jueves, 14 de enero de 2010

Vargas Llosa, un militante de la impunidad

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info).

En su boletín electrónico del 11 de enero de 2010, la Agencia Rodolfo Walsh publica la siguiente información:
Por su postura pasiva frente a violaciones de derechos humanos migrantes rechazan la presencia de Vargas Llosa en Chile

(AW) Un grupo de peruanos residentes en Chile expresaron su rechazo a la presencia del escritor Mario Vargas Llosa, quien se encuentra en la capital del país sureño para asistir a la inauguración del Museo de la Memoria y para participar de una actividad en apoyo al candidato presidencial de derecha Sebastián Piñera.

(Santiago, Chile, 11 de enero de 2010. Por Agencia Walsh) El grupo de migrantes peruanos, militantes del Movimiento Tierra y Libertad que lidera el sacerdote y activista ambiental Marco Arana, señalaron que rechazan la presencia de Vargas Llosa toda vez que éste tuvo una postura pasiva y hasta cómplice con las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el Perú durante los años de la guerra interna por efectivos militares.

Humberto Campos, vocero del núcleo promotor del movimiento peruano Tierra y Libertad en tierras chilenas, manifestó que es de esperarse que Vargas Llosa se adhiera a la candidatura de Sebastián Piñera puesto que el empresario chileno "también tiene un silencio cómplice y hasta simpatía con las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante la dictadura de Augusto Pinochet".

"Piñera y Vargas Llosa pertenecen a esa derecha que se presenta como liberal, democrática y hasta progresista pero que son conservadores, están en contra de los procesos de integración latinoamericanos y entienden la democracia como una palabra hueca en donde la gente es la última rueda del coche", agregó.

Por otro lado, Campos expresó su extrañeza por la invitación de la Presidenta Michelle Bachelet al novelista a la inauguración del Museo de la Memoria en Chile pero que puede deberse a la falta de información respecto al rechazo que ha causado el nombramiento de Vargas Llosa por parte del gobierno aprista.

"Puedo entender que se deba a que Vargas Llosa es presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Constitución del Museo de la Memoria en el Perú; sin embargo, le están dando la espalda al pueblo peruano y favorecen a los violadores de Derechos Humanos que hoy junto a Alan García intentan crear un Museo de la Memoria ocultando las verdaderas atrocidades en contra de los más desprotegidos", concluyó.
El texto de la Agencia Walsh es impecable en la descripción del sujeto Vargas Llosa y de las ambigüedades de Michelle Bachelet.
Hay un sólo error, en el título, donde se habla de la “postura pasiva” de Vargas Llosa frente a la violación de los derechos humanos.
En efecto Vargas Llosa no tiene una postura pasiva sino que es, de larga data, un militante de la impunidad.
En efecto, el 26 de enero de 1983 fueron asesinados en Uchuraccay, provincia de Ayacucho, Perú, ocho periodistas de diversos periódicos peruanos y su guía , que habían llegado a la zona, donde actuaba Sendero Luminoso, en misión de investigación.

Los autores de la matanza fueron los militares.

Eso había que ocultarlo y el entonces presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, violando la Constitución al substraer la investigación de la matanza al Poder Judicial, se apresuró a convocar una comisión (tribunal de “honor”) presidida por Vargas Llosa que no tardó en concluir, contra toda evidencia, que los militares eran ajenos a la masacre de los periodistas.

Pero tiempo después un juez valiente, tenaz y verdaderamente honorable, enfrentando toda clase de obstáculos, estableció lo que todos, salvo Vargas Llosa, sabían: que los autores de la masacre de los periodistas y de su guía fueron miembros de la Fuezas Armadas.

Vargas Llosa volvió a mostrar su activismo a favor de la impunidad con un artículo (Jugando con el fuego) publicado en el diario francés Le Monde del 18 de mayo de 1995, traducción de un artículo publicado antes en El País de España, en el que sostenía que era hora de “enterrar el pasado” en Argentina con respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura militar, de los que fue también responsable, según él, “un amplio espectro” de la sociedad argentina.

El diario Le Monde publicó en su edición del 26 de mayo siguiente tres réplicas a Vargas Llosa, una del escritor Juan José Saer, otra de la socióloga Silvia Sigal y una tercera mía, donde recordé su actuación en el caso de los periodistas peruanos asesinados, que titulé precisamente “Un militante de la impunidad”.

Saer en su artículo comenzaba describiendo al personaje: “No voy a polemizar con Vargas Llosa, sino a restablecer algunas verdades . Su actitud de recurrir en los artículos de su autoría que he leído, a la amalgama, a la información truncada, a la petición de principio y a la pura mitomanía, impide toda discusión con él. El señor Vargas Llosa, que ha hecho de la agitación su fondo de comercio, no tiene ni la envergadura intelectual ni las garantías morales que pueden hacer de todo adversario un interlocutor válido”...

Es lamentable que Vargas Llosa haya sido invitado a la inauguración de un Museo de la Memoria en Chile pero es realmente escandaloso que presida en Perú una Comisión de Alto Nivel para la Constitución del Museo de la Memoria en el Perú.

Aunque esto último no es sorprendente: el Presidente Alan García habrá encomendado al “notable escritor” que, con su experiencia en el “tribunal de honor” de 1983 , se ocupe de ocultar en la Comisión de Alto Nivel del Museo de la Memoria, su responsabilidad en los crímenes cometidos durante su primera presidencia (1985-90), entre ellos las masacres de Acomarca en agosto de 1985 (47 campesinos asesinados por el Ejército), la masacre de Cayara de mayo de 1988 (30 asesinados y decenas de desaparecidos), las masacres y la ejecución sumaria, después de la rendición de los sobrevivientes, de más 300 presos amotinados en las prisiones de Lurigancho y El Frontón y la represión sangrienta en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara en junio de 1986. Y que se olvide también de incluir en el Museo peruano de la Memoria las 1600 desapariciones durante su primer mandato presidencial del 85 al 90.

Y, por cierto, de la masacre de indígenas en Baguá el 5 de junio de 2009.


ARGENPRESS

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Por una Asamblea Constituyente y el Derecho a Voto en el Exterior


martes, 12 de enero de 2010

Marcha multitudinaria del pueblo en contra del golpe

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Con una multitudinaria manifestación por la ciudad capital, el pueblo regreso este 7 de enero de 2010 a las calles para exigir no solamente el retorno del presidente Zelaya al poder, sino también la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y así expresar su rechazo a la solicitud de amnistía que el Congreso Nacional piensa decretar a fin de librar de la justicia a los promotores y ejecutores del golpe de Estado, que a través de los órganos represores del gobierno de facto, enlutaron a la familia hondureña con mas de 130 muertes a nivel nacional.

 El reencuentro entre los miembros de la Resistencia, fue muy emotivo, hubo abrazos, besos y mucha armonía entre los presentes que emanaban vestigios de hermandad que solamente se logra a través de la lucha colectiva por el bien común de los pueblos, como siempre los colores predominantes tanto en las banderas como en los pañuelos que portaban  fueron el rojo y el negro, cargados de mensajes alusivos a la lucha popular.
A las 10 :10 de la mañana inicio la gran movilización del Frente de Resistencia Popular, hacia el centro de la ciudad, integrada por verdaderos representantes del pueblo,  organizaciones populares, campesinas, feministas, estudiantes, colegios magisteriales y un sin fin de compatriotas que en cada esquina se sumaban mas a la gigantesca manifestación, y al compás de las consignas rechazaban la iniciativa de los parlamentarios de derogar el tratado que el presidente Manuel Zelaya firmó con su homológo venezolano Hugo Chávez, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con el fin de ayudar a los más  necesitados.
AMNISTÍA NO
“ALBA si Amnistía no” rezaba una de  las pancartas portadas por valientes compatriotas, destacando  la importancia de rechazar la solicitud de los golpistas para los  asesinos de los hijos de la patria, también expresaron   la negativa del pueblo de que se anule el Alba, que solamente ha representado beneficios para el país pero que por la insistencia de la oligarquía se pretende anular.
Cuando la unidad de sonido dentro de la marcha, toco el  himno a la Resistencia, interpretado por el grupo Abiayala, del autor José María, de origen venezolano, la emoción se apodero de los presentes al punto de corear la letra de la canción, algunas  mujeres  con lagrimas en sus ojos manifestaron su alegría y con orgullo disfrutaban la entonación.
Las calles fueron insuficientes para albergar a la gran cantidad de manifestantes que prácticamente paralizaron las principales avenidas de la ciudad capital en demanda de un mejor futuro para los hondureños.
Finalmente la marcha llegó hasta su destino en los bajos del edificio Legislativo encabezado por Carlos Eduardo Reina y los dirigentes populares, Juan Barahona y Rafael Alegría quienes incitaron a los presentes a cantar el himno nacional de Honduras como verdaderos hondureños amantes de su patria.
Antes de concluir hicieron un llamado al pueblo para expresar que la próxima manifestación  se realizará el 27 de enero -dia de la asunción al poder de Porfirio Lobo Sosa- rechazando su régimen, por no haber tenido la voluntad política para restituir al Presidente Manuel Zelaya, alojado en la embajada de Brasil desde hace tres meses exigiendo el retorno al orden constitucional.  

jueves, 7 de enero de 2010

La Fiscalía hondureña pide la detención de la cúpula militar

El Ministerio Público solicita al Supremo la apertura de una causa por expulsar del país al derrocado presidente Manuel Zelaya

EFE / ELPAÍS.com - Tegucigalpa / Madrid - 06/01/2010
La Fiscalía de Honduras ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del entonces presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y la apertura de un proceso judicial por delitos de abuso de autoridad y expatriación (prohibida por la Constitución)
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, ha explicado que el Ministerio Público ha presentado un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales. Según Salgado, el recurso ha sido enviado a la Corte Suprema porque se trata de "altos funcionarios" del Estado. El tribunal deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió.
Según el Gobierno de facto, que preside Roberto Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema como parte de un proceso incoado por la Fiscalía contra el depuesto mandatario por impulsar un referéndum declarado ilegal para promover una Asamblea Constituyente.
El general Romeo Vázquez ha declarado que desconoce la acción del Ministerio Público, pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia. "Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", asegura. Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del Ejército, general Miguel Angel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
Por su parte, Zelaya considera que la acción de la Fiscalía busca "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el pasado junio cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron. "Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme", ha explicado. Según el presidente depuesto, "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado [Luis Rubí] con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".
La acción de la Fiscalía contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, que se ha desplazado a Tegucigalpa para analizar la crisis política desatada por el derrocamiento de Zelaya. Kelly llegó a Tegucigalpa el martes y comenzó su agenda con una visita a Zelaya en la Embajada de Brasil, donde éste permanece refugiado desde su regreso por sorpresa al país, el 21 de septiembre pasado. Después, el alto cargo estadounidense se reunió con el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, que asumirá el cargo este 27 de enero tras haber ganado las elecciones del 29 de noviembre, y posteriormente mantuvo un encuentro con Micheletti.
El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados