Ginebra-París, 28 de marzo de 2012.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condena vehementemente el asesinato del Sr. Manuel Ruíz y el probable
asesinato de su hijo, y reitera la necesidad de proteger a los defensores de las
comunidades desplazadas, particularmente en sus labores por la restitución de
tierras.
El 27 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo sin vida del Sr. Manuel Ruíz, líder de
restitución de tierras de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó
y miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, Carmen del
Darién, Departamento del Chocó, buscado junto con su hijo, Samir de Jesús Ruíz Gallo,
de 15 años, desde su desaparición el pasado 23 de marzo. Sus restos fueron
identificados por familiares, hoy 28 de marzo. También hoy, se halló otro cuerpo en el
sitio conocido como Cañaduzales. Estos restos sin vida podrían ser los de Samir de
Jesús Ruíz Gallo.
El 23 de marzo de 2012, el Sr. Manuel Ruíz y su hijo fueron retenidos por paramilitares,
supuestamente miembros de las “Águilas Negras”. El Sr. Manuel Ruíz se comunicó con
su familia informando de que habían sido obligados a descender del vehículo en el punto
conocido como “El Basurero”, cerca del puente del Río Sucio, y que les exigían 2
millones de pesos para dejarlos en libertad.
Antes de estos incidentes, el Sr. Manuel Ruiz y su hijo habían sido abordados y retenidos
en Mutatá por efectivos policiales.
Más tarde, el mismo día, se conoció que los paramilitares, entre ellos, el Sr. José de
Jesús Moya Asprilla, apodado el “Cucho”, afirmaron a familiares de las víctimas que el
Sr. Manuel Ruíz y su hijo Samir de Jesús habían sido asesinados y sus cuerpos
arrojados debajo del puente de Río Sucio.
El Observatorio destaca que el Sr. Manuel Ruíz, el día siguiente a su desaparición, tenía
que guiar a las autoridades gubernamentales en la inspección, en cumplimiento del Auto
de la Corte Constitucional A-045 de 7 de marzo de 2012, del área conocida como “Los
Piscingos”, ocupada de mala fe por empresarios desde 1996 luego de operaciones
paramilitares. En este contexto, cabe mencionar que el Sr. Manuel Ruíz era uno de los
38 integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó que se
encuentran amenazados de muerte por paramilitares. En este contexto, según las
informaciones recibidas, el Sr. Manuel Ruíz había recibido amenazas debido a la
reclamación de tierras de empresarios poseedores de mala fe, concretamente de los
Sres. Victor Ríos, Fabian Ríos y Carlos Ríos, a través de sus administradores conocidos
como el “Viyo” y el Sr. Leonel Holguín Suescún. A pesar de que el Sr. Manuel Ruíz había
solicitado medidas de protección de los programas de protección del Gobierno, las
autoridades competentes sólo le habían brindado un celular.
De acuerdo con las informaciones recibidas, a pesar de la activación institucional del
Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas, ninguna autoridad civil se ha
movilizado con prontitud a la región para acceder a los lugares donde se sospechaba que
podían estar los restos de los desaparecidos. Así, la carga de la búsqueda ha quedado
en miembros de la familia e integrantes del Consejo Comunitario que habitan en las
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó.
“Condenamos rotundamente el asesinato del Sr. Manuel Ruíz y el probable asesinato de
su hijo Samir de Jesús Ruíz Gallo y tememos que estos execrables y brutales hechos
estén vinculados a las actividades del Sr. Manuel Ruíz en defensa de los derechos de las
comunidades desplazadas y por la restitución de tierras", ha dicho Gerald Staberock,
Secretario General de la OMCT. “Asimismo recordamos que la labor de los líderes de la
población desplazada por la devolución de sus tierras es de alto riesgo debido a una
situación sistemática de amenazas, agresiones y asesinatos en su contra como
represalia a sus actividades de defensa de los derechos humanos”.
“Exigimos que se tomen de manera inmediata las medidas más apropiadas para
garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores y defensoras
de la población desplazada y de los demás defensores de derechos humanos en
Colombia, así como realizar una investigación independiente tendente a identificar y
sancionar a los responsables", ha agregado Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.
“La omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales,
departamentales y nacionales para prevenir hechos como estos, así como la falta de
persecución penal de los responsables, genera la consecuente responsabilidad por parte
del Estado colombiano”.
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· FIDH: Karine Appy, Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18
