jueves, 31 de marzo de 2011

Adhiérete a la campaña denunciando la situación del Sáhara Occidental

Estimados amig@s,
La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha iniciado una campaña de denuncia de la dramática situación que el Sáhara Occidental lleva atravesando desde hace ya décadas.
Concretamente, se ha dirigido una carta al Presidente del Gobierno en la que se exige la denuncia de los "Acuerdos de Madrid”, la restitución de la nacionalidad española a los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, y la entrega a las Naciones Unidas de las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora, con la consiguiente realización del referéndum de autodeterminación que haga efectiva la descolonización del Territorio No Autónomo.
Os informaremos puntualmente de las acciones de la entrega de dicho documento (con registro de entrada) ante el Congreso de los Diputados, para que os suméis al mismo.
Vuestra adhesión a título individual o como organización a las demandas del texto, son de vital importancia a estos efectos, pudiendo realizarlo en el siguiente enlace: http://www.apdhe.org/campa.htm, donde tendréis acceso al texto íntegro de la carta. También os rogamos le déis la mayor difusión posible entre vuestros contactos y  páginas web.
Un cordial saludo,
-- 
APDHE
 

domingo, 27 de marzo de 2011

La ONU denuncia impunidad en los más de 27.000 casos de desapariciones forzosas que investiga Colombia

El alto comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Christian Salazar, ha expresado su preocupación por la impunidad que existe en torno a los 27.300 casos de desapariciones forzosas que investiga la Fiscalía de ese país y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Juan Manuel Santos a fortalecer a las organizaciones judiciales para procesar a los responsables de estos delitos.

El 40 por ciento de los casos de desapariciones forzosas se concentra en las ciudades de Medellín, en el departamento de Antioquia (norte); y Villavicencio, en Meta (centro). Tan solo en la primera localidad las autoridades tienen conocimiento de 4.938 personas que se mantienen desaparecidas, mientras que en la segunda se tienen registro de 4.238 hechos de este tipo.

En los cementerios del departamento de Meta hay enterrados más de 1.300 cadáveres de personas que no han podido ser identificadas y que, posiblemente, fueron víctimas de desapariciones forzosas perpetradas por grupos armados y bandas criminales.

La ONU ha denunciado que el alto grado de impunidad que pesa sobre este tipo de crímenes en esa nación sudamericana, que desde hace más de cuatro décadas ha estado asediada por un conflicto armado que ha dejado miles de muertos.

Salazar ha dado a conocer estos datos durante la apertura de la nueva Unidad Nacional de Fiscalías contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzados, que trabajará cpn el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Embajada británica en Bogotá, según han informado medios locales.

jueves, 24 de marzo de 2011

Convocatoria - Acto Cívico Laicista en Madrid

ACTO POR UNA UNIVERSIDAD LAICA Y SIN PRIVILEGIOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA

REPRESENTANTES DEL MUNDO DE LA CULTURA, LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES, Y COLECTIVOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

EL TEÓLOGO, JUAN JOSÉ TAMAYO; EL ESCRITOR, ISAAC ROSA O EL ACTOR WILLY TOLEDO ENTRE LOS PARTICIPANTES

Mañana viernes, a las seis de la tarde, se va a celebrar un acto por la defensa de una universidad laica y sin privilegios para la Iglesia católica. En él van a participar teólogos, catedráticos, decenas de profesores universitarios, estudiantes, escritores, actores…

Tras la protesta de un grupo de estudiantes en una capilla de la Universidad Complutense de Madrid y la detención en sus domicilios de cuatro alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, se ha iniciado una campaña por una universidad laica, donde la iglesia católica no disfrute de privilegios.

Cientos de profesores universitarios han firmado un manifiesto en el que se reclama: Que la presencia de capillas y otros símbolos de poder religioso en las instituciones educativas públicas no responde a la satisfacción del derecho a la libertad de culto, sino a un privilegio de la Iglesia Católica”; y añade que: “el convenio entre el ex Rector Villapalos y el Arzobispado de Madrid que otorga a este último la gestión exclusiva de las capillas de la UCM debe ser revocado en defensa del principio de aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución”.

