jueves, 30 de diciembre de 2010
El lunes 27 de diciembre de 2010, MAPUCHES DEL LOF TEMUCUICUI INICIARON HOY RECUPERACION DEL SIMBOLICO FUNDO POLUCO
Ercilla, territorio mapuche, 27 dic 2010.
Una nueva movilizaciones se desarrolla desde hoy lunes en el predio Poluco que es explotado por la forestal MININCO, por parte de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul, Lof Temucuicui, en Ercilla. "Intentamos el diálogo con el gobierno y con Mininco hace meses, les enviamos cartas y fuimos a sus oficinas para hacerles ver que están haciendo negocios en nuestro territorio ancestral, y ante la nula respuesta los peñi decidieron movilizarse para recuperar nuestro derecho" dice el Ñizol Logko de la Alianza Territorial Mapuche y logko ancestral del Lof, Juan Catrillanca. Los mapuche agregaron que esta nueva acción es un desmentido a quienes intentan negar la existencia de una permanente movilización que realizan por recuperar sus derechos.
Al mismo tiempo, fuentes informadas señalan que un gran contingente de policia militar chilena se aproxima al sector, y considerando los 5 mil efectivos que mantiene el gobierno en la comuna de Ercilla se supone que la agresión a los defensores de la tierra ancestral será muy violenta.
Por Comunicaciones ATM, a 129 años de la ocupación de nuestros territorios como Nación independiente.
--
RICHARD CURINAO .P
http://werkenkvrvf.blogspot.com/
http://twitter.com/werkenkvrvf
Skype:richardcurinaop
lunes, 20 de diciembre de 2010
EN APOYO A MARX MADERA
- ACTO INFORMATIVO -
Recogida de firmas contra el cierre de Marx Madera
jueves, 16 de diciembre de 2010
Estado chileno desconoce escrituras de tierras en la isla entregadas por la Armada LA HISTORIA TRAS EL CONFLICTO RAPA NUI
Hasta ese día la "administración" de la isla se realizada desde Mataveri, en dependencias de la CEDIP (Compañía Explotadora de Isla de Pascua) a cargo de un subdito inglés (abuelo del ex-alcalde, ex-gobernador e incondicional secuaz de Platovsky) quienes cometía todo tipo de abusos contra los rapanui, trabajos forzados, latigazos, y los mantenían "encerrados" en Hanga Roa.
Para evitar la nefasta influencia de la CEDIP sobre los marinos, TUKO TUKI aloja a los marinos en su terreno, con el tiempo, ese terreno empezó a desmembrarse, acogiendo a los servicios públicos. Pero NADIE lo consultó con la sucesión, solamente se impuso una politica de hechos consumados.
Pongamos las cosas en contexto: En esa época (1917) de 16.000 hectáreas de superficie de la isla, solo dos mil estaban en poder de los rapanui, el resto (14.000) estaban "arrendadas", pues bien, por las razones expuestas, UNA FAMILIA rapanui (la de Tuko Tuki) facilitó una hectárea y media, para alojamiento de los marinos, como ya no cumple esa función, la familia espera su restitución.
CINICAMENTE, empresarios continentales que pontifican como expertos en Isla de Pascua (solo por su condición de turistas-negociantes) argumentan que:
a) "no existen papeles de eso", o
b) que "las tierras no estaban inscritas", y
c) que TODA la isla es fiscal,
Estos argumentos son repetidos maquinalmente por la prensa y gente que es IGNORANTE de la historia reciente de la isla y de las circunstancias en que se incorporó a Chile, por lo tanto, se hace necesario REFUTARLOS:
a) Si existen "papeles" que acreditan el dominio de la tierra por partes de los Rapanui. A contar del año 1914 se establece un Oficial de Registro Civil, Ignacio Vives Solar, quien además era "Subdelegado Maritimo", y ofició de profesor primario en la isla, publicando un texto silabario bilingue (rapanui-castellano) denominado "Te Poki Rapanui" (el niño rapanui), en sus libros hay registro del lugar de residencia de cada rapanui, estos libros "se pierden" y deben volver a inscribirse todos los rapanui en el Registro Civil, encomendándose esta misión a Juan Tepano, elegido Ariki en votación popular (recibiendo sueldo como Jefe de Policía por la CEDIP), pero lo definitivo es que a instancias del Vicario Castrense, Monseñor Rafael Edwards Salas, se levanta un CATASTRO de las tierras de los rapanui, paso previo a la entrega de títulos de dominio. Desde 1917 se empieza a llevar el registro de las tierras de los rapanui, detallando sus deslindes y superficie. Cada vez que el terreno de un rapanui era "catastrado", los marinos le entregaban un TITULO PROVISORIO, lo que ya hemos abordado en detalle en otras entradas de este sitio.
