Esta mañana se ha presentado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, un informe sobre la realidad migratoria que tenemos en Madrid.
Buenos días: Queremos en primer lugar desde la Federación Estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España "FERINE", agradecer la posibilidad de trasladar a esta Institución, nuestra realidad como personas inmigrantes. Son pocas las ocasiones en las que podemos dirigirnos directamente a las autoridades políticas, y en el tiempo que se nos ha otorgado trataremos de ser lo más precisos en trasladar a ustedes, aquellas cuestiones que son nuestra preocupaciones más importantes.
En
primer lugar, señalar que en la Comunidad de Madrid a la fecha somos 956.386
personas inmigrantes, lo cual representa un 5.8 % menos que en 2012, y que la
tendencia es a la baja en los próximos meses. Esta sangría de inmigrantes en esta
comunidad, que es reflejo de lo que pasa en todo el país, es resultado directo
de la actual crisis económica que se arrastra ya por varios años, y en las que
hemos sido una de las principales víctimas. La parte más cruel de esta crisis y
sus efectos es el paro, que sufrimos
al igual que el resto de españoles. En abril pasado fueron más de 500 mil los
desempleados en la capital de España. Y nuestro
colectivo, representa más del 40 % de esta población, y en la mayoría de los
casos se asume esta situación de desempleo sin contar con redes sociales o
familiares de apoyo.
Esta
falta de empleo trae además efectos colaterales, como son la imposibilidad de
pagar los créditos para la vivienda, y la respectiva medida de desahucio de ellas.
Por ello demandamos la intervención del Estado en favor de las familias
hipotecadas, con la inmediata paralización de los embargos y desahucios por
impago de créditos. La búsqueda de soluciones a través de medidas que hemos
apoyado activamente como la dación en pago de la deuda y alquileres sociales
para todas estas familias independientes de su origen.
Para
salir de esta situación compartimos las formulaciones de quienes desde el conocimiento
económico, consideran que es primordial y
fundamental reactivar la economía para que
se generen desde el gobierno central y autonómico, políticas que apunten a la
creación de fuentes de trabajo pública, y con un salario mínimo que cubra las
necesidades básicas para una vida digna. Pero también es necesario modificar de manera
sustancial la reforma laboral que facilita el despido y
empeora las condiciones de trabajo. Porque la experiencia de este tiempo de
instauración de la misma se ha demostrado que en vez de crear empleo lo ha
destruido. ¡¡Necesitamos trabajar y queremos trabajar !!
Otro
efecto que sentimos fuertemente es la aplicación de la ley de extranjería en
los marcos de esta crisis, que conduce a
la pérdida de la documentación o irregularidad sobrevenida, que nos impide
estar regularizados en España. Al amparo
de esta ley y a consecuencia de la falta de trabajo, y al no reunir los tiempos de cotización exigidos,
se está produciendo un aumento alarmante de la irregularidad administrativa.
Esta situación que afecta a cada vez más inmigrantes, que no pueden renovar sus
permisos de trabajo y residencia, son una arista más de la crisis que nos deja
en una irregularidad difícil de sobrellevar. Por ello también solicitamos que
se aplique la renovación de los permisos de residencia y trabajo, independiente
del tiempo mínimo cotizado. Y en el caso
de las personas indocumentadas debe existir flexibilizaciones para que ellas
puedan regularizar su situación, actualmente solo lo pueden hacer bajo la
premisa del arraigo social, con requisitos casi imposibles de cumplir , entre
ellos tener un contrato de trabajo de un año, con los tiempos que corren donde
la precariedad hace que ese tipo de contratos ni a los españoles se les otorga.
Asimismo ese puesto de trabajo debe estar en el catalogo de difícil cobertura,
que solo da cuenta de trabajos y oficios muy alejados de los perfiles de las
personas inmigrantes. Entendemos que lo descrito es competencia del gobierno
central, pero creemos que es de justicia hacerles saber nuestra opinión sobre
este tema.
En segundo lugar, otra de las
grandes dificultades que enfrentamos ha sido la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
16/2012, que ha expulsado desde los servicios de salud a mas de 873.000
extranjeros residentes en España, los
que han sido dados de baja, ocasionando
con ello un atentado a su derecho a la vida. Tal como señalaba médicos del
mundo: “El privar de asistencia médica sanitaria general ordinaria, puede
conducir a la muerte de un gran número de personas que sufran de enfermedades
físicas o mentales agudas o crónicas, así como el riesgo existente de que se
propaguen enfermedades sin control de salubridad”. La perdida de la tarjeta
sanitaria y la marginación al acceso a los servicios de salud es un grave
problema que ya le ha costado la vida a algunos inmigrantes, entre ellos al
ciudadano senegalés Alpha Pam, en Baleares. Por ello y antes que en nuestro
Madrid se produzcan muertes como la de este joven, solicitamos que desde esta
comunidad se exija al gobierno central que se derogue este real decreto. Al
tiempo que no sea aplicado en el ámbito administrativo del radio en el cual
gobierna esta Comunidad. Asimismo demandamos la existencia de una sanidad
pública, universal, de calidad y sin exclusiones. Ya que el derecho a la vida
de miles de personas depende de la derogación de ese inmoral Real decreto.
El
tercer problema que tenemos, es la continua política de redadas policiales,
iniciadas por el gobierno del PSOE, y continuadas por al actual gobierno del PP.