El acto que se celebra el viernes 25 de marzo, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid.

sábado, 5 de marzo de 2011

Ecologistas en alerta ante posibles proyectos mineros en Parque Nacional Lauca

Macarena Scheuch
lauca


El gobierno se apresta a iniciar la desafectación del Parque Nacional Lauca, tal como lo anunciara el Presidente Sebastián Piñera el año pasado. Organizaciones locales se mantienen en estado de alerta ante la defensa de un parque protegido bajo convenios internacionales.

Un nuevo conflicto ambiental está por enfrentar el gobierno cuando haga pública, próximamente, la propuesta de desafectación del Parque Nacional Lauca en la región de Arica y Parinacota.

Hace ocho meses el Presidente Sebastián Piñera anunció que entre 5 y 15 por ciento de la superficie del parque sería desafectado para favorecer la actividad minera de cobre, oro y plata en la zona, que podría generar una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares.

De hecho, ya se habla de que estarían interesadas en explotar el área empresas como Codelco, BHP y Angloamerican y ya hay tres proyectos con resolución de calificación ambiental (RCA) para iniciar exploraciones.

Luis Vega, integrante de la Red Ambiental del Norte, enfatizó que hay malestar entre las comunidades de la zona por este y otros proyectos que no son consultados con los propios afectados. “La Red Ambiental del Norte se opone a todos los proyectos que afecten el Medioambiente sin consultar a la ciudadanía. Este gobierno le ha entregado el control ambiental a las empresas sin que el Estado tenga injerencia sobre ello, dejando con todo el poder a las grandes empresas transnacionales que están operando en el país” declaró.

Por su parte Vilma Castro, de la comunidad de Surire, sostuvo que la desafectación implica un terrible atentado al medio ambiente y subrayó que la única comunidad que está a favor de esta medida, por motivos económicos, es Juan de Dios Aranda, de Putre, quienes en su mayoría viven en Santiago y no tienen apego por la tierra.

Vilma Castro planteó que las agrupaciones seguirán organizándose para manifestar su descontento, quien señala que “el agua está en juego porque al entrar la minería se arrasa con la naturaleza. Estamos organizados para hacer frente y sabemos que no será fácil, las leyes internacionales están siendo vulneradas, el parque Lauca está protegido por la convención de Washington y el salar de Surire tiene protección internacional, la cual no está siendo respetada”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, insistió en que esta situación contraviene la legislación nacional y compromisos internacionales, quien criticó la inexistente sensibilidad ambiental del gobierno.

El ambientalista alertó sobre los antecedentes de las mineras que pretenden iniciar sus actividades en la zona desafectada al subrayar que “estamos hablando de empresas que tienen un alto prontuario ambiental. Está la empresa Southern Copper que tiene operaciones en Perú y que es responsable de uno de los mayores desastres ecológicos mineros, como lo es la intoxicación de la bahía de Itev y que también tiene conflictos en Arequipa y la frontera con Chile, estamos hablando de empresas con pésimos antecedentes”.

Luego del estudio jurídico del Ministerio de Minería la decisión estaría en manos de la Secretaría General de la Presidencia.


radio uchile

jueves, 3 de marzo de 2011

Defensores de DDHH que observan y documentan las redadas racistas en Madrid sancionados por el gobierno

La Delegación de Gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en brigadas por observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico “no español”.

Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos | 2-3-2011 a las 19:12


DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE OBSERVAN Y DOCUMENTAN LAS REDADAS RACISTAS EN MADRID SANCIONADOS POR EL GOBIERNO

En Madrid, a 2 de marzo de 2011.
Desde hace más de un año vecinos y vecinas de Madrid, defensores de los Derechos Humanos, organizados en las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos realizan la función de observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico “no español”.

La Delegación de Gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en brigadas por realizar esta actividad.

Nos dirigimos a su medio para denunciar el atentado a los Derechos Fundamentales de libertad de reunión, de opinión, de información y de expresión que la apertura del expediente conlleva y la flagrante arbitrariedad de las fuerzas del orden.


NOTA DE PRENSA
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos:

El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole eventualmente discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales.

La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificados en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” pese a que no hubo ninguna reacción del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de laslibertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales.

Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de los derechos humanos.


LA POLICÍA ACOSA Y EL GOBIERNO INTIMIDA A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1º.- Las participantes en las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, realizamos una actividad plenamente legal y amparada tanto por la Constitución como por la legislación ordinaria[1]:

2º- Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (incluidas las personas a las que se pretende sancionar) venimos desarrollando una labor de observación y documentación de las actuaciones policiales en la vía pública, más concretamente, en lo relativo a los controles de identificación, cacheos y detención de personas en función de sus rasgos físicos. Estos controles son una práctica desgraciadamente habitual, denunciada por el IV informe Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. La labor realizada por las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (en adelante BVODH) tiene entre sus objetivos poner en conocimiento de la jurisdicción penal, la Fiscalía, la Defensora del Pueblo, y organismos internacionales estas prácticas policiales y los eventuales malos tratos físicos o psicológicos sufridos por las personas sometidas a procesos de identificación.

En la práctica cotidiana de las BVODH, hemos aprendido que aquí también hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, hemos ido aprendiendo un significado bien directo y material de la defensa de los derechos humanos. Los grupos de brigadas no van allí donde hay jaleo, no se encuentran de manera mágica con más controles de identidad -a personas por su aspecto extranjero-, ni más redadas policiales en plazas y comercios que el resto de la ciudadanía. Las participantes en las BVODH hacemos uso de las mismas capacidades y ponemos en práctica los mismos hábitos que cualquier ciudadana: salimos a la calle y permanecemos en ella algunas horas. En estos momentos en Madrid, no hace falta proveerse de ningún sismógrafo, ni radio policial, ni ninguna otra sofisticada tecnología, para encontrarse en la calle con controles o redadas de identificación a personas por su perfil étnico.

Quienes participamos en las BVODH no sólo vamos allí donde hemos visto u oído hablar de controles y redadas, sobre todo vamos a “cualquier sitio”. En estas condiciones, hemos ido aprendiendo que aquí, defender los derechos humanos, significa primero estar en esos lugares en los que cualquiera ya está y permanecer en ellos y no mirar hacia otro lado cuando los derechos de alguna persona están siendo violados. Se trata del espacio público, los controles y redadas tienen lugar a la vista de todas. La policía recorre los barrios en los que vivimos exigiendo la documentación a cualquier persona que responda a una apariencia que denote ser de “otro país” y de “clase obrera” o, simplemente, “pobre”.

Nos encontramos ante una situación muy grave: se regula los movimientos de las personas entre países en base a unos criterios económicos que nadie nos ha consultado, Sin ningún motivo que apele a la razón, sólo apoyado en la difusión de rumores propagandísticos relativos a la criminalización de las personas, el miedo y la inseguridad, confundiendo imaginarios privilegios con los derechos de cualquier persona. Así, en base a una determinada concepción de la “gestión económica” se organiza con recursos públicos, por un lado, un entramado burocrático que dificulta hasta hacerla casi imposible la obtención de permisos de residencia y trabajo, por otro, la persecución, reclusión y eventualmente expulsión de todas aquellas personas que caen bajo el perfil de “extranjera y pobre”. Y mediante estas actuaciones policiales segregacionistas e ilegales – conforme al derecho del Estado español y el derecho internacional –, se está llevando a cabo de manera constante la vulneración de Derechos Humanos en este país, bajo un supuesto lo suficientemente vago, “controles por la seguridad ciudadana”, que retuerce de tal manera los procedimientos legales que éstos arremeten desde el principio contra la propia ciudadanía que supuestamente protegerían.

Consideramos que mientras la ciudadanía no nos opongamos de manera clara y rotunda, estaremos permitiendo que se persiga, degrade, prive de la libertad y de manera aún más extendida, que se haga imposible la vida a una parte importante de nuestra vecindad.

Nuestro propósito es hacer visible el rechazo desde los barrios a estas prácticas y coordinarnos con otros colectivos que están actuando en el mismo ámbito.

