Excesivo uso de la fuerza policial/ Muerto comunero mapuche/ Detenciones/ Malos tratos
Campaña de la OMCT
Caso CHL 180809
Excesivo uso de la fuerza policial/ Muerto comunero mapuche/ Detenciones/ Malos tratos
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE respecto a la siguiente situación en Chile.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con mucha preocupación informaciones de fuentes fidedignas, y de Antenna Internacional, organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la muerte del indígena mapuche Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años de edad, según las denuncias por disparos de un miembro de la policía chilena de Carabineros, y las serias heridas causadas a otros indígenas entre ellos al Sr. Juan Carlos Curinao, lonko de la Comunidad Huañaco Millao, en hechos ocurridos en el fundo San Sebastián, en la Comunidad de Ercilla, del Departamento de Temuco, en la Región de la Araucania.
De acuerdo con las informaciones, el 12 de agosto de 2009 hacia las 3 pm., el Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío, originario de la comunidad indígena mapuche (Araucano) Requem Pillán, resulto muerto al recibir dos disparos, uno de ellos en el tórax, disparados según las denuncias por miembros de Carabineros de la policía, en medio de un operativo de desalojo del Fundo “San Sebastián” en la Comunidad de Ercilla.
Según las denuncias, el examen realizado en el Servicio Médico Legal de Angol, señala que el Sr. Jaime Mendoza Collío habría recibido los disparos por la espalda, el cual le causó la muerte. Se ha denunciado además que el Sr. Mendoza Collío habría sido golpeado en el suelo luego de caer abatido por los disparos, ya que los peritajes indicarían que el cuerpo tenía hematomas post mortem. Además, según las mismas denuncias, los peritajes realizados por la Brigada de Homicidios de la PDI, indicarían que el arma fue una pistola semiautomática de 9 mm., de las utilizadas por los miembros las Fuerzas Especiales de Carabineros.
De otra parte se ha informado que existen testimonios de personas que afirman que vieron al Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío cuando era perseguido por las Fuerzas Especiales de Carabineros por más de un kilómetro, desde el lugar en que había ocurrido la toma del fundo “San Sebastián” por parte de los indígenas. Los testimonios indican que luego de dispararle lo habrían golpeado para dejarlo luego tendido en el suelo.
De acuerdo con las informaciones, además de la muerte del Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío resultaron heridas otras 8 personas, entre ellas el Sr. Juan Carlos Curinao, quien se encuentra en Urgencias del Hospital de Victoria, en espera de una operación para que le extraigan de las pantorrillas una docena de perdigones de plomo calibre 7 mm., el Sr. José Osvaldo Millanao Coñumil, lonko de la Comunidad Collico, y un periodista, cuyo nombre no se ha informado, como producto de la utilización de armas de fuego por parte de los efectivos de las Fuerzas Especiales.
Según las informaciones, los hechos se iniciaron el 12 de agosto de 2009, en horas de la mañana, cuando cerca de 80 indígenas mapuche-araucano, miembros de la comunidad Rayén Pillán, ingresaron en el fundo San Sebastián, un predio colindante con la comunidad Requén Pillán, de propiedad del empresario agrícola Sergio González Jarpa, con la intención de recuperar sus tierras ancestrales y, según las denuncias, molestos por la nula respuesta de la Conadi (Organismo Gubernamental para asuntos indígena en Chile) a su solicitud de compra de tierras. Según las informaciones, ante esta situación, el Sr. Sergio González Jarpa solicitó al Tribunal de Garantía de Angol que llevara a cabo el desalojo de los mencionados predios y éste a su vez envió al lugar para realizar el operativo a un grupo de aproximadamente un centenar de efectivos de las Fuerzas Especiales y miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Santiago, que, según las informaciones se encontraban apostadas en la zona.
Se ha informado que la presencia de los uniformados generó escaramuzas dentro del fundo, en medio de las cuales resultó muerto el Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío y fueron detenidos violentamente otros ocho miembros de la comunidad mapuche, los Sres. Miguel Mendoza Álvarez (de 47 años de edad), Juan Curipán Collío (de 30 años), María Mendoza Collío (de 25 años), Joel Mendoza Collío (de 40 años), Mario Curipán Collío (de 32 años), Víctor Mendoza Collío (de 22 años), Sergio Marion Cayul (de 34 años) y, Juan Mendoza Collío (de 20 años). Se ha informado que los siete primeros fueron llevados detenidos a unidades policiales de la zona, mientras que el Sr. Juan Mendoza Collío resultó con heridas de balines en ambas piernas, por lo cual fue hospitalizado en el hospital base de Angol.
La OMCT recuerda que la institución de policía Carabineros de Chile ya ha sido denunciada por el uso excesivo de la fuerza y la utilización de munición viva para reprimir manifestaciones de comunidades mapuche que reclaman sus derechos a tierras ancestrales de diferentes comunidades. En efecto, de acuerdo con las informaciones en el marco de la lucha por las tierras tradicionales, en el pasado han muerto varios comuneros mapuches[1], y numerosos han resultado heridos y/o detenidos.
La OMCT, al manifestar su profunda preocupación por estos hechos, recuerda que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó en 2007 al Estado Chileno: “tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando procesa, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables”. La OMCT recuerda además que actualmente, Chile es objeto de examen por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Poluco Pidenco que se refiere a la condena que afecta a la Sra. Patricia Troncoso y a otros tres presos de la Comunidad Mapuche2.
La OMCT recuerda a las autoridades chilenas su obligación de cumplir con los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (aprobado por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders), de 1990, y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
La OMCT por tanto solicita a las autoridades chilenas investigar sobre la indebida aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antiterrorista por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, en particular en este caso por parte de Carabineros.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades de Chile urgiéndolas a:
* i. tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Juan Carlos Curinao, lonko de la Comunidad Huañaco Millao, y José Osvaldo Millanao Coñumil, lonko de la Comunidad Collico, y de todas las demás personas que hayan resultado heridas y o detenidas durante los hechos arriba mencionados, y proporcionarles de suma urgencia la atención médica adecuada y gratuita que el estado de cada una de estas personas requiera;
* ii. ordenar la libertad inmediata de los Sres. Miguel Mendoza Álvarez, Juan Curipán Collío, María Mendoza Collío, Joel Mendoza Collío, Mario Curipán Collío, Víctor Mendoza Collío, Sergio Marion Cayul, Juan Mendoza Collío, y de todas las demás personas que hayan sido detenidas en el marco de los hechos aquí denunciados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
* iii. llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, efectiva e imparcial por parte de instancias civiles, acerca de las circunstancias de la muerte del Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío, de las heridas causadas a otras personas entre ellas los Sres. Juan Carlos Curinao, y José Osvaldo Millanao Coñumil, y de las demás violaciones de derechos humanos arriba denunciadas, que las conclusiones de esta investigación sean publicadas, con el fin de identificar a los responsables llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
* iv. otorgar una adecuada reparación a todos los miembros de la familia Sr. Jaime Facundo Mendoza Collío y a las demás víctimas de las violaciones arriba denunciadas;
* v. de manera general garantizar en todo el país y en todas las circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos.
Direcciones
· Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República, Palacio de la Moneda, Santiago, Chile. Fax: +562 690 49 58, E-mail: opinión@presidencia.ch; Internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl;
· Sra. Paulina Veloso Valenzuela, Ministra Secretaría General de la Presidencia, Palacio de La Moneda, 1160 Entrepiso, Santiago, Chile, Fax: + 562. 69.04.329,
E-mail: gjoignant@minsegpres.cl;
Sr. Belisario Velasco Barahona, Ministro del Interior, Palacio de la Moneda s/n, Santiago de Chile, fax: (+562) 69 68 740, E-mail: lguzmanp@interior.gov.cl
· Sr. Isidro Solís Palma, Ministro de Justicia, Morandé 107, Santiago Casilla 21, Santiago, Chile, fax: (+562) 698 70 98, E-mail: minju@reuna.cl ; minju@minjusticia.cl ; rmadrid@minjusticia.cl ;
· Sr. Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores, Catedral 1158, Piso 3, Santiago, Chile, fax: (+562) 696 87 96, E-mail: minrel@minrel.cl ; mdelaguarda@minrel.gov.cl
· Sr. Tucapel Jiménez F., Presidente Comisión de DDHH, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, E-mail: tjimenez@congreso.cl ;
· Senador Sr. Carlos Ignacio Kuschel Silva, Presidente de las Comisión de DDHH, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, E-mail: ddhhsen@senado.cl ;
· Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra, 58, Rue de Moillebeau (4º piso), CH-1209, Ginebra, fax: + 4122.734.52. 97,
E-mail: misionchile@misginchile.org ;
· Misión de Chile ante la Unión Europea, 106 Rue des Aduatiques, 1040 Bruselas, Bélgica, Fax.: +32 (02) 736 49 94, E-mail: embachile@embachile.be ;
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.
Ginebra, 18 de agosto de 2009
Agradeceremos que nos informen de toda acción emprendida, indicando el código del presente llamado en su respuesta.
OMCT urgent appeals: appeals@list.omct.org
[1] A este respecto la OMCT recuerda entre otros los casos de: el Sr. Matías Catrileo Quezada de 23 años de edad, muerto el 3 enero de 2008, en hechos ocurridos en el Fundo “Santa Margarita”, en la comunidad de Vilcún, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Temuco (Ver Llamado OMCT Caso CHL 070108, emitido el 7 de enero de 2009); el Sr. Edmundo Alex Lemún Saavedra, otro activista mapuche, y también, el Sr. Rodrigo Cisternas, joven trabajador forestal de la octava región, quien se encontraba en huelga exigiendo un mejor salario.