Sugerimos leer Mecanismo-de-registro-de-la-tenencia-de-la-tierra
b) Como se explicó previamente, las tierras SI ESTABAN INSCRITAS, pero no en el "Conservador de Bienes Raices", y la razón es una sola: Hasta 1967 NO EXISTIA CONSERVADOR DE BIENES RAICES en Isla de Pascua. Recordemos que estamos abordando los sucesos originados en 1917 ¡Cincuenta años antes! No es imputable a los rapanui "no tener sus tierras inscritas en el conservador de Bienes Raices"... cuando este NO EXISTIA.
Sugerimos leer: La-armada-nacional-y-la-propiedad-de-la-tierra-en-isla-de-Pascua
c) Suponer que toda la isla es "fiscal" solo puede ser producto de la IGNORANCIA o de la "mala fe"... Nuestra constitución, desde siempre, garantiza el derecho a la propiedad privada de la tierra, y la inscripción fiscal de 1933 se basa en el art. 590 del Código Civil que dice que "son fiscales las tierras que no tiene dueño", pues bien, las tierras ocupadas por los rapanui no están en ese caso, eran legítimos ocupantes, en los términos que lo establece el mismo Código Civil.
Sugerimos leer: Los recientes sucesos de Isla de Pascua (una historia antigua)
www.elboyaldia.cl con materiales de polinesia-chilena.blogspot.com
Noticias relacionadas
* SALVAJE REPRESIÓN EN CONTRA DE PUEBLO RAPA NUI
* REIVINDICACIONES DE TIERRAS ANCESTRALES RAPA NUI, UN HECHO DE LA CAUSA
* RAPANUI DESMIENTEN ACUERDO CON EL GOBIERNO
* RAPA NUI RETOMAN HOTEL HANGA ROA TRAS DESALOJO DE FUERZAS ESPECIALES DE CARABINEROS* ''CHILE NO ES DUEÑO DE AQUÍ''
* PARLAMENTO RAPA NUI PLANTEA INDEPENDIZARSE DE CHILE SI NO TIENEN CONTROL MIGRATORIO
Comunicaciones G80
lunes, 6 de diciembre de 2010
Conflicto entre rapa nuis y Gobierno llega a Naciones Unidas

Noticias relacionadas
- Hinzpeter envía refuerzos policiales a Rapa Nui luego de incidentes
- Violento desalojo de Fuerzas Especiales en Rapa Nui deja al menos seis heridos
- Justicia rechaza recurso de protección contra clanes rapa nui que mantienen ocupado el Hotel Hanga Roa
- Gobierno presentará nueva propuesta de consulta sobre el Convenio 169 de la OIT
- Rapa nui se niegan a entregar Hotel Hanga Roa: "El terreno es mío, aquí me quedo"
- Ordenan corte de agua a ocupantes que reclaman terrenos ancestrales en Rapa Nui
- Se retrasa proyecto de reconocimiento constitucional a pueblos indígenas
La información fue entregada por el Observatorio de Pueblos Originarios, quienes elaboraron durante todo el fin de semana un documento en donde se detallan las causas del conflicto, como también el operar de las autoridades y el actuar de Carabineros, lo cual seré entregado en horas de hoy al Relator Especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya.