Con la práctica cotidiana de las BVODH, hemos aprendido que aquí hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, y no sólo en otros países, tomando como excusa aquellos de los que nos hablan como a ignorantes para dar pobres e infladas lecciones que sirvan para justificar lo que soportamos aquí: aquí donde tenemos que luchar juntos por la democracia. Mientras esto no se escuche lo suficientemente alto y claro, ni siquiera podremos hablar en nuestro nombre. No hay ningún nosotros en las migajas de la gestión de nuestro bienestar, ni ningún nosotros en ese bienestar que parecería tener como enemigo peligroso a las personas extranjeras y pobres. Vulnerando los derechos humanos, el gobierno vulnera los derechos de todas las personas. La “extranjería” es sólo una condición impuesta, variable, que sólo informa verdaderamente acerca del gobierno que la impone y de las condiciones en que lo hace. Sabemos que la universalidad de los derechos humanos no reside ni depende de la condición administrativa de las personas, sino en el hecho de que somos personas por encima de cualquier otro criterio.

ABIERTO UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A PARTICIPANTES EN LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS LOS DÍAS 21 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 22 DE FEBRERO DEL 2011.



3º.- La Delegación de Gobierno pretende sancionar a las personas que, el día 21 de Diciembre del 2010 y el día 22 de Febrero, ejercíamos la labor propia de las Brigadas Vecinales. En el primero de estos días, las brigadistas no “obstaculizaron” las actuaciones policiales, ni “increparon a los agentes”. El encuentro con los agentes de policía fue correcto, tanto es así que no nos impidieron que siguiéramos con la observación, ni expresaron la intención de multarnos o abrir expediente alguno.

Las frases, que la policía atribuye a las brigadistas: “La Inseguridad ciudadana la provoca la presencia policial” y “la tranquilidad en el barrio existirá cuando no exista presencia policial”, no fueron pronunciadas por las participantes en la BVODH. A pesar de ello, esas expresiones no serían más que afirmaciones crítico-valorativas que pueden ser manifestadas en el ejercicio de derechos fundamentales como la libre expresión de opinión, de información y transmisión por cualquier ciudadana.

Igualmente, el día 22 de Febrero de 2011, las brigadistas a las que la policía ha puesto una denuncia tampoco impidieron la labor policial, y el trato con los agentes de la policía fue educado. Ellos sí que nos impidieron continuar con nuestra labor, aunque no estuviéramos incurriendo en ninguna falta o delito, y nos mantuvieron retenidas durante 40 minutos aproximadamente en contra de nuestra voluntad, mientras anotaban nuestros datos para interponer una denuncia sin ningún tipo de advertencia previa, y por el mero hecho de informar y documentar lo que sucedía durante el control.

Aquí tenemos que luchar por los derechos humanos. Lo hemos aprendido un poco más concretamente con el expediente que se nos ha abierto a las BVODH. Se nos ha acusado falsamente de entorpecer la labor policial, en uno de los casos mediante la “incitación a los transeúntes a unirse a los brigadistas contra la policía”, “gritando consignas en contra del control policial”, y en el otro “provocando reacciones adversas en los demás usuarios de la vía” y manteniendo “una actitud hostil y desafiante”. Sin embargo, esos informes policiales nada dicen sobre lo que se encontraba haciendo la policía esa noche en la plaza de Lavapiés y esa mañana en la glorieta de Valle del Oro: controles a personas supuestamente extranjeras, humillando y tratando como sospechosas a personas únicamente por su aspecto físico, realizando numerosas detenciones por no tener los “papeles en regla”.

Todo se resuelve mediante una falta administrativa, tanto para la persona inmigrante “sin papeles” como para los “agitadores” miembros de las BVODH. Y entre la actuación policial y la resolución del expediente, media la humillación, la persecución y el castigo mediante internamiento y posible expulsión para el primero, y multa económica en el caso de los participantes de las BVODH. Se nos imputa sin motivo la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”, Sin embargo, aquella noche en Lavapiés o aquella mañana en la glorieta de Valle de Oro, la actuación de BVODH no provocó ninguna reacción en el público, las plazas se encontraban llenas de gente presenciando las detenciones de la policía, y no se escuchaban gritos ni proclamas, sólo silencio. Se podía escuchar la tristeza y el miedo, ambas igualmente mudas. Las compañeras de las brigadas se encontraban allí, junto a un control policial, repartiendo información contra de los controles discriminatorios. Algo que parecería tan inocuo como su mera presencia, constituye la única acusación real que podría haberse formulado contra las BVODH.

EL SIGNIFICADO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS AQUÍ,

EN EL CONTEXTO DE LAS BRIGADAS Y LOS PRESENTES HECHOS

Tras todo lo expuesto y teniendo en cuenta la arbitrariedad de la actuación policial, pretendiendo sancionar conductas que no están tipificadas en el ordenamiento jurídico como infracción o delito, sino reconocidas como derechos ciudadanos, agravada al falsear los hechos en la denuncia, entendemos que la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que se realizan controles de identidad a inmigrantes, es lo que se castiga y se trata de impedir. Así como la posible expresión de críticas a la actuación del gobierno (ejecutada por la policía), que formalmente se encuentra garantizada por el derecho a la libertad de expresión, e íntima y políticamente, se trata de la facultad y el deber de pensar por sí mismo.

Las consecuencias legales de las que nos hacemos cargo colectivamente, no son por tanto el único problema al que debemos enfrentarnos la ciudadanía, aunque sus consecuencias en trámites legales y gastos judiciales y en multas, supone un acto claramente coercitivo para las BVODH. La lucha fundamental que nos incumbe a todas las personas, es una lucha concreta por la democracia y la justicia aquí, es preciso oponerse con rotundidad al hostigamiento a una figura del derecho internacional que supone como pocas una figura de defensa de la Justicia: la defensa y observación de los derechos humanos.

Sean cuales sean las acusaciones de la policía, su efecto es claro, se trata de dificultar, cuando no impedir, que las personas nos involucremos en la defensa de aquello que creemos justo, lo que en el caso de las BVODH es denunciar la criminalización, persecución, detención, retención y posible expulsión por medio de las redadas de personas por perfil racial: de aquellas personas que han venido de lejos para, si lo desean, quedarse. Y desde esta defensa de los derechos humanos en BVODH sabemos el miedo y la intimidación que las prácticas policiales de identificación suponen para muchas de nuestras vecinas, éstas se ven sometidas en su vida diaria a no poder moverse con tranquilidad por la ciudad en la que viven y, en definitiva, a no poder ejercer como cualquier otra ciudadana su derecho a la libre circulación.

Por eso en nuestra actividad política denunciamos tanto la vulneración de los derechos humanos como el diseño gubernamental de unos barrios donde los lazos vecinales son sustituidos por la indiferencia de unos, el miedo de muchos y la lejanía entre todas las personas.

Pueblos como los de Túnez, Egipto, Libia y tantos otros, que estos días, y en mitad de tantas dificultades, se han levantado para hablar en su nombre, dan ejemplo de la lucha por la democracia, que nunca y menos actualmente en este país, está ganada. Los derechos se conquistan; pero después, o se ejercen o se pierden de nuevo. Estos pueblos son un ejemplo de lucha y de disenso, de alzamiento de voces y gentes que no sólo se oponen a cualquier forma de abuso de poder, sino que por diferentes que sean entre sí, son las voces de una verdad: de la lucha por ser cada una y en comunidad quien debe y puede pensar y decidir sobre cómo queremos vivir.

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

Madrid, 2 de Marzo de 2011




[1] La labor de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos se realiza de forma perfectamente visible, portando los participantes carnet de brigadistas y chalecos identificativos de color naranja con franjas fluorescentes en los que está impresa la leyenda: “BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, “VIGILANDO A LOS VIGILANTES”. Las BVODH cuentan con avales de las organizaciones SOS RACISMO Y ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA. De igual modo, para poder participar en las Brigadas Vecinales es necesario realizar cursos de formación que comprenden desde aspectos jurídicos hasta aspectos más generales relativos al proyecto de las BVODH.Más información:


- http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/

miércoles, 2 de marzo de 2011

Patagonia sin Represas




Firma una carta dirigida al Presidente   
                                            
Por Campaña Patagonia Sin Represas

Reenvía esta acción consiste en avisar a la mayor cantidad de personas, para que envíen una carta ya prediseñada al presidente de la república, Sebastian Piñera, recordándole que no queremos que se destruya la Patagonia Chilena por proyecto innecesario y obsoleto.

El proceso es sumanente sencillo y se realiza en pocos pasos.

¡Asegurate de firmarla tú también!

http://www.patagoniasinrepresas.cl/presidente/