2 Ver Llamados Urgentes OMCT CHL 181207 y seguimiento CHL 181207.1 emitido el 07 de enero de 2008 y también el Comunicado de Prensa OMCT, difundido el 30 de octubre de 2007.
miércoles, 19 de agosto de 2009
domingo, 9 de agosto de 2009
Colombia - Ejecuciones Extrajudiciales
DECLARACIÓN DE PHILIP ALSTON, RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS
He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales
a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín),
Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio). Estoy muy agradecido con el
gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida
para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe
Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.
También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos
Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré
reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación.
Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda,
Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces
militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.
Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios
cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe
destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores.
Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se
publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.
Quiero comenzar repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones
rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de
derechos humanos, y líderes comunitarios reconociendo la mejora dramática en la
situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.
Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla.
Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades
significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.
Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.
La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos
positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.
El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas
pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.
Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos
positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.
Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas
legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican
firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.
Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los
militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.
La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por
una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.
A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y
responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor
cooperación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU, la
incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.
Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el
gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación.
Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas
zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.
Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de
alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar,aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.
Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales
A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas
exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.
Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que
ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.
Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte
preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas
después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos
paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.
Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos
paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.
Las instituciones del Gobierno.
La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada
estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.
Defensores de derechos humanos.
La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor
inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.
También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el
mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.
Compensación a las víctimas.
Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas
–que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes– contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
Otras cuestiones.
En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:
- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la
letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.
- la realización de una investigación independiente de los procedimientos y
resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.
- la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.
- la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al
seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las
instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.
- la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de
ejecuciones extrajudiciales.
- la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General
de la Nación , con más personal, apoyo y formación.
Bogotá, Junio 19 de 2009
domingo, 2 de agosto de 2009
¿Por qué el ex juez Guzmán habla de montajes contra los mapuche?
En declaraciones formuladas el pasado 31 de julio a radio Universidad de Chile, el ex juez Juan Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales, a lo que se suma también la ausencia absoluta de diálogo del gobierno con las comunidades y sus representantes. En dos casos que merecieron de él ese calificativo, el logró como abogado defensor, desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuche.
Las denuncias de racismo que el equipo de Derechos Colectivos Mapuche este mes planteará ante el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, incluirán la práctica de los montajes llevada a cabo por la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y/o el Ministerio Público y los medios de comunicación masiva chilenos, recogiendo una sistematización de casos desarrollada por esta periodista para la Comisión Etica Contra la Tortura en su informe anual a la Presidenta Bachelet . El informe documenta 23 casos en que se evidencia ese tipo de manipulación dolosa de la información.
Queda al desnudo la incapacidad del gobierno de la Presidenta Bachelet de hacer frente a la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Hoy en la prensa n o están los montajes, reemplazados en terreno por los disparos desde helicópteros, el uso de lacrimógenas, balas antimotines y fuerzas especiales en el allanamiento (como en dictadura) de comunidades movilizadas por la tierra. Cada ciclo de lucha por recuperaciones de tierra es enfrentado de forma más violenta por el gobierno, debido a la imposibilidad de frenarlas. Atrapados entre el avance de las forestales, los megaproyectos de inversión y la complicidad de la institucionalidad del Estado, hay comunidades que sienten que hoy ya no hay otra opción.
La Concertación se ha demostrado incapaz de comprender que la detención de un dirigente o el debilitamiento de una organización sólo da paso –también como ocurría en dictadura- a otros líderes y organizaciones. El pueblo mapuche ni antes ni ahora ha tenido unidad política o jefaturas nacionales, pero sus reivindicaciones son similares y están respaldadas por el derecho internacional indígena. Hoy las comunidades en conflicto están en comunas como Ercilla, Villarrica, Cunco y Teodoro Schmidt (todas de la Región de la Araucanía) pero en una declaración fechada en Los Alamos, la mesa provincial de comunidades y asociaciones indígenas de Arauco (Region del BioBio) ha anunciado que si no encuentra respuesta, iniciará también movilizaciones. La Alianza Wenteche a su vez ha planteado que las recuperaciones se extenderán a fundos usurpados en comunas de Purén, Freire, Padre Las Casas y otras.
Esta organización estuvo tras la movilización de más de 140 lonkos y dirigentes tradicionales hacia La Moneda –el 7 de julio de este año - estrellándose contra la más absoluta indiferencia del aparato de gobierno, que se negó a escuchar sus planteamientos. La locuacidad de personeros del Ministerio de Interior no funciona en esta dirección.
Definiciones
El término montaje proviene del cine, sin embargo desde los años 30 se utiliza para identificar una forma dramatúrgica en la que las secuencias de la acción se montan en una sucesión de momentos autónomos. La expresión también suele utilizarse por la gente de teatro, la crítica o el público, como sinónimo de puesta en escena y/o de espectáculo. A la vez, se utiliza el verbo montar (una obra, un espectáculo ) para designar la acción y los trabajos de puesta en escena o de preparación de un espectáculo. (ver web.usach.cl/didascalia/glosario.html).
Aquí son secuencias político-judiciales puestas en escena por la policía y sus diferentes órganos, incluída la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y los fiscales exclusivos del Ministerio Público dedicados al conflicto Estado chileno-forestales/empresarios- mapuche. Para la generación que vivió la dictadura de Pinochet, estas prácticas retrotraen al país esos tiempos en que la DINA y luego la CNI utilizaron en forma constante ese recurso. Estos montajes políticos son difundidas ampliamente por los medios de comunicación masivos que existen en el país, especialmente por la televisión y la prensa de las cadenas El Mercurio y COPESA –los mismos diarios del tiempo de Augusto Pinochet- y no pueden ser contrarrestados debido al duopolio en la propiedad de los medios y la consiguiente falta de diversidad existentes. Operan como mecanismos de intimidación de la lucha social, presión hacia los tribunales de justicia, generación de opinión pública y de una cierta “jurisprudencia mediática”, es decir una conclusión favorable a los intereses de los autores del montaje y de los sectores del empresariado y gobierno vinculados al tema. El momento del “estreno” de cada montaje coincide con la información acerca de la detención y/o formalización de los protagonistas, a lo cual posteriormente se van agregando nuevos elementos como el hallazgo de pruebas inculpatorias, la conexión con organizaciones como las FARC, ETA, el gobierno venezolano u otros. Las denuncias sobre nexos entre las FARC y los mapuche las inició en 2008 el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, citando fuentes del gobierno colombiano. Espina busca así instalar en los medios una percepción que justifique la aplicación de la ley antiterrorista, crecientemente cuestionada por las organizaciones internacionales y nacionales.
En los montajes suelen actuar incluso los más altos personeros de gobierno como el ministro del Interior o el subsecretario del ramo, que recitan el libreto elaborado por la policía y la fiscalía. El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad en los años de dictadura, denunció esa conducta a propósito de las declaraciones del Subsecretario del Interior Patricio Rosende sobre las detenciones practicadas el pasado 12 de abril en Puerto Choque. Avila sostuvo en carta pública publicada en el diario electrónico Clarín de Chile: “A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro (subrogante) considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un cuarteto, de ciudadanos les queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese ¿cuarteto’ si ya el ministro del interior los condenó publicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería de mapuches”
Agrega Avila: “Al ministro le parece que lo más relevante de destacar es lo impresionante del operativo de Investigaciones y Carabineros. No le preocupa la ley ni la justicia del procedimiento sino …. se complace y gratifica de la fuerza desplegada. Su lógica es claramente militar, un bando lucha contra otro, siempre es impresionante ver como los propios hacen papilla a los enemigos. …Esta es claramente una lógica amigo-enemigo. Es la lógica de guerra de la seguridad nacional. Esa es la doctrina que llevó en un momento a la propia presidenta Bachelet a la Villa Grimaldi.”
Elenco estable de los montajes
Hay personajes que son parte del elenco permanente de los montajes: las fuerzas policiales instaladas en los lugares considerados problemáticos por su cercanía con objetivos de la lucha mapuche, como por ejemplo el retén móvil que vigila la comunidad de Temucuicui. Los recintos policiales especiales suelen contar con casas y/o la colaboración de personas que aceptan ese rol. La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas.
Objetivos de los montajes
En el período que va entre mayo de 2008 y junio de 2009 el aparato represivo y el Ministerio Público, vía reiterados montajes judiciales cumplieron su objetivo de mantener en prisión a líderes mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales y boicotean activamente proyectos de inversión que dañan su medio ambiente y territorio. Estos montajes alcanzan también a activistas no mapuche de la causa de ese pueblo y a periodistas, comunicadores audiovisuales que solidarizan con ellos. Quienes son acusados en los montajes político-judiciales tienen un doble juicio. La primera vez son condenados en pantalla y en los titulares por los medios de comunicación, sin derecho a defensa ni a réplica, puesto que los imputados ya están detenidos e incomunicados y sus cercanos ni siquiera conocen las acusaciones. Cuando se aplica la ley antiterrorista, ni siquiera los abogados tienen acceso a conocerlas ni tampoco a los testigos secretos en los que ellas se sustentan. El segundo juicio –el legal – tiene lugar después de meses o años de prisión preventiva de los acusados.