Hasta el momento ya son tres las desocupaciones que se han autorizado en la isla. Al respecto, el Intendente de Valparaíso, Raúl Celis, informó que “al Gobierno le preocupa restablecer la normalidad en Rapa Nui especialmente en esta temporada, ya que los isleños se ven tremendamente afectados en su principal fuente laboral como es el turismo”.
“Queremos devolverle a la gran mayoría de los ciudadanos la paz y tranquilidad. Nuestro propósito también es recuperar la gran fuente de inversiones de la Isla, que es el turismo”, dijo Celis.
Postura criticada por las comunidades, quienes se resguardan en la notificación realizada al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviada el 3 de noviembre pasado en la que solicita no realizar desalojos en terrenos ancestrales de los pueblos originarios.
Uno de los voceros de las comunidades y representante de una de las familias más importantes ancestralmente en la zona es Muta Hey Tuki, para quien es completa responsabilidad del Gobierno los cercas de diez heridos dejados por la desocupación a la fuerza de carabineros.
“El Gobierno no ha podido cumplir lo prometido, prometieron que íbamos a trabajar y que todo se iba a resolver por el diálogo y sin violencia, pero ellos provocan. Llegan tres aviones de las Fuerzas Armadas con 150, 200 carabineros y con esto ellos provocan, generan contaminación visual”, señaló.
Muta Hey estima que las decisiones de las autoridades son una “provocación que no soluciona el conflictos por demandas territoriales”.
Idea que comparten desde la Concertación, donde la presidenta del PPD, Carolina Toha, emplazó a la administración de Sebastián Piñera a no actuar con negligencia.
“Esto es algo que Chile no se merece, que Rapa Nui no se merece, y que tenemos que tratar de otra manera. El camino que habíamos señalado, y en el cual tenemos que persistir, es hacer un estatuto especial para Isla de Pascua, que se haga cargo de sus particularidades, de sus problemas, de los temas de terrenos, y no mirar para el techo durante cinco meses y al final del día mandar a carabineros a apalear, que es la actitud que hemos visto de las autoridades de Gobierno. Las autoridades no pueden desentenderse ni actuar con negligencia y aquí lo que ha habido durante cuatro o cinco meses es eso”, afirmó Tohá.
Los expertos aseguran que la única forma de avanzar en el conflicto es a través de una mesa de diálogo entre el Gobierno y los clanes en donde se restablezcan los títulos de propiedad de la tierra al pueblo Rapa Nui, para luego hablar en términos comerciales y de trabajo.
Radio U.Chile.cl
jueves, 2 de diciembre de 2010
Invitacion acto por el dia Internacional de los Derechos Humanos
MADRID PAZ Y SOLIDARIDAD DE CCO.OO. CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ACTIVISTAS DE COLOMBIA Y GUATEMALA
viernes, 26 de noviembre de 2010
Corema de Atacama votará el próximo miércoles proyecto de central termoeléctrica Castilla
El pasado 15 de noviembre la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo que a mediados de septiembre acogió el recurso de protección presentado por un grupo de opositores al proyecto.
por La Tercera - 25/11/2010 - 18:17
Para las 15.30 horas del próximo miércoles 1 de diciembre quedó fijada la sesión donde la Corema de Atacama someterá a votación el proyecto termoeléctrico Castilla, propiedad de la empresa MPX y ligada al multimillonario Eike Batista.Así lo señaló el seremi de Gobierno de Atacama, Juan Antonio Pérez, luego que la Corte Suprema determinara como ilegal el cambio en la calificación del proyecto desde "contaminante" a "molesto".
"La intendenta (Ximena Matas) ha sido notificada de la resolución que ha dispuesto la Corte Suprema, esto significa que la orden de no innovar que estaba vigente ha dejado de surtir sus efectos, por lo tanto, la Corema como el órgano colegiado, estaría en condiciones de poder sesionar", dijo a Radio Cooperativa.
El pasado 15 de noviembre, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que a mediados de septiembre acogió el recurso de protección presentado por un grupo de opositores al proyecto termoeléctrico Castilla.
Luego de esto, la sociedad MPX, titular del proyecto, presentó una solicitud de invalidación al seremi de Salud de Atacama, con lo que pretende lograr el cambio en la calificación del proyecto, lo que posibilitaría que la iniciativa sea llevada a cabo.
"En concordancia con lo señalado por la Corte Suprema en su fallo del día 15 de noviembre, MPX presentó hoy en Copiapó una solicitud de invalidación al seremi de Salud, con el objeto de enmendar -previa audiencia a los interesados- la errada calificación de contaminante del proyecto Central Termoeléctrica Castilla realizada en enero de este año", dijo la firma en una declaración pública.
"La solicitud de invalidación tiene por objeto que se califique correctamente a la Central Castilla como empresa molesta, como técnicamente y en derecho corresponde", agregó en esa oportunidad.
PROYECTO
El proyecto termoeléctrico Castilla, ligado a MPX Chile, contempla la construcción de cuatro unidades de generación a carbón y otras dos a diésel, con una potencia estimada en 2.354 MW de generación, y una inversión de US$4.400 millones.
La iniciativa comenzó su tramitación ambiental el 10 de diciembre de 2008 y está ubicado a 80 kilómetros de Copiapó, en la Hacienda Castilla.
En términos de generación, el proyecto Castilla es más de cuatro veces el tamaño de la central termoeléctrica Barrancones, que Suez desistió por los problemas con Punta de Choros.
La Tercera
domingo, 21 de noviembre de 2010
Comuneros de Caimanes cumplen casi dos meses de huelga de hambre
Casi dos meses de huelga de hambre cumplen once personas de la comunidad de Caimanes, provincia del Choapa, región de Coquimbo, quienes denuncian que se encuentran al borde la muerte al no contar con ninguna supervisión médica.
Estos comuneros protestan contra la contaminación provocada en su valle del Pupío por la minera Los Pelambres, del Grupo Luksic.
La situación de los ayunantes es mala, y en algunos casos crítica. Sufren serios mareos, alucinaciones, pérdida de vista y fuertes dolores de estómago. Desde que iniciaron esta protesta, no han recibido visitas de médico ni de autoridades de Gobierno.
La huelga se inició el pasado 27 de septiembre y su ayuno lo realizan en la sede del Colegio de Profesores de Illapel.
Los afectados denuncian que el grupo Luksic, sin tener los permisos ambientales respectivos, comenzó en 2005 la construcción de una cortina de arena de 270 metros de altura y 70 metros de profundidad cuyo objetivo sería retener en El Mauro los desechos mineros de Pelambres, mina que está a 60 kilómetros de distancia. Esto implicó el bloqueo de las aguas de las aguas subterráneas y superficiales, dejando sin agua a todo el valle del Pupío.
El tranque El Mauro, con sus 1700 millones de toneladas, es el depósito tóxico más grande de América Latina. Diariamente se depositan en él 130 mil toneladas de desechos tóxicos, que contienen arsénico, molibdeno, plomo, mercurio, cadmio, entre otros minerales altamente nocivos para la salud y el medioambiente.
Según Cristián Flores, vocero de los huelguistas, “ya no contamos con agua y tenemos el peligro permanente de que este tranque de relave se pueda venir abajo. También nos contaminaron el aire, nos contaminaron la tierra, entonces qué futuro nosotros tenemos en nuestro pueblo, si nos quitaron los tres elementos básicos para la sobrevivencia del ser humano, definitivamente nuestro valle está destinado a desaparecer y a eso nos oponemos”.
Se espera que la próxima semana visite a los once comuneros una delegación encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, junto al diputado de la zona Luis Lemus.
Finalmente, Juan Villalobos, uno de los huelguistas fue enfático al señalar que no están pidiendo ni nuevas tierras ni dinero, sólo que se acabe con el peligroso relave y que Caimanes vuelva a ser el pueblo que era, sólo en ese momento terminarían con la huelga.
El Mostrador
lunes, 15 de noviembre de 2010
miércoles, 10 de noviembre de 2010
MANIFESTACION SABADO 13 DE NOVIEMBRE Marruecos aplasta con crueldad la resistencia pacífica saharaui
*NOTA: Nos llegan informaciones de que también hay manifestaciones saharauis en los siguientes barrios de la ciudad de Dajla ocupada: Um Tunsi y Akseikisat. Las fuerzas militares marroquíes arremetieron contra los manifestantes para dispersarlos imponiendo un toque de queda en la ciudad sin dejar coches entrar ni salir hacia las otras ciudades del territorio.
Poemario por un Sahara Libre
http://poemariosahara.info/
El Sahara Occidental y Marruecos: revive un conflicto casi olvidado
Abraham Zamorano
BBC Mundo
Los recientes enfrentamientos entre los habitantes del Sahara Occidental y las fuerzas policiales de Marruecos vuelven a colocar en la agenda internacional un conflicto enquistado por más de tres décadas y para muchos olvidado.
La región se encuentra militarizada actualmente por tropas marroquíes después de que el lunes se diesen los peores hechos de violencia en años entre las partes.
La entrada de efectivos marroquíes a un campamento de protesta instalado a las afueras de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, desató una ola de protestas y disturbios cuyo balance de víctimas es imposible corroborar por la ausencia de observadores imparciales.
Los propios saharauis denuncian la muerte once personas. Por su parte, Rabat asegura que seis oficiales cayeron víctimas de los disturbios.

El conflicto podría llegar a amenazar la estabilidad del Magreb: observa con lupa Argelia, cuyas relaciones con Marruecos son como mínimo difíciles –la frontera que comparten sigue siendo prácticamente impermeable–.
También divide a la Unión Europea: España es claramente prosaharaui –este es uno de los pocos temas que no divide a la izquierda y la derecha–; mientras Francia sobresale entre los que más simpatizan con las aspiraciones de Marruecos.
Todos miran a la ONU
Los disturbios coinciden con una nueva ronda de negociaciones en Nueva York, bajo el auspicio de Naciones Unidas entre el gobierno de Marruecos, que reclama el territorio como región autonómica, y el Frente Polisario, organización que lucha por la independencia.
Sin embargo, el encuentro terminó el martes en la noche con un único acuerdo: ambas partes rechazaron la propuesta del otro, dejando las conversaciones aún estancadas.

La intervención de las fuerzas marroquiés despertó numerosas concentraciones de protesta en España.
Y es hacia la ONU hacia donde parecen mirar todos. La responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, tras reconocer los "diferentes puntos de vista" que existen en su organización ante un conflicto que calificó de "complicado", pidió la intervención del Consejo de Seguridad.
En España, numerosas voces reclaman al gobierno firmeza en la defensa del pueblo saharaui. Sin embargo, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, se pronunció en el mismo sentido que Ashton al pedir una reunión del Consejo de Seguridad para estudiar el asunto.
El ministro de la Presidencia español, Ramón Jáuregui, defendió el "papel limitado" que puede asumir su Gobierno. "España trabaja para que fructifiquen las reuniones de Nueva York", dijo.
Tras expresar su solidaridad con el pueblo saharaui y reconocer la responsabilidad histórica española en el problema, Jáuregui recordó los "compromisos internacionales importantes con Marruecos".
"Se están jugando intereses muy importantes de seguridad y en muchísimos planos. España tiene que ser un país prudente", señaló el ministro en entrevista con la radio pública española.
¿De dónde viene el problema?
El Sahara Occidental es una excolonia de España, que abandonó la región en 1975, situada en la costa oeste de África.
De casi 270.000 kilómetros cuadrados, es una zona muy rica en recursos como el fosfato. Cuenta además en sus aguas con el banco pesquero más importante del mundo.
El conflicto surgió con la descolonización en 1975. El gobierno del general Francisco Franco, presionado por numerosas resoluciones de la ONU y el propio Frente Polisario, reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Los marroquíes defienden su derecho soberano sobre los terriotorios del Sahara Occidental.
Sin embargo, con Franco moribundo y numerosos problemas internos, España se retiró ante la "Marcha Verde": 350.000 marroquíes que cruzaron la frontera. Desde entonces numerosos colonos marroquíes se han instalado en la región.
Unos 200.000 saharauis huyeron hacia Tindouf, en pleno desierto de Argelia, donde muchos permanecen acampados. Se niegan a la construcción de una ciudad, lo que creen que simbólicamente demostraría que reconocen que su situación no es provisional.
En 1985, el comité de descolonización de Naciones Unidas reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
El Plan Baker
En 2003, una resolución de Naciones Unidas estableció que el Sahara permaneciera gestionada transitoriamente como región autónoma de Marruecos durante cinco años, plazo que dio para la celebración del referéndum de autodeterminación: el llamado Plan Baker.
El plan jamás se implementó y el enviado especial de la ONU, James Baker, renunció a su cargo poco después.
"Caso de que algún día se pongan de acuerdo en el censo, cosa que no va a ocurrir, si ganara Marruecos, la deslegitimación internacional diría que está trucado. Y si lo ganaran los saharauis, nunca lo aceptaría Marruecos". Ese fue el diagnóstico que hizo el año pasado el expresidente español Felipe González en un foro sobre el conflicto.
Se trata de un planteamiento pesimista, pero pronunciarse en otro sentido no conseguiría más que un desmentido por parte de la cruda realidad. No parece haber alternativas realistas. Ni siquiera con la última ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario en Nueva York.

El campamento saharaui asaltado por la policía protestaba para exigir mejores condiciones de vida.
lunes, 8 de noviembre de 2010
URGENTE: Concentración hoy Embajada de Marruecos
Metro: República Argentina
La situación en el Aaiún es crítica. Se necesita MÁXIMA DIFUSIÓN. Están masacrando a a la población saharaui.
Por todo ello, no podemos permanecer callad@s! Esta tarde a las 18:30 horas en la EMBAJADA DE MARRUECOS debemos protestar por lo intolerable.
jueves, 28 de octubre de 2010
La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta
Hermanos indígenas del mundo: Estoy profundamente preocupado porque se pretende utilizar a algunos dirigentes y grupos indígenas para promover la mercantilización de la naturaleza y en particular de los bosques a través de la creación del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) y sus versiones REDD+ y REED++.
Cada día desaparece en el mundo una extensión de bosques y selva equivalente a 36.000 canchas de fútbol. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques y selva. A este ritmo, los bosques desaparecerán antes de fines de siglo.
Los bosques y la selva son la mayor fuente de biodiversidad. Si continúa la deforestación, miles de especies animales y vegetales se perderán para siempre. Más de tres cuartas partes del agua dulce accesible vienen de zonas de captación en bosques, de ahí que la calidad del agua empeora cuando la condición del bosque se deteriora, Los bosques constituyen una protección ante inundaciones, erosiones y desastres naturales. Proveen bienes no maderables y maderables. Los bosques son una fuente de medicinas naturales y elementos de curación aun no descubiertos. Los bosques y la selva son los pulmones de la atmósfera. El 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el mundo son provocados por la deforestación.
Es fundamental detener esta destrucción de nuestra Madre Tierra.
Actualmente, en las negociaciones de cambio climático todos reconocen que es esencial evitar la deforestación y degradación de los bosques.
Sin embargo, para lograrlo, algunos proponen mercantilizar los bosques con el falso argumento de que sólo se cuida y conserva aquello que tiene precio y propietario.
Su propuesta es tomar en cuenta sólo una de las funciones de los bosques, que es su capacidad de absorción de dióxido de carbono, y emitir “certificados”, “bonos” o “derechos de carbono” que se comercialicen en un mercado de carbono. De esta forma, las empresas del Norte podrán optar entre hacer reducciones de emisiones en sus países o comprar “certificados REDD” en países del Sur según su conveniencia económica.
Por ejemplo, si una empresa tiene que invertir 40 ó 50 dólares para reducir la emisión de una tonelada de C02 en un “país desarrollado”, preferirá comprar un “certificado REDD” por 10 ó 20 dólares en un “país en vías de desarrollo” para decir que ha cumplido con la reducción de emisiones de dicha tonelada de C02.
A través de este mecanismo los países desarrollados traspasarán su obligación de reducir sus emisiones a los países en vías de desarrollo, y el Sur una vez más volverá a financiar al Norte ya que esa empresa del Norte se ahorrará mucho dinero comprando “certificados” de carbono de bosques del Sur.
Pero no sólo harán trampa con sus compromisos de reducción de emisiones, sino que además darán inicio a la mercantilización de la naturaleza empezando por los bosques. Los bosques pasarán a tener precio por la cantidad de toneladas de C02 que son capaces de absorber. Los “bonos” o “derechos de carbono” que certifican esa capacidad de absorción serán vendidos y comprados como cualquier mercancía a nivel mundial.
Para asegurar que nadie afecte la propiedad de los compradores de “certificados REDD” se instaurarán una serie de restricciones que acabarán afectando el derecho soberano de los países y los pueblos indígenas sobre sus bosques y las selvas. Así comenzará una nueva etapa de privatización de la naturaleza nunca antes vista que se irá extendiendo al agua, la biodiversidad y lo que ellos denominan “servicios ambientales”.
Mientras nosotros afirmamos que el capitalismo es la causa del calentamiento global y de la destrucción de los bosques, la selva y la Madre Tierra, ellos buscan ahora expandir el capitalismo a la mercantilización de la naturaleza con el denominativo de “economía verde”.
Para conseguir el apoyo a esta propuesta de mercantilización de la naturaleza algunas entidades financieras, gobiernos, ONGs, fundaciones, “expertos” y empresas intermediarias están ofreciendo un porcentaje de los “beneficios” de esta mercantilización de la naturaleza a los pueblos indígenas y a las comunidades que viven en los bosques nativos y la selva.
La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta.
Por siglos los pueblos Indígenas hemos vivido conservando y preservando los bosques nativos y la selva. Para nosotros los bosques y la selva no son objetos, no son cosas que uno puede poner precio y privatizar. No aceptamos que se reduzca a los bosques nativos y selvas a una simple cantidad mensurable de carbono. Tampoco aceptamos que se confunda los bosques nativos con simples plantaciones de una o dos especies de árboles. Los bosques son nuestro hogar, son la casa grande donde coexisten plantas, animales, agua, suelo, aire puro y seres humanos.
Es fundamental que todos los países del mundo trabajemos juntos para evitar la deforestación y degradación de los bosques y la selva. Es una obligación de los países desarrollados, y es parte de su deuda climática y ambiental, contribuir económicamente a la preservación de los bosques, pero NO a través de su mercantilización. Hay muchas formas de apoyar y financiar a los países en vías de desarrollo, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que contribuyen a la preservación de los bosques.
Los países desarrollados gastan decenas de veces más recursos públicos en la defensa, la seguridad y las guerras que en el cambio climático. Incluso durante la crisis financiera muchos han mantenido e incrementado sus gastos militares. No es admisible que aprovechando de las necesidades de las comunidades y las ambiciones de algunos dirigentes y “expertos” indígenas se pretenda involucrar a los pueblos indígenas en la mercantilización de la naturaleza.
Todo mecanismo de protección de los bosques y la selva debe garantizar los derechos y la participación indígena, pero no porque llegue a haber participación indígena en REDD podemos aceptar que se ponga precio y se negocie en un mercado mundial el carbono de los bosques y las selvas.
Hermanos indígenas, no nos dejemos confundir. Hay quienes nos dicen que el mecanismo de mercado de carbono en REDD será voluntario. Es decir que el que quiere podrá vender y comprar, y el que no lo desee se podrá marginar. Nosotros no podemos aceptar que con nuestro consentimiento se cree un mecanismo en el que voluntariamente unos vendan a la Madre Tierra mientras otros miran cruzados de manos.
Frente a estas visiones reduccionistas y mercantilistas de los bosques y la selva, los pueblos indígenas junto a los campesinos y movimientos sociales del mundo debemos luchar por las propuestas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra:
1) Manejo integral de los bosques nativos y la selva tomando en cuenta no sólo su función mitigadora de emisiones de CO2 sino todas sus funciones y potencialidades evitando confundirlos con simples plantaciones.
2) Respeto a la soberanía de los países en vías de desarrollo en la gestión integral de sus bosques.
3) Pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; reconocimiento y respeto a sus territorios; revalorización y aplicación de los conocimientos indígenas para la preservación de los bosques; participación y gestión de los bosques y la selva por los pueblos indígenas.
4) Financiamiento de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo y a los pueblos indígenas para el manejo integral de los bosques como parte de su deuda climática y ambiental. No establecimiento de ningún mecanismo de mercado de carbono o de “incentivos” que conlleve a la mercantilización de los bosques y selva.
5) Reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra que comprende los bosques, la selva y todos sus componentes. Para restablecer la armonía con la Madre Tierra, el camino no es ponerle precio a la naturaleza sino reconocer que no sólo los seres humanos tenemos derecho a la vida y a reproducirnos, sino que también la naturaleza tiene derecho a la vida y a regenerarse, y que sin la Madre Tierra los seres humanos no podemos vivir.
Hermanos indígenas, junto a los hermanos campesinos y a los movimientos sociales del mundo, debemos movilizarnos para que las conclusiones de Cochabamba sean asumidas en Cancún y para impulsar un mecanismo de ACCIONES RELATIVAS A LOS BOSQUES basado en estos cinco principios, manteniendo siempre en alto la unidad de los pueblos indígenas y los principios de respeto a la Madre Tierra que por siglos hemos preservado y heredado de nuestros antepasados
* Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
27-10-2010
martes, 26 de octubre de 2010
lunes, 18 de octubre de 2010
AI: España sigue retrocediendo en su compromiso con la investigación de los crímenes internacionales
Escrito por elmercuriodigital | |
17-10-2010 | |
El 16 de octubre de 1998, España se convertía en un ejemplo en la aplicación del principio de Jurisdicción Universal en la lucha contra la impunidad, al dictarse una orden de detención desde la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet, por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales en Chile. También un 16 de octubre, el de 2008, el mismo juez que acordó la detención de Pinochet, Baltasar Garzón, se declaraba competente e iniciaba la primera investigación penal sobre las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional por familiares de víctimas de presuntos delitos de desaparición forzada durante la Guerra Civil española y el franquismo. Para Amnistía Internacional, en estos dos últimos años, España no ha dejado de retroceder en la lucha contra la impunidad, limitando los casos de justicia internacional que podrán llegar a los tribunales españoles, e impidiendo investigaciones eficaces sobre crímenes internacionales cometidos en el propio territorio español. Aunque, también ha dado algún paso positivo, que Amnistía Internacional valora positivamente como la decisión del Consejo de Ministros del pasado mes de septiembre de solicitar la extradición de Kayumba Nyamwasa, uno de los encausados en el llamado “caso Ruanda” abierto en la Audiencia Nacional, al gobierno de Sudáfrica donde ha sido localizado. Retrocesos en España Especialmente en los últimos dos años, España está dando preocupantes pasos para limitar la aplicación de la Jurisdicción Universal, sumándose a las tendencias más restrictivas de la interpretación de este mecanismo para combatir la impunidad. 1.Se ha hecho cada vez más difícil aplicar el principio de Jurisdicción Universal al reformar el 3 de noviembre de 2009, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con esta reforma se exigen requisitos de “conexión nacional”, