo a la comunidad al trauma permanente que implica el desconocimiento sobre las condiciones de desaparición de sus seres queridos. Los responsables de estos crímenes siguen actuando por medio del ocultamiento de la información.

d) Son un peligro para la sociedad, puesto que perpetúan sus delitos al continuar obstaculizando a la justicia en forma sistemática, impidiendo determinar las responsabiliades en la ejecución de delitos, desafiando a las instituciones democráticas y debilitando la confianza de de la ciudadanía.

e) La aplicación del indulto a los violadores de DDHH sería en la práctica aplicar bajo cuerda la amnistía a crímenes contra la humanidad . Nadie debe volver a estar por encima de la legislacion internacional que el Estado Chileno ha ratificado. 

f) La aplicación del indulto sería un retroceso de los logros democráticos y una expresión de autoritarismo, así como un golpe desleal al esfuerzo realizado por las asociaciones de familiares, por los sobrevivientes y por el conjunto de la sociedad civil dentro y fuera de Chile, en que las denuncias y reclamaciones de esclarecimientos de estos crímenes han sido el único medio para recuperar las bases de justicia en que nuestra sociedad merece vivir.

Por estas razones rechazamos la solicitud de indulto para los criminales de DDHH presentada por el Episcopado. Ante nuestros ojos esta entidad eclesiástica se ha deslegitimado al transformarse en portavoz de la impunidad que tanto daño hace a la convivencia democrática del país.

 Lamentamos que a la “mesa para todos” propuesta por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, se hayan incorporado a los violadores de los DDHH pero se dejó afuera a los presos políticos mapuche, quienes han iniciado una huelga de hambre para reivindicar los derechos, que las autoridades de la Iglesia Católica y el Estado Chileno han olvidado en este Bicentenario.




Si adhieres a esta carta, escribe un correo a :

noalindulto@yahoo.com

Escribe tu nombre y el país donde resides actualmnete. Por favor especifica si fuiste prisionera.
Haz circular esta carta entre tus contactos.

sábado, 17 de julio de 2010

Con huelga de hambre presos políticos mapuche exigen a Piñera el fin de la ley antiterrorista.


por Lucía Sepúlveda Ruiz
  
El lunes 12 de julio más de una veintena de presos políticos mapuche encarcelados en Concepción y Temuco, comenzaron una huelga de hambre líquida, emplazando al gobierno del Presidente Sebastián Piñeira a abordar su situación, "tal como lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia Cubana", tema que ha ocupado grandes espacios en la prensa chilena.

Siete de los presos en la cárcel El Manzano de Concepción están siendo juzgados simultáneamente por la justicia civil y la militar, en clara vulneración de sus derechos. Su decisión es un llamado a visibilizar los montajes de los que han sido objeto, según acusan, a través de los fiscales y la policía con la colaboración de la prensa. Alegan que se les ha condenado en forma anticipada a través de los medios, que los sindican como terroristas aunque ninguno de ellos ha estado involucrado en hechos de sangre. Todos los imputados han participado en acciones ligadas a recuperación de tierras ancestrales.
Existe un total de 57  presos políticos mapuche en la actualidad (incluyendo 2 mujeres y 2 menores de edad), repartidos en cárceles ubicadas en Concepción (El Manzano), Lebu, Los Angeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el Centro de Reclusión de Menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96, según el informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.

Demandas de los huelguistas
Las demandas de los presos en Concepción y Temuco se centran en el fin de la ley antiterrorista creada por Pinochet y de la justicia militar, ambas legislaciones utilizadas hoy contra los mapuche; libertad a todos los presos políticos mapuche encarcelados a lo largo de Chile y derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, sin tortura ni extorsión. Se manifiestan finalmente por la desmilitarización de las comunidades y zonas mapuche constantemente allanadas por reivindicar derechos políticos y territoriales.
Por la utilización de la justicia militar, Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Caso Palamara), en tanto que organismos dependientes de Naciones Unidas han representado al gobierno chileno en diversas oportunidades la inconveniencia de aplicar la legislación antiterrorista a la lucha social. Los informes de los relatores especiales han sido claros al respecto, pero el Estado chileno hasta ahora no cumple las recomendaciones formuladas por esas instancias.

Jueza Roa y abogado Schneider
Desde Temuco, a las demandas ya citadas, los presos políticos agregan en un comunicado público que exigen la inhabilidad de la jueza del tribunal de Lautaro, doña Haydee Roa, "por sus conocidos compromisos con el poder político y latifundistas de la zona que la llevan a cometer arbitrariedades". Los prisioneros denuncian que la magistrado "persiste en su actuar injusto y racista" pese a haber sido amonestada de oficio por la corte de Apelaciones de Temuco.
También postulan la inhabilidad del abogado querellante de la intendencia, Alexander Schneider Oyanedel, por actuar simultáneamente como defensor público y como querellante en el atentado al fundo San Leandro de Lautaro, uno de los hechos de los que se acusa a los imputados.

Ellos demandan asimismo "el encarcelamiento inmediato de los testigos protegidos", por estar confesos de delitos investigados por la fiscalía. Los presos políticos llaman "a nuestro pueblo Mapuche, al pueblo chileno y a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo" a solidarizar con sus reivindicaciones.

En Cañete
53 testigos sin rostro se preparaban para declarar contra los prisioneros políticos en el juicio a realizarse en Cañete, ligado al 
proceso de recuperación territorial de Puerto Choque, varias veces diferido (la última fecha conocida era junio) lo que mantiene en prisión por cerca de dos años a algunos de los imputados. La Corte de Apelaciones de Concepción había confirmado recientemente a John Landeros Salgado como el juez encargado de la preparación del juicio oral, considerado un “mega juicio” por la cantidad de imputados (23 en total) y la gravedad de las penas solicitadas. En ese juicio los abogados defensores se aprestan a exigir la entrega de los nombres de los testigos protegidos que inculpan a sus defendidos.

Estos comuneros enfrentan posibles condenas que van de los 103 a los 30 años de cárcel. Hay diversos precedentes anteriores en que luchadores sociales mapuche han sido condenados a través de testimonios de testigos sin rostro, aunque existen también algunas excepciones recientes en que los jueces se han negado a considerar como válidas ese tipo de declaraciones y pruebas. El werkén (mensajero) de la comunidad Newen Mapu, José Pedro Millacheo, acusado de incendiar un camión forestal en el sector rural de San Ramón, localidad de Pidima, fue absuelto el 7 de julio en un juicio oral en Angol, luego de dos años de persecución que incluyeron un período de clandestinidad y en total, casi un año de prisión. El tribunal desestimó la prueba rendida por un testigo protegido.
En declaración pública, por su parte, los familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Manzano (Concepción) sostuvieron: “Denunciamos  que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos  miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y  racismo que aun prevalece en este país…. nuestros familiares están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de  grandes intereses económicos de los latifundistas, de los dueños de las compañías hidroeléctricas, mineras y forestales, lo que hace muy difícil nuestra tarea,  pues estamos en total desigualdad de condiciones.”  Previo a la huelga de hambre, los familiares habían solicitado la presencia  de observadores que contribuyeran  a trasparentar esta última etapa del proceso judicial y a  lograr “estándares adecuados que permitan al pueblo mapuche igualdad de condiciones ante la ley frente a un sistema que los propios chilenos nos han impuesto” .
-- 
Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com