Fracaso del montaje
Afortunadamente, en democracia, gracias a la presencia de abogados privados de derechos humanos, o excepcionalmente, de defensores públicos conscientes, en algunas ocasiones - varios meses o años después – la sentencia de los tribunales es absolutoria. Se acredita así que las acusaciones difundidas por los medios y largamente articuladas desde la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y el ministerio público eran un montaje. Al desarrollarse el juicio oral, los jueces suelen dictaminar que no hay pruebas suficientes de los delitos imputados o que permitan mantener a los detenidos –que habían sido calificados como altamente peligrosos- en prisión preventiva. En esos casos las absoluciones no van acompañadas de reparación alguna por el daño sufrido por los imputados. También ha sucedido que los jueces dicten la sentencia más baja dentro del rango posible de aplicar por el delito imputado, lo que en derecho indica que tuvieron serias dudas respecto de la culpabilidad de los acusados.
Frente a las absoluciones o a sentencias a penas menores, el Ministerio Público reacciona generalmente buscando la nulidad de la sentencia, cuestión que en algunos casos ha logrado, imponiendo la repetición de los juicios. El gobierno, por su parte ha mostrado su desazón ante las recientes absoluciones a través de un comentario del subsecretario del interior, Patricio Rosende, que consideró “curioso” uno de los fallos absolutorios (5 de junio de 2009) de dos dirigentes de la comunidad autónoma de Temucuicui.
El rol de los medios
La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes del juicio oral, ya han sido condenados por los medios.
La televisión no contextualiza las acciones desplegadas por las comunidades, y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones o acciones de autodefensa. Sin embargo la prensa nacional informa sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en las regiones de población mapuche. Es importante destacar sin embargo que el creciente avance de los medios de comunicación electrónicos gestionados por las propias organizaciones mapuche, está construyendo progresivamente una poderosa barrera y palanca contra la desinformación, al menos para el público y las generaciones con acceso a Internet y para las organizaciones de pueblos originarios en todo el mundo.
Jueces de garantía y defensores públicos
Por otra parte, la actuación de los jueces de garantía constituye en general un mecanismo funcional de reafirmación de la criminalización de estas luchas. Es habitual que los detenidos mapuche pasen más de ocho meses en prisión preventiva o deban cumplir engorrosas medidas cautelares que obstaculizan sus tareas en el campo, perturban su calidad de vida y participación en sus organizaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco, por ejemplo, es sumamente rápida para revocar las libertades condicionales dadas por algun juez de garantía.
Otro de los factores co-adyuvantes en el éxito de esta táctica para criminalizar e intentar detener la lucha social y reivindicativa mapuche es la inoperancia de los defensores públicos (de oficio), ligada a una excesiva cantidad de casos a atender en distintas comunas y juzgados. Pero muchas veces –según los afectados- su pobre actuación responde a simple desidia y/o complicidad con la Fiscalía, lo que posibilita largos períodos de detención preventiva sin petición de cambio de estas medidas cautelares.
Temucuicui (comuna de Ercilla Región de la Araucanía) una de las comunidades que está permanentemente sitiada por fuerzas policiales, concentra un número importante de casos de absoluciones tras largos períodos de prisión “preventiva”.
Sobre montajes político-judiciales seguidos de absoluciones totales, y/o cambios de prisión preventiva por medidas cautelares que implican reconocer la no peligrosidad de los imputados pueden dar amplio testimonio Jaime Huenchullan Cayul, Julio Cayhuan Nahuelpi, Victor Queipul Huaiquil, los hermanos Rodrigo, Omar y Felipe Huenchullan Cayul, todos ellos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. También Héctor Llaitul Carrillanca (Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto), Roberto Painemil Parra (comunidad Yeupeko) Avelino Meñaco (LleuLleu), Erick von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández, Alex Bahamondes Garrido (activistas estudiantiles), Juan Toro Ñanco, Leonardo Lican Ñanco (ambos de Chequenco, Ercilla), César Parra Leiva (Puerto Choque, Tirúa), Iván Llanquileo (de Juana Millahual, LleuLleu), Elena Varela López (Licanray), Jonathan Vega Gajardo, Fénix Delgado Ahumada, Rodrigo Huechipan (todos estudiantes), y Mauricio Waikilao Waikilao (Yeupeko, Vilcun).
A continuación una reseña de cada uno de estos montajes.
1.- Jaime Huenchullan Cayul, werken de la asediada comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla. Se entregó voluntariamente el 18 de septiembre de 2008 por encontrarse gravemente enfermo. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el ex juez Juan Guzmán para que cesara la tortura inflingida en prisión, donde se le mantuvo inicialmente engrillado y con trato inhumano. Fue formalizado entoncees por incendio del fundo de René Urban, vecino de su comunidad. El 1º de junio de 2009 comenzó el juicio oral en Angol y fue absuelto de los cargos. El 4 de abril de 2009 había sido absuelto de otras acusaciones. Todo el tiempo que duró la investigación - casi nueve meses - se le mantuvo en prisión preventiva. Durante el período de prisión, él anunció su decisión de renunciar a la nacionalidad chilena para hacer valer sus derechos como miembro de un pueblo originario, según los tratados internacionales.
2.- Julio Cayhuan Nahuelpi, de la comunidad Autónoma de Temucuicui. Se entregó voluntariamente el 20 de octubre de 2008. Denunció haber sido sometido a tortura en la Comisaría de Collipulli e Investigaciones de Angol al entregarse. Se le acusó de incendio de propiedad de René Urban. El juicio oral se inició el 1º de junio en Angol. La Fiscalía pedía 15 años de prisión por incendio de un camión, 10 años por incendio de avena y 100 días por lesiones de Urban. El juicio oral tuvo lugar el 1º de junio en Angol y fue absuelto de todos los cargos.
El Ministerio Público pidió la anulación del juicio oral que absolvió a Jaime Huenchullán Cayul y a Julio Cayhuán Nahuelpi, imputados de cometer un ataque incendiario contra el fundo "La Romana", del agricultor René Urban.
3.- Víctor Enrique Queipul Huaiquil, werken de la Comunidad de Temucuicui. Se entregó voluntariamente al Tribunal de Garantia de Collipulli, quedando detenido el 18 de abril 2008. Había estado en prisión preventiva anteriormente y fue absuelto en la demanda por agresión presentada por Jaime Andrade, ex director de CONADI. Desde noviembre de 2006 y por más de cinco meses debió cumplir con medidas cautelares que lo obligaban a firmar cada 15 días en la tenencia de Ercilla. Su juicio había sido aplazado en diez oportunidades. El 4 de noviembre de 2008, luego de siete meses de prisión preventiva, fue absuelto de los cargos de supuesta agresión contra el ex director de CONADI.
4- Rodrigo Huenchullan Cayul, comunidad autónoma de Temucuicui. Acusado de incendio y amenaza contra René Urban. Estuvo cuatro meses preso en la cárcel de Victoria, después de entregarse voluntariamente en diciembre de 2008 en medio de un clima de aumento de la represión y de la violencia interna azuzada por CONADI al interior de la comunidad. El 4 de abril fue absuelto de otros cargos presentados por René Urban. Quedó libre el 20 de mayo de 2009, a la espera del juicio simplificado que tendrá lugar el 25 de junio y enfrenta una posible condena a 541 días por “amenaza” –el único cargo que se mantuvo - y que ya estarían abonados por el tiempo que pasó en prisión.
5 , 6 y 7.- Los hermanos Omar Huenchullan Cayul, Felipe Huenchullan Cayul, y José Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui resultaron absueltos el 4 de abril de las acusaciones de desorden público que se les hicieron por hechos ocurridos en agosto de 2006, donde por la prensa se acusó a la comunidad de obstaculizar el paso de un contingente policial que arreaba un piño del dueño del fundo vecino, de René Urban. En ese momento ambos participaban de una reunión con una periodista española en la que denunciaban la represión policial de la que es víctima la comunidad. Queipul fue acusado posteriormente de robo con intimidación, amenazas, daños y maltrato animal contra miembros de la comunidad Ignacio Queipul el 19/11 de 2008.
8.- Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, imputado por incendio y porte ilegal de armas. Fue detenido el 22/ 02/07 en Concepción después de vivir 4 años en la clandestinidad. También se unió a la huelga de hambre de Patricia Troncoso el 10 de octubre 2007 hasta el 30 diciembre. La única prueba en su contra era el testimonio inicial del comunero Roberto Painemil, quien lo inculpó bajo tortura. (ver Denuncias de Comunidades en Informe Junio de 2008, Comisión Etica Contra la Tortura). La fiscalía pedía para él una pena de 9 años. Se le negó siempre la libertad bajo fianza. Pero el 3 de junio de 2008, defendido por un equipo encabezado por Juan Guzmán Tapia, fue absuelto de todos los cargos en el juicio oral realizado en Temuco, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad el 25 de julio de 2008. El 15 de julio de 2009 fue detenido nuevamente, en casa de su madre, acusado por el Fiscal exclusivo de la causa mapuche, Mario Elgueta como “autor intelectual” de una supuesta emboscada en Tirúa. Se trata de un enfrentamiento de comuneros con la policía, ocurrido durante un inesperado allanamiento en que estaba presente el propio Fiscal, quien resultó herido leve.
9.- Roberto Carlos Painemil Parra, 35 años, comunidad Yeupeco Vilcún (la comunidad de origen de Matias Catrileo). En diciembre de 2006 fue detenido por civiles paramilitares armados. Es golpeado, amenazado y torturado por civiles y carabineros. Estuvo más de 1 año en prisión preventiva, solo en diciembre de 2007 declaró ante un tribunal. Su defensa la asumió el ex Juez Juan Guzmán quien declaró que la acusación de incendio de material perteneciente a la empresa forestal Mininco en diciembre 2006 era un montaje. Fue absuelto del cargo de incendio en juicio oral el 3 de junio de 2008 en Temuco y condenado a 541 dias (ya cumplidos) por una acusación menor. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia absolutoria el 25 de julio de 2008.
10.- Lonko Avelino Meñaco, acusado de participar en quema de cabañas en LleuLleu el 12 de octubre de 2007. La Corte de Apelaciones revocó su libertad condicional concedida inicialmente por el tribunal. Tuvo como defensor al ex Juez Juan Guzmán, y resultó absuelto el 22 de abril de 2009 en juicio oral en Cañete, luego de pasar 4 meses en prisión preventiva.
11, 12 y 13.- Erik von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández y Alex Daniel Bahamondes Garrido fueron acusados del incendio de dos camiones en el puente Chamichaco, comuna de Ercilla. El hecho ocurrió el 4 de enero de 2008, dos días después del asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo. La defensa presentó testimonios, fotos y videos en los que se ve a Juan Medina y Erik von Jentschyk en el velorio del joven mapuche a la hora que ocurrieron los hechos investigados. Se mostraron fotos en que Alex Bahamondes participaba de una marcha en Osorno el día 4 y de eventos familiares a lo largo del día. El Ministerio Público buscaba que los jóvenes fueran condenados a siete años y seis meses de presidio pero los tres activistas de la causa mapuche fueron condenados a 3 años y un día de libertad vigilada., la sentencia más baja que podía aplicarse. Ello indica que el tribunal no aceptó la mayor parte de las imputaciones de la fiscalía. Alex Bahamondes Garrido, descendiente de huilliches había sido detenido en San Pedro Viejo (Región del BioBio) el 11 de enero de 2008. Juan Bautista Medina Hernández, ingeniero forestal, miembro de la red de apoyo de las Comunidades Mapuche en conflicto de Concepción, fue detenido el 11 de enero en su domicilio, perdiendo de inmediato su trabajo. Erik von Jentschyk Vergara fue detenido el 20 de enero en Valdivia.
14, 15 y 16.- Absueltos de las acusaciones de incendio de un camión resultaron los hermanos Juan Martín Toro Ñanco y Leonardo Patricio Lican Ñanco, que fueron detenidos el 2 de mayo de 2008 en su comunidad, Newen Mapu José Millacheo de Chequenco junto a otros cinco comuneros, como autores del incendio de un camión de la empresa forestal Lascar en el sector Pidima, Ercilla, el 26 de abril de 2008. El fallo absolutorio se pronunció el 9 de marzo de 2009. Ellos habían pasado varios meses en la Cárcel de Temuco y luego accedieron a medidas cautelares de firma periódica.
Luis Millacheo Ñanco detenido junto a ellos, fue condenado a 5 años y un día, mientras que Andrés Lican Lican y Juan Bernardo Lican Melinao fueron condenados por la justicia chilena a cuatro años como autores de “robo con intimidación” y no del incendio por el que ya habían sido condenados por los medios de comunicación y el gobierno local los ocho detenidos. Presidió el tribunal el juez Andrés Villagra. El juicio duró 9 días, fracasando los fiscales en su empeño de encarcelar a a todos los comuneros. Esta instancia había procesado a ocho comuneros, pero tres de los procesados, José Millacheo Ñanco y José Millacheo Marin Fernando (detenidos el 2 de mayo de 2008, en la comunidad Newen Mapuche José Millacheo de Chequenco), y Enrique Millacheo Marín (detenido el 21 de noviembre en Contulmo) decidieron no presentarse a lo que consideraron un juicio viciado. José Millacheo Ñanco es hijo del lonko Ciraco Millacheo, quien permanece en la clandestinidad pues fue condenado en el caso Poluco Pidenco por la ley antiterrorista.
La condena se logró con la declaración de dos testigos protegidos, sin rostro, sumados a los peritajes de carabineros presentados por los fiscales Miguel Angel Velásquez y Alberto Chifelle, y los querellantes del gobierno y de la empresa Forestal Lascar. Según declaración de protesta de la comunidad estos carabineros son “los mismos que se han destacado por el trato especial hacia nuestro Pueblo Nación Mapuche, los mismos que allanan nuestras casas golpeando mujeres, ancianos y nuestros hijos, disparando y tratándonos de ‘indios’, encañonado a nuestra gente con sus armas de servicio, los mismos que asesinaron a Alex Lemun y Matías Catrileo.”
La Comunidad de Chequenco lleva más de una década manteniendo el control territorial sobre el fundo Chiguaihue, tierras usurpadas por Forestal Mininco.
17.- César Parra Leiva, comunero de Puerto Choque permaneció encarcelado desde octubre de 2008, acusado de agresión a Carabineros el 10 de junio de 2008, en medio de un allanamiento a su comunidad. El carabinero que lo acusó no presentaba ninguna lesión, en cambio Parra sí resultó herido a bala. Logró salir en libertad el 2 de abril de 2009 con medidas cautelares y esperaba juicio simplificado. Pero fue detenido nuevamente el 11 de abril de este año por los hechos de Puerto Choque (la “emboscada” ya citada anteriormente).
18.- Lonko Iván Llanquileo de comunidad Juana Millahual (Rukañanco), detenido el 31 de agosto del 2007 en su propia casa en la ribera del Lleu Lleu, acusado de tenencia de material de guerra en la comunidad y condenado por los medios, que informaron ampliamente del operativo de detención desarrollado por fuerzas conjuntas que coparon el territorio de la comunidad. En una casa deshabitada que no era el domicilio de Llanquileo, la policía informó haber encontrado un fusil. La fiscalía militar no pudo reunir antecedentes suficientes para seguir manteniendo a Llanquileo en prisión preventiva y luego de sucesivas apelaciones, quedó en libertad condicional el 8 de enero de 2009. El enjuiciamiento a un mapuche en la justicia militar constituye por otra parte, una evidente violación del fallo Palamara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por juzgar a un civil en justicia militar.
19.- Elena Varela López, detenida el 7 de mayo 2008, en Licanray, mientras trabajaba en el documental Newen Mapu, la Fuerza de la Gente de la Tierra. Espera la preparación del juicio oral que tendrá lugar en Villarrica (Región de la Araucanía) en fecha no determinada aún. En la acusación del fiscal Servando Jordán, publicada en todos los medios no falta nada: se vinculaba a Elena Varela al MIR, que era descrito como una organización terrorista, y también con el ELN de Colombia y también con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue condenada de antemano por los medios de comunicación, que junto con la Fiscalía la sindicaron como terrorista imputándole la planificación del asalto a un banco y el “delito” de tener vinculaciones con dirigentes mapuche y ser ex mirista. Los materiales incautados son entrevistas a dirigentes de comunidades en conflicto. La Asociación Chilena de Documentalistas ADOC junto a organizaciones de derechos humanos y personalidades del mundo de la cultura han denunciado su caso como un montaje considerando se está vulnerando la libertad de expresión y que ha sido perseguida por dar a conocer la voz de las comunidades agredidas por las empresas forestales.
Cumplió 3 meses de prision preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, luego cambiados a libertad diurna.
La detención de Elena Varela tuvo lugar el miércoles 7 de mayo de 2008, mientras trabajaba en su documental “Newen Mapu Che”, en su casa de Licanray. Al mismo tiempo, en Ercilla eran arrestadas otras cinco personas, pero el fiscal sólo perseveró en las acusaciones contra el ex preso político Kenny Sánchez y el chofer de Mininco Sergio Reyes. Sin embargo los seis detenidos sufrieron cárcel y estigmatización pública. Las pruebas exhibidas en esos días fueron, por ejemplo, banderas del MIR y armamento de fantasía utilizado en los documentales.
Este caso es quizás la pieza más compleja dentro del conjunto de los montajes, por el tipo de operativo desplegado a la hora de la detención, el secuestro de los materiales fílmicos y la manipulación de vínculos sentimentales de la detenida con fines de acusación política. Así logró la fiscalía que Elena Varela no pudiera concluir oportunamente los dos documentales premiados por FONDART en que trabajaba, Newen Mapu y Sueños del Comandante.
20.- Jonathan Vega Gajardo,
21.- Fénix Delgado Ahumada,
22.- Rodrigo Huechipan (menor de edad), los tres acusados de “incendio terrorista frustrado” el 30 de octubre de 2008 en el Bypass de Temuco. Se les enjuicia por ley antiterrorista. La defensa de los tres inculpados alega que se trata de un montaje pues se está juzgando intenciones. Las rigurosas medidas iniciales (prisión con restricción de visitas en los casos de Delgado y Vega) y las condenas mediáticas, dejaron paso a arresto domiciliario para Jonatahn y Fénix y firma periódica para el menor de edad, lo que evidencia que el caso no se sostiene.
La audiencia de preparación del juicio oral tendrá lugar en junio de 2009
23.- Mauricio Waikilao Waikilao, guardia de seguridad en un supermercado, y dirigente de la comunidad Yeupeko de Vilcún, Novena Región (a la que perteneció Matías Catrileo) está detenido por los delitos de “incendio terrorista”. Antes, en julio del 2008, Huaiquilao fue secuestrado por personal de inteligencia policial, siendo brutalmente golpeado y torturado durante un extenso interrogatorio. La Fiscalía lo acusa de recibir instrucción paramilitar en un campamento de las FARC de Colombia, hecho que estaría registrados en su diario de vida. El imputado denunció que el supuesto “diario de vida” son 12 poemas de amor de su autoría. El preso desafía a la policía a mostrar el “diario” que califica como “una fantasía del fiscal”. Eduardo Higuera Navarrete, ex funcionario de la empresa GSL Seguridad y ex empleador de Waikilao, declarará ante el juez que la noche del atentado incendiario que afectó al agricultor Eduardo Luchsinger, el imputado firmó su libro de asistencia como guardia a su cargo en el sector Pedro de Valdivia de Temuco.
Por otra parte, el año 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Acaluan, de la comunidad Cacique José Guiñon, que habían sido culpados de incendio terrorista en el fundo Poluco-Pidenco y sufrieron años de prisión por esa acusación. En 2007 fue exculpada de todo cargo la anciana Mercedes Paillalef, madre de la lonko Juana Calfunao, quien sufrió duras medidas cautelares durante un año, pero al momento del juicio no fue acusada.
Fuentes:
1.- Entrevistas y comunicaciones personales con miembros de comunidades, abogados, red Pulchetun, y otras organizaciones mapuche.
2.- Prensa electrónica de organizaciones mapuche y de organizaciones de derechos humanos:
www.kilapan.entodaspartes.net
www.mapuexpress.net
http://www.mapuche.info/
www.paismapuche.org
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
redchem.entodaspartes.org
www.meli.mapuches.org
www.observatorio.cl
www.azkintuwe.org
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com
Publicado en El Clarin domingo, 02 de agosto de 2009
Las denuncias de racismo que el equipo de Derechos Colectivos Mapuche este mes planteará ante el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, incluirán la práctica de los montajes llevada a cabo por la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y/o el Ministerio Público y los medios de comunicación masiva chilenos, recogiendo una sistematización de casos desarrollada por esta periodista para la Comisión Etica Contra la Tortura en su informe anual a la Presidenta Bachelet . El informe documenta 23 casos en que se evidencia ese tipo de manipulación dolosa de la información.
Queda al desnudo la incapacidad del gobierno de la Presidenta Bachelet de hacer frente a la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Hoy en la prensa n o están los montajes, reemplazados en terreno por los disparos desde helicópteros, el uso de lacrimógenas, balas antimotines y fuerzas especiales en el allanamiento (como en dictadura) de comunidades movilizadas por la tierra. Cada ciclo de lucha por recuperaciones de tierra es enfrentado de forma más violenta por el gobierno, debido a la imposibilidad de frenarlas. Atrapados entre el avance de las forestales, los megaproyectos de inversión y la complicidad de la institucionalidad del Estado, hay comunidades que sienten que hoy ya no hay otra opción.
La Concertación se ha demostrado incapaz de comprender que la detención de un dirigente o el debilitamiento de una organización sólo da paso –también como ocurría en dictadura- a otros líderes y organizaciones. El pueblo mapuche ni antes ni ahora ha tenido unidad política o jefaturas nacionales, pero sus reivindicaciones son similares y están respaldadas por el derecho internacional indígena. Hoy las comunidades en conflicto están en comunas como Ercilla, Villarrica, Cunco y Teodoro Schmidt (todas de la Región de la Araucanía) pero en una declaración fechada en Los Alamos, la mesa provincial de comunidades y asociaciones indígenas de Arauco (Region del BioBio) ha anunciado que si no encuentra respuesta, iniciará también movilizaciones. La Alianza Wenteche a su vez ha planteado que las recuperaciones se extenderán a fundos usurpados en comunas de Purén, Freire, Padre Las Casas y otras.
Esta organización estuvo tras la movilización de más de 140 lonkos y dirigentes tradicionales hacia La Moneda –el 7 de julio de este año - estrellándose contra la más absoluta indiferencia del aparato de gobierno, que se negó a escuchar sus planteamientos. La locuacidad de personeros del Ministerio de Interior no funciona en esta dirección.
Definiciones
El término montaje proviene del cine, sin embargo desde los años 30 se utiliza para identificar una forma dramatúrgica en la que las secuencias de la acción se montan en una sucesión de momentos autónomos. La expresión también suele utilizarse por la gente de teatro, la crítica o el público, como sinónimo de puesta en escena y/o de espectáculo. A la vez, se utiliza el verbo montar (una obra, un espectáculo ) para designar la acción y los trabajos de puesta en escena o de preparación de un espectáculo. (ver web.usach.cl/didascalia/glosario.html).
Aquí son secuencias político-judiciales puestas en escena por la policía y sus diferentes órganos, incluída la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y los fiscales exclusivos del Ministerio Público dedicados al conflicto Estado chileno-forestales/empresarios- mapuche. Para la generación que vivió la dictadura de Pinochet, estas prácticas retrotraen al país esos tiempos en que la DINA y luego la CNI utilizaron en forma constante ese recurso. Estos montajes políticos son difundidas ampliamente por los medios de comunicación masivos que existen en el país, especialmente por la televisión y la prensa de las cadenas El Mercurio y COPESA –los mismos diarios del tiempo de Augusto Pinochet- y no pueden ser contrarrestados debido al duopolio en la propiedad de los medios y la consiguiente falta de diversidad existentes. Operan como mecanismos de intimidación de la lucha social, presión hacia los tribunales de justicia, generación de opinión pública y de una cierta “jurisprudencia mediática”, es decir una conclusión favorable a los intereses de los autores del montaje y de los sectores del empresariado y gobierno vinculados al tema. El momento del “estreno” de cada montaje coincide con la información acerca de la detención y/o formalización de los protagonistas, a lo cual posteriormente se van agregando nuevos elementos como el hallazgo de pruebas inculpatorias, la conexión con organizaciones como las FARC, ETA, el gobierno venezolano u otros. Las denuncias sobre nexos entre las FARC y los mapuche las inició en 2008 el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, citando fuentes del gobierno colombiano. Espina busca así instalar en los medios una percepción que justifique la aplicación de la ley antiterrorista, crecientemente cuestionada por las organizaciones internacionales y nacionales.
En los montajes suelen actuar incluso los más altos personeros de gobierno como el ministro del Interior o el subsecretario del ramo, que recitan el libreto elaborado por la policía y la fiscalía. El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad en los años de dictadura, denunció esa conducta a propósito de las declaraciones del Subsecretario del Interior Patricio Rosende sobre las detenciones practicadas el pasado 12 de abril en Puerto Choque. Avila sostuvo en carta pública publicada en el diario electrónico Clarín de Chile: “A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro (subrogante) considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un cuarteto, de ciudadanos les queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese ¿cuarteto’ si ya el ministro del interior los condenó publicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería de mapuches”
Agrega Avila: “Al ministro le parece que lo más relevante de destacar es lo impresionante del operativo de Investigaciones y Carabineros. No le preocupa la ley ni la justicia del procedimiento sino …. se complace y gratifica de la fuerza desplegada. Su lógica es claramente militar, un bando lucha contra otro, siempre es impresionante ver como los propios hacen papilla a los enemigos. …Esta es claramente una lógica amigo-enemigo. Es la lógica de guerra de la seguridad nacional. Esa es la doctrina que llevó en un momento a la propia presidenta Bachelet a la Villa Grimaldi.”
Elenco estable de los montajes
Hay personajes que son parte del elenco permanente de los montajes: las fuerzas policiales instaladas en los lugares considerados problemáticos por su cercanía con objetivos de la lucha mapuche, como por ejemplo el retén móvil que vigila la comunidad de Temucuicui. Los recintos policiales especiales suelen contar con casas y/o la colaboración de personas que aceptan ese rol. La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas.
Objetivos de los montajes
En el período que va entre mayo de 2008 y junio de 2009 el aparato represivo y el Ministerio Público, vía reiterados montajes judiciales cumplieron su objetivo de mantener en prisión a líderes mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales y boicotean activamente proyectos de inversión que dañan su medio ambiente y territorio. Estos montajes alcanzan también a activistas no mapuche de la causa de ese pueblo y a periodistas, comunicadores audiovisuales que solidarizan con ellos. Quienes son acusados en los montajes político-judiciales tienen un doble juicio. La primera vez son condenados en pantalla y en los titulares por los medios de comunicación, sin derecho a defensa ni a réplica, puesto que los imputados ya están detenidos e incomunicados y sus cercanos ni siquiera conocen las acusaciones. Cuando se aplica la ley antiterrorista, ni siquiera los abogados tienen acceso a conocerlas ni tampoco a los testigos secretos en los que ellas se sustentan. El segundo juicio –el legal – tiene lugar después de meses o años de prisión preventiva de los acusados.
Fracaso del montaje
Afortunadamente, en democracia, gracias a la presencia de abogados privados de derechos humanos, o excepcionalmente, de defensores públicos conscientes, en algunas ocasiones - varios meses o años después – la sentencia de los tribunales es absolutoria. Se acredita así que las acusaciones difundidas por los medios y largamente articuladas desde la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y el ministerio público eran un montaje. Al desarrollarse el juicio oral, los jueces suelen dictaminar que no hay pruebas suficientes de los delitos imputados o que permitan mantener a los detenidos –que habían sido calificados como altamente peligrosos- en prisión preventiva. En esos casos las absoluciones no van acompañadas de reparación alguna por el daño sufrido por los imputados. También ha sucedido que los jueces dicten la sentencia más baja dentro del rango posible de aplicar por el delito imputado, lo que en derecho indica que tuvieron serias dudas respecto de la culpabilidad de los acusados.
Frente a las absoluciones o a sentencias a penas menores, el Ministerio Público reacciona generalmente buscando la nulidad de la sentencia, cuestión que en algunos casos ha logrado, imponiendo la repetición de los juicios. El gobierno, por su parte ha mostrado su desazón ante las recientes absoluciones a través de un comentario del subsecretario del interior, Patricio Rosende, que consideró “curioso” uno de los fallos absolutorios (5 de junio de 2009) de dos dirigentes de la comunidad autónoma de Temucuicui.
El rol de los medios
La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes del juicio oral, ya han sido condenados por los medios.
La televisión no contextualiza las acciones desplegadas por las comunidades, y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones o acciones de autodefensa. Sin embargo la prensa nacional informa sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en las regiones de población mapuche. Es importante destacar sin embargo que el creciente avance de los medios de comunicación electrónicos gestionados por las propias organizaciones mapuche, está construyendo progresivamente una poderosa barrera y palanca contra la desinformación, al menos para el público y las generaciones con acceso a Internet y para las organizaciones de pueblos originarios en todo el mundo.
Jueces de garantía y defensores públicos
Por otra parte, la actuación de los jueces de garantía constituye en general un mecanismo funcional de reafirmación de la criminalización de estas luchas. Es habitual que los detenidos mapuche pasen más de ocho meses en prisión preventiva o deban cumplir engorrosas medidas cautelares que obstaculizan sus tareas en el campo, perturban su calidad de vida y participación en sus organizaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco, por ejemplo, es sumamente rápida para revocar las libertades condicionales dadas por algun juez de garantía.
Otro de los factores co-adyuvantes en el éxito de esta táctica para criminalizar e intentar detener la lucha social y reivindicativa mapuche es la inoperancia de los defensores públicos (de oficio), ligada a una excesiva cantidad de casos a atender en distintas comunas y juzgados. Pero muchas veces –según los afectados- su pobre actuación responde a simple desidia y/o complicidad con la Fiscalía, lo que posibilita largos períodos de detención preventiva sin petición de cambio de estas medidas cautelares.
Temucuicui (comuna de Ercilla Región de la Araucanía) una de las comunidades que está permanentemente sitiada por fuerzas policiales, concentra un número importante de casos de absoluciones tras largos períodos de prisión “preventiva”.
Sobre montajes político-judiciales seguidos de absoluciones totales, y/o cambios de prisión preventiva por medidas cautelares que implican reconocer la no peligrosidad de los imputados pueden dar amplio testimonio Jaime Huenchullan Cayul, Julio Cayhuan Nahuelpi, Victor Queipul Huaiquil, los hermanos Rodrigo, Omar y Felipe Huenchullan Cayul, todos ellos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. También Héctor Llaitul Carrillanca (Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto), Roberto Painemil Parra (comunidad Yeupeko) Avelino Meñaco (LleuLleu), Erick von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández, Alex Bahamondes Garrido (activistas estudiantiles), Juan Toro Ñanco, Leonardo Lican Ñanco (ambos de Chequenco, Ercilla), César Parra Leiva (Puerto Choque, Tirúa), Iván Llanquileo (de Juana Millahual, LleuLleu), Elena Varela López (Licanray), Jonathan Vega Gajardo, Fénix Delgado Ahumada, Rodrigo Huechipan (todos estudiantes), y Mauricio Waikilao Waikilao (Yeupeko, Vilcun).
A continuación una reseña de cada uno de estos montajes.
1.- Jaime Huenchullan Cayul, werken de la asediada comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla. Se entregó voluntariamente el 18 de septiembre de 2008 por encontrarse gravemente enfermo. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el ex juez Juan Guzmán para que cesara la tortura inflingida en prisión, donde se le mantuvo inicialmente engrillado y con trato inhumano. Fue formalizado entoncees por incendio del fundo de René Urban, vecino de su comunidad. El 1º de junio de 2009 comenzó el juicio oral en Angol y fue absuelto de los cargos. El 4 de abril de 2009 había sido absuelto de otras acusaciones. Todo el tiempo que duró la investigación - casi nueve meses - se le mantuvo en prisión preventiva. Durante el período de prisión, él anunció su decisión de renunciar a la nacionalidad chilena para hacer valer sus derechos como miembro de un pueblo originario, según los tratados internacionales.
2.- Julio Cayhuan Nahuelpi, de la comunidad Autónoma de Temucuicui. Se entregó voluntariamente el 20 de octubre de 2008. Denunció haber sido sometido a tortura en la Comisaría de Collipulli e Investigaciones de Angol al entregarse. Se le acusó de incendio de propiedad de René Urban. El juicio oral se inició el 1º de junio en Angol. La Fiscalía pedía 15 años de prisión por incendio de un camión, 10 años por incendio de avena y 100 días por lesiones de Urban. El juicio oral tuvo lugar el 1º de junio en Angol y fue absuelto de todos los cargos.
El Ministerio Público pidió la anulación del juicio oral que absolvió a Jaime Huenchullán Cayul y a Julio Cayhuán Nahuelpi, imputados de cometer un ataque incendiario contra el fundo "La Romana", del agricultor René Urban.
3.- Víctor Enrique Queipul Huaiquil, werken de la Comunidad de Temucuicui. Se entregó voluntariamente al Tribunal de Garantia de Collipulli, quedando detenido el 18 de abril 2008. Había estado en prisión preventiva anteriormente y fue absuelto en la demanda por agresión presentada por Jaime Andrade, ex director de CONADI. Desde noviembre de 2006 y por más de cinco meses debió cumplir con medidas cautelares que lo obligaban a firmar cada 15 días en la tenencia de Ercilla. Su juicio había sido aplazado en diez oportunidades. El 4 de noviembre de 2008, luego de siete meses de prisión preventiva, fue absuelto de los cargos de supuesta agresión contra el ex director de CONADI.
4- Rodrigo Huenchullan Cayul, comunidad autónoma de Temucuicui. Acusado de incendio y amenaza contra René Urban. Estuvo cuatro meses preso en la cárcel de Victoria, después de entregarse voluntariamente en diciembre de 2008 en medio de un clima de aumento de la represión y de la violencia interna azuzada por CONADI al interior de la comunidad. El 4 de abril fue absuelto de otros cargos presentados por René Urban. Quedó libre el 20 de mayo de 2009, a la espera del juicio simplificado que tendrá lugar el 25 de junio y enfrenta una posible condena a 541 días por “amenaza” –el único cargo que se mantuvo - y que ya estarían abonados por el tiempo que pasó en prisión.
5 , 6 y 7.- Los hermanos Omar Huenchullan Cayul, Felipe Huenchullan Cayul, y José Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui resultaron absueltos el 4 de abril de las acusaciones de desorden público que se les hicieron por hechos ocurridos en agosto de 2006, donde por la prensa se acusó a la comunidad de obstaculizar el paso de un contingente policial que arreaba un piño del dueño del fundo vecino, de René Urban. En ese momento ambos participaban de una reunión con una periodista española en la que denunciaban la represión policial de la que es víctima la comunidad. Queipul fue acusado posteriormente de robo con intimidación, amenazas, daños y maltrato animal contra miembros de la comunidad Ignacio Queipul el 19/11 de 2008.
8.- Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, imputado por incendio y porte ilegal de armas. Fue detenido el 22/ 02/07 en Concepción después de vivir 4 años en la clandestinidad. También se unió a la huelga de hambre de Patricia Troncoso el 10 de octubre 2007 hasta el 30 diciembre. La única prueba en su contra era el testimonio inicial del comunero Roberto Painemil, quien lo inculpó bajo tortura. (ver Denuncias de Comunidades en Informe Junio de 2008, Comisión Etica Contra la Tortura). La fiscalía pedía para él una pena de 9 años. Se le negó siempre la libertad bajo fianza. Pero el 3 de junio de 2008, defendido por un equipo encabezado por Juan Guzmán Tapia, fue absuelto de todos los cargos en el juicio oral realizado en Temuco, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad el 25 de julio de 2008. El 15 de julio de 2009 fue detenido nuevamente, en casa de su madre, acusado por el Fiscal exclusivo de la causa mapuche, Mario Elgueta como “autor intelectual” de una supuesta emboscada en Tirúa. Se trata de un enfrentamiento de comuneros con la policía, ocurrido durante un inesperado allanamiento en que estaba presente el propio Fiscal, quien resultó herido leve.
9.- Roberto Carlos Painemil Parra, 35 años, comunidad Yeupeco Vilcún (la comunidad de origen de Matias Catrileo). En diciembre de 2006 fue detenido por civiles paramilitares armados. Es golpeado, amenazado y torturado por civiles y carabineros. Estuvo más de 1 año en prisión preventiva, solo en diciembre de 2007 declaró ante un tribunal. Su defensa la asumió el ex Juez Juan Guzmán quien declaró que la acusación de incendio de material perteneciente a la empresa forestal Mininco en diciembre 2006 era un montaje. Fue absuelto del cargo de incendio en juicio oral el 3 de junio de 2008 en Temuco y condenado a 541 dias (ya cumplidos) por una acusación menor. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia absolutoria el 25 de julio de 2008.
10.- Lonko Avelino Meñaco, acusado de participar en quema de cabañas en LleuLleu el 12 de octubre de 2007. La Corte de Apelaciones revocó su libertad condicional concedida inicialmente por el tribunal. Tuvo como defensor al ex Juez Juan Guzmán, y resultó absuelto el 22 de abril de 2009 en juicio oral en Cañete, luego de pasar 4 meses en prisión preventiva.
11, 12 y 13.- Erik von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández y Alex Daniel Bahamondes Garrido fueron acusados del incendio de dos camiones en el puente Chamichaco, comuna de Ercilla. El hecho ocurrió el 4 de enero de 2008, dos días después del asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo. La defensa presentó testimonios, fotos y videos en los que se ve a Juan Medina y Erik von Jentschyk en el velorio del joven mapuche a la hora que ocurrieron los hechos investigados. Se mostraron fotos en que Alex Bahamondes participaba de una marcha en Osorno el día 4 y de eventos familiares a lo largo del día. El Ministerio Público buscaba que los jóvenes fueran condenados a siete años y seis meses de presidio pero los tres activistas de la causa mapuche fueron condenados a 3 años y un día de libertad vigilada., la sentencia más baja que podía aplicarse. Ello indica que el tribunal no aceptó la mayor parte de las imputaciones de la fiscalía. Alex Bahamondes Garrido, descendiente de huilliches había sido detenido en San Pedro Viejo (Región del BioBio) el 11 de enero de 2008. Juan Bautista Medina Hernández, ingeniero forestal, miembro de la red de apoyo de las Comunidades Mapuche en conflicto de Concepción, fue detenido el 11 de enero en su domicilio, perdiendo de inmediato su trabajo. Erik von Jentschyk Vergara fue detenido el 20 de enero en Valdivia.
14, 15 y 16.- Absueltos de las acusaciones de incendio de un camión resultaron los hermanos Juan Martín Toro Ñanco y Leonardo Patricio Lican Ñanco, que fueron detenidos el 2 de mayo de 2008 en su comunidad, Newen Mapu José Millacheo de Chequenco junto a otros cinco comuneros, como autores del incendio de un camión de la empresa forestal Lascar en el sector Pidima, Ercilla, el 26 de abril de 2008. El fallo absolutorio se pronunció el 9 de marzo de 2009. Ellos habían pasado varios meses en la Cárcel de Temuco y luego accedieron a medidas cautelares de firma periódica.
Luis Millacheo Ñanco detenido junto a ellos, fue condenado a 5 años y un día, mientras que Andrés Lican Lican y Juan Bernardo Lican Melinao fueron condenados por la justicia chilena a cuatro años como autores de “robo con intimidación” y no del incendio por el que ya habían sido condenados por los medios de comunicación y el gobierno local los ocho detenidos. Presidió el tribunal el juez Andrés Villagra. El juicio duró 9 días, fracasando los fiscales en su empeño de encarcelar a a todos los comuneros. Esta instancia había procesado a ocho comuneros, pero tres de los procesados, José Millacheo Ñanco y José Millacheo Marin Fernando (detenidos el 2 de mayo de 2008, en la comunidad Newen Mapuche José Millacheo de Chequenco), y Enrique Millacheo Marín (detenido el 21 de noviembre en Contulmo) decidieron no presentarse a lo que consideraron un juicio viciado. José Millacheo Ñanco es hijo del lonko Ciraco Millacheo, quien permanece en la clandestinidad pues fue condenado en el caso Poluco Pidenco por la ley antiterrorista.
La condena se logró con la declaración de dos testigos protegidos, sin rostro, sumados a los peritajes de carabineros presentados por los fiscales Miguel Angel Velásquez y Alberto Chifelle, y los querellantes del gobierno y de la empresa Forestal Lascar. Según declaración de protesta de la comunidad estos carabineros son “los mismos que se han destacado por el trato especial hacia nuestro Pueblo Nación Mapuche, los mismos que allanan nuestras casas golpeando mujeres, ancianos y nuestros hijos, disparando y tratándonos de ‘indios’, encañonado a nuestra gente con sus armas de servicio, los mismos que asesinaron a Alex Lemun y Matías Catrileo.”
La Comunidad de Chequenco lleva más de una década manteniendo el control territorial sobre el fundo Chiguaihue, tierras usurpadas por Forestal Mininco.
17.- César Parra Leiva, comunero de Puerto Choque permaneció encarcelado desde octubre de 2008, acusado de agresión a Carabineros el 10 de junio de 2008, en medio de un allanamiento a su comunidad. El carabinero que lo acusó no presentaba ninguna lesión, en cambio Parra sí resultó herido a bala. Logró salir en libertad el 2 de abril de 2009 con medidas cautelares y esperaba juicio simplificado. Pero fue detenido nuevamente el 11 de abril de este año por los hechos de Puerto Choque (la “emboscada” ya citada anteriormente).
18.- Lonko Iván Llanquileo de comunidad Juana Millahual (Rukañanco), detenido el 31 de agosto del 2007 en su propia casa en la ribera del Lleu Lleu, acusado de tenencia de material de guerra en la comunidad y condenado por los medios, que informaron ampliamente del operativo de detención desarrollado por fuerzas conjuntas que coparon el territorio de la comunidad. En una casa deshabitada que no era el domicilio de Llanquileo, la policía informó haber encontrado un fusil. La fiscalía militar no pudo reunir antecedentes suficientes para seguir manteniendo a Llanquileo en prisión preventiva y luego de sucesivas apelaciones, quedó en libertad condicional el 8 de enero de 2009. El enjuiciamiento a un mapuche en la justicia militar constituye por otra parte, una evidente violación del fallo Palamara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por juzgar a un civil en justicia militar.
19.- Elena Varela López, detenida el 7 de mayo 2008, en Licanray, mientras trabajaba en el documental Newen Mapu, la Fuerza de la Gente de la Tierra. Espera la preparación del juicio oral que tendrá lugar en Villarrica (Región de la Araucanía) en fecha no determinada aún. En la acusación del fiscal Servando Jordán, publicada en todos los medios no falta nada: se vinculaba a Elena Varela al MIR, que era descrito como una organización terrorista, y también con el ELN de Colombia y también con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue condenada de antemano por los medios de comunicación, que junto con la Fiscalía la sindicaron como terrorista imputándole la planificación del asalto a un banco y el “delito” de tener vinculaciones con dirigentes mapuche y ser ex mirista. Los materiales incautados son entrevistas a dirigentes de comunidades en conflicto. La Asociación Chilena de Documentalistas ADOC junto a organizaciones de derechos humanos y personalidades del mundo de la cultura han denunciado su caso como un montaje considerando se está vulnerando la libertad de expresión y que ha sido perseguida por dar a conocer la voz de las comunidades agredidas por las empresas forestales.
Cumplió 3 meses de prision preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, luego cambiados a libertad diurna.
La detención de Elena Varela tuvo lugar el miércoles 7 de mayo de 2008, mientras trabajaba en su documental “Newen Mapu Che”, en su casa de Licanray. Al mismo tiempo, en Ercilla eran arrestadas otras cinco personas, pero el fiscal sólo perseveró en las acusaciones contra el ex preso político Kenny Sánchez y el chofer de Mininco Sergio Reyes. Sin embargo los seis detenidos sufrieron cárcel y estigmatización pública. Las pruebas exhibidas en esos días fueron, por ejemplo, banderas del MIR y armamento de fantasía utilizado en los documentales.
Este caso es quizás la pieza más compleja dentro del conjunto de los montajes, por el tipo de operativo desplegado a la hora de la detención, el secuestro de los materiales fílmicos y la manipulación de vínculos sentimentales de la detenida con fines de acusación política. Así logró la fiscalía que Elena Varela no pudiera concluir oportunamente los dos documentales premiados por FONDART en que trabajaba, Newen Mapu y Sueños del Comandante.
20.- Jonathan Vega Gajardo,
21.- Fénix Delgado Ahumada,
22.- Rodrigo Huechipan (menor de edad), los tres acusados de “incendio terrorista frustrado” el 30 de octubre de 2008 en el Bypass de Temuco. Se les enjuicia por ley antiterrorista. La defensa de los tres inculpados alega que se trata de un montaje pues se está juzgando intenciones. Las rigurosas medidas iniciales (prisión con restricción de visitas en los casos de Delgado y Vega) y las condenas mediáticas, dejaron paso a arresto domiciliario para Jonatahn y Fénix y firma periódica para el menor de edad, lo que evidencia que el caso no se sostiene.
La audiencia de preparación del juicio oral tendrá lugar en junio de 2009
23.- Mauricio Waikilao Waikilao, guardia de seguridad en un supermercado, y dirigente de la comunidad Yeupeko de Vilcún, Novena Región (a la que perteneció Matías Catrileo) está detenido por los delitos de “incendio terrorista”. Antes, en julio del 2008, Huaiquilao fue secuestrado por personal de inteligencia policial, siendo brutalmente golpeado y torturado durante un extenso interrogatorio. La Fiscalía lo acusa de recibir instrucción paramilitar en un campamento de las FARC de Colombia, hecho que estaría registrados en su diario de vida. El imputado denunció que el supuesto “diario de vida” son 12 poemas de amor de su autoría. El preso desafía a la policía a mostrar el “diario” que califica como “una fantasía del fiscal”. Eduardo Higuera Navarrete, ex funcionario de la empresa GSL Seguridad y ex empleador de Waikilao, declarará ante el juez que la noche del atentado incendiario que afectó al agricultor Eduardo Luchsinger, el imputado firmó su libro de asistencia como guardia a su cargo en el sector Pedro de Valdivia de Temuco.
Por otra parte, el año 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Acaluan, de la comunidad Cacique José Guiñon, que habían sido culpados de incendio terrorista en el fundo Poluco-Pidenco y sufrieron años de prisión por esa acusación. En 2007 fue exculpada de todo cargo la anciana Mercedes Paillalef, madre de la lonko Juana Calfunao, quien sufrió duras medidas cautelares durante un año, pero al momento del juicio no fue acusada.
Fuentes:
1.- Entrevistas y comunicaciones personales con miembros de comunidades, abogados, red Pulchetun, y otras organizaciones mapuche.
2.- Prensa electrónica de organizaciones mapuche y de organizaciones de derechos humanos:
www.kilapan.entodaspartes.net
www.mapuexpress.net
http://www.mapuche.info/
www.paismapuche.org
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
redchem.entodaspartes.org
www.meli.mapuches.org
www.observatorio.cl
www.azkintuwe.org
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com
Publicado en El Clarin domingo, 02 de agosto de 2009
La "guerra fría" peruana contra los Pueblos Indígenas.
Mapa de las comunidades afiliadas a Aidesep
El reciente conflicto en la Amazonía peruana es solamente el síntoma más violento de una guerra fría que el Presidente Alan García y el partido Aprista han lanzado contra los grupos indígenas. Junto a la propaganda racista y la represión violenta, el Gobierno ha intentado poner en marcha mecanismos legales altamente cuestionables para desarticular el poder de los grupos indígenas.
La propaganda del Gobierno tiene como finalidad promover el modelo de desarrollo de libre mercado, con especial énfasis en el comercio y la explotación de los recursos naturales. García ha emitido una serie de decretos encaminados a implementar el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Perú (TLC) con el propósito de abrir el Amazonas a la explotación y exploración de sus recursos naturales. Un estudio reciente muestra que García tiene proyectadas concesiones en favor de compañías petroleras y gasíferas que afectan a más del 72% de la Amazonía peruana.
En este proceso, la administración
Los decretos más despreciables
Pero ya antes de la violencia ocurrida en el Amazonas, la guerra fría real fue la lanzada por García contra los Pueblos Indígenas del Perú. La batalla en el Amazonas fue la culminación violenta de meses de hostigamiento y conflicto de baja intensidad. A pesar de la ferviente oposición, parece ser que García sigue intentando sacar adelante su impopular agenda.
La Guerra de Propaganda
Incluso antes de la implementación formal del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos el pasado mes de febrero, García ya había sentado los cimientos de su guerra fría. En octubre de 2007, el Presidente escribió un artículo en el diario El Comercio titulado "El síndrome del perro del hortelano". El artículo compara a los defensores de los recursos naturales con el perro que no come ni deja comer. Además de insinuar la comparación racista entre indígenas y perros, García culpó a sus oponentes - señalando a los indígenas - de obstaculizar el desarrollo del Perú gracias al capital extranjero.
Desde que el Congreso Peruano ratificara el Tratado de Libre Comercio, García se ha enfrentado dos veces con los grupos indígenas a causa de los recursos naturales de sus territorios. En ambas ocasiones -en agosto de 2008 y la reciente protesta de junio- los decretos
García también efectuó declaraciones con la intención de amedrentar a los peruanos, quienes tan sólo ahora han comenzado a recuperarse de los veinte años de violencia política. Evocó las imágenes de insurgentes armados y peligrosos con la intención de presentar las protestas indígenas como parte de un complot más amplio dirigido a desestabilizar el país. Recurrió al lenguaje de la brutal guerra civil peruana, en la cual 75,000 personas perdieron sus vidas de manera absurda culpando al "Comunismo Internacional" de las protestas.
Incluso un General de
La amenaza comunista
La administración
García ha retratado las protestas como parte de un complot iniciado por Venezuela y Bolivia, pero ha admitido públicamente que no existen pruebas de tales acusaciones. El Primer Ministro Yehude Simon, quien ha sido una figura clave de la campaña propagandista del Gobierno, se hizo eco de que éstas carecían de fundamento. (En medio de la presión pública, Simon ha sido reemplazado). Para Simon, todo esto fue parte de una vasta conspiración mediante la cual los gobiernos Boliviano y Venezolano trataron de debilitar la industria de Hidrocarburos del Perú en un intento de estimular sus propias industrias.
García ha respaldado estas acusaciones con acciones. Su administración ha lanzado recientemente una investigación contra Aidesep por parte de
Las maquinaciones legales
El mandato de la APCI incluye el monitoreo de los proyectos y actividades de las ONGs para garantizar que los mismos sean conformes a los objetivos de desarrollo del Gobierno: en el caso de la administración
La coincidencia de las investigaciones y declaraciones realizadas por representantes de la APCI pone de relieve la existencia de fuertes motivaciones políticas. La primera investigación de la APCI fue lanzada en agosto de 2008, al tiempo que se estaban llevando a cabo intensas negociaciones entre los indígenas participantes en las protestas y el Gobierno. En aquel momento, el Director Ejecutivo de la APCI, Carlos Pando, advirtió a las ONGs que se abstuvieran de involucrarse en conflictos sociales porque esto iba en contra de la naturaleza de su trabajo. Expresó su preocupación acerca de la influencia que ciertas ONGs tenían sobre las comunidades indígenas al alimentarles con falsa información que a menudo terminaba con protestas contra las acciones del Gobierno. Asimismo advirtió que este tipo de actividades podrían conducir a la revocación de la personalidad jurídica de las ONGs. A finales de agosto, sin embargo, el Congreso rechazó los controvertidos decretos y la investigación iniciada por la APCI concluyó sin resultados.
La segunda investigación fue anunciada en mayo de 2009, justo en medio de los 60 días de paralización en el Amazonas. El anuncio de la misma provocó amplio rechazo e indignación entre los grupos
Simultáneamente, la administración intentó presentar a los indígenas como una amenaza a la seguridad nacional del país; una vez más García tildó a los indígenas que realizaban las protestas como gente simple que no entendía el verdadero propósito de los decretos que abren la selva a la extracción de los recursos naturales. García afirmó que en lugar de dañar las tierras indígenas, los decretos se concibieron para proteger el Amazonas de los cocaleros, de la contaminación originada por la minería ilegal y de la deforestación ilegal. Estas afirmaciones fueron repetidas en proclamas publicadas por las embajadas peruanas en el exterior, seguramente con la intención de acallar la gran recriminación global que estaban provocando las acciones del Gobierno peruano.
La complicidad de los medios de comunicación peruanos.
Los medios de comunicación nacional, a menudo acusados de representar los intereses del poder político y económico, apoyaron el estereotipo racista contra los comunidades indígenas. Los indígenas fueron rutinariamente mostrados como analfabetos o mal preparados y, por lo tanto, no cualificados para participar en ningún debate nacional sobre el futuro del país.
Un ejemplo concreto y deplorable fue la publicación en portada de la foto de la congresista indígena Hilaria Supa, representante por Cuzco, que apareció en el diario El Correo de 17 de abril de 2009. La foto, publicada en medio de las protestas de los meses de abril y mayo, muestra de cerca las notas tomadas por ella a mano y que obviamente fueron publicadas para ridiculizar a la congresista indígena quechua hablante por su ortografía en castellano.
El artículo que acompañaba a esta foto venía a insinuar que el limitado conocimiento del castellano por parte de la Congresista probaba su falta de preparación para el cargo, puesto que sólo logró, según el diario, por política racial. Los ataques de los medios de comunicación contra la credibilidad de Supa no se detuvieron ahí. También hicieron referencia a sus posiciones previas contra la administración
El fracaso total de García.
A pesar de sus esfuerzos, García parece haber perdido otra batalla en su larga guerra fría contra los grupos indígenas. Una vez más, el Congreso peruano ha decidido rechazar los controvertidos decretos del Amazonas - acción que ahora García afirma apoyar en nombre de la unidad nacional. Pero la guerra fría continúa y podría intensificarse en una batalla abierta, como ocurrió la última vez que el Gobierno provocó a los indígenas para que protestaran.
A finales de junio, un comité del Congreso aprobó una modificación a la ley sobre la APCI que nuevamente permite un amplio control del Gobierno sobre las ONGs. La nueva enmienda permite a la agencia regular la financiación privada de origen extranjero. La ley también prohíbe expresamente a las ONGs hacer cualquier tipo de declaración que incite a la violencia, un parámetro increíblemente amplio que podría ser usado para criminalizar a las ONGs, así como para imponer límites a su derecho a la libertad de expresión y asociación.
Rolando Souza, aliado en el congreso del deshonrado y encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, usó la violencia de Bagua como ejemplo de por qué el Gobierno debería monitorear el financimiento exterior de los grupos locales. Souza señaló a Aidesep como la razón principal de esta iniciativa legislativa. No obstante, quienes vienen haciendo estas acusaciones no han presentado aún evidencia alguna que apoye tales declaraciones sobre la participación extranjera.
Mientras tanto, una encuesta de junio indicaba que el apoyo a la gestión
El Gobierno continúa también afrontando las repercusiones de los eventos ocurridos en Bagua. El 10 de julio, la Defensoría del Pueblo anunció una investigación sobre la desaparición de Lewis Wassum, un miembro de una comunidad indígena del Amazonas. La última vez que lo vieron fue en una fotografía publicada el 8 de junio, donde aparece esposado mientras lo trasladaban a una estación policial. El Gobierno y algunos líderes indígenas también han llegado a un acuerdo para iniciar una investigación sobre los hechos de Bagua.
Aún queda la interrogante de si el Presidente continuará o no con su guerra fría contra los pueblos indígenas del Perú . Pero una cosa parece cierta: su administración se ha negado a dar marcha atrás en su objetivo de extraer los recursos naturales del Amazonas, sin importar las consecuencias. A menos de dos semanas de la violencia en Bagua, hechos que algunos grupos
Stephen Corry, el director de "Survival International", que defiende los derechos indígenas a nivel internacional, dijo: "quien hubiera esperado que la violencia espantosa de las últimas semanas fuera a hacer que el Gobierno peruano fuera algo más sensible hacia los pueblos indígenas del Amazonas, estará realmente consternado ante esta noticia".
Corry continuó, "Las circunstancias no podrían ser peores - el Gobierno está tratando de presentar una imagen pública más amigable, pero en lo que concierne a las empresas petroleras, todo sigue como de costumbre".
15 de julio de 2009
Kristina Aiello
Kristina Aiello es investigadora asociada del Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA por sus siglas en inglés) y activista de derechos humanos. Este artículo fue publicado originalmente el 15 de julio de 2009 en inglés en el sitio web de NACLA bajo el título "Peru's 'Cold War' Against Indigenous Peoples": https://nacla.org/node/5995
Publicado en español Equipo Nizkor
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