Solo en el año 2012 se contabilizaron 1142 de estas acciones en lugares
públicos de la ciudad de Madrid. Estas tiene como objetivos amedrentar a las
personas inmigrantes, y bajo el paraguas de “operativos policiales “ se
esconden acciones xenófobas y racistas, que van legitimando un accionar cada
vez más creciente en contra de nuestro colectivo. Haciendo crecer en la
población un sentimiento xenófobo y racista, que empieza peligrosamente a dañar
la convivencia en barrios y espacios públicos con resultados insospechados.
La última
redada conocida se desarrolló en el barrio de Lavapiés el pasado 16 de mayo,
que se saldó con una decena de detenidos e incidentes con los vecinos. Esta
situación de hostigamiento sistemático a la población inmigrante, es una
cuestión que debe ser terminada. Por ello demandamos el término de las redadas policiales
racistas, el fin a los secuestros de pasaportes a las personas indocumentadas,
y que se acaben las sanciones de expulsión arbitraria para las personas con
estancia irregular.
Como
directa consecuencia de estas prácticas policiales, esta la existencia de las cárceles
para extranjeros (CIES), donde se siguen vulnerando sistemáticamente los
derechos de las personas.
El
único delito de la mayoría de los detenidos es No tener los papeles en regla. Por esta razón deben estar privados
de libertad por 60 días, bajo un régimen peor que el carcelario. Hay informes
internacionales independientes que corroboran todas las denuncias que se han
venido haciendo al respecto en los 8 CIES que existen, y en especial la
denuncia sobre la muerte por falta de atención médica adecuada de la chica
congoleña Samba Martine, en el CIE de Aluche el año pasado. Desde esta tribuna
una vez más demandamos el cierre inmediato de estas cárceles, estos Guantánamos
españoles no deben existir ni un día más, es aquí donde se vulnera y violenta
la dignidad humana por ello deben cerrarse
definitivamente.
Un cuarto problema que nos afecta
son las escasas facilidades para el retorno voluntario, en dignidad de las
familias de personas inmigrantes que decidan terminar con su proyecto
migratorio. Los recursos para este fin son pocos y no alcanzan. Asimismo no
existen iniciativas gubernamentales con los países de origen para buscar
soluciones conjuntas, en eso el gobierno español y el ministerio de relaciones
exteriores han sido desacomedidos en esta búsqueda de soluciones. No hay
esfuerzos que posibiliten encontrar por ejemplo, vuelos chárter para repatriar
a números más grandes de personas con costes más bajos, políticas aduaneras de
excepción para que los que retornen puedan llevarse enseres y herramientas de
trabajo, más allá de los 23 kilos que imponen las líneas aéreas. Planes de
retorno que solucionen el drama de muchos que hoy la están pasando muy mal y
que en sus países de orígenes pudieran estar mejor.
En quinto lugar queremos levantar
nuestra voz ante los intentos de la administración de imponer la realización de
exámenes de españolidad, así como la pretensión de que el ministro de justicia
tenga la facultad de derogar las nacionalidades españolas concedidas a personas
de origen inmigrante. Para ello solo con invocar su potestad y sin que medie
decisiones judiciales de por medio, se pretende ahora obligar a los
nacionalizados a no involucrarse en la lucha de sus derechos ante el riesgo de
perder su calidad ciudadana. Denunciamos esta iniciativa que vulnera la
igualdad ante la ley ,que la constitución española certifica, y con esta
reforma jurídica se quiere crear una categoría de españoles de primera y de
segunda. Esto es inaceptable y lo rechazamos abiertamente.
A grandes rasgos son todas estas las
dificultades que enfrentamos a diario en nuestro colectivo. Vemos pocas
oportunidades en la actualidad y la falta de horizontes y de expectativas son
el pan de cada día. Sentimos que se nos amenaza de manera permanente, que
se nos busca invisibilizarnos, y
hacernos responsables de los efectos de la crisis actual. Pretenden que dejemos
de ser personas, que seamos solo mano de obra barata y desechable.
Reivindicamos desde aquí nuestro espacio en esta sociedad en la que nos
sentimos responsables y partícipes de la misma.
Llamamos a avanzar en los
procesos de integración, terminar con la exclusión y marginación que se
promueve desde algunas autoridades. Queremos que el racismo institucional se
termine y se reconozcan nuestros derechos como personas y seres humanos de un
mundo cada vez más globalizado. En esa perspectiva hoy son más de 400 mil los
españoles que han tenido que partir como inmigrantes por el mundo, a enfrentar la búsqueda de oportunidades que
hoy España no ofrece. Estamos seguros que ellos comprenderán mucho mejor
nuestras razones y argumentos para demandar nuestros derechos, que son también
los mismos que ellos en los lugares donde residen solicitan. Y comprenden al
igual que nosotros que es este un modelo
excluyente y voraz, el que nos expulsa de nuestras tierras: y que somos víctimas del mismo poder.
Finalmente, queremos llamar a la
reflexión de todos ustedes. Queremos ser tratados con dignidad e igualdad, por
ello aspiramos a que España suscriba la Convención internacional de los
trabajadores inmigrantes y sus familias. Hacerlo sería un avance en la
dignificación de las personas tanto los que estamos aquí, como la de sus
propios connacionales que hoy están dispersos por el mundo.
Estamos convencidos que la integración se
construye sin represión ni marginación. No queremos muros, sí respeto en
nuestra condición de personas. Tenemos nuestro corazón abierto y las manos
limpias para seguir creando con la sociedad de acogida, mejores futuros para
todos nosotros.
Muchas Gracias por escucharnos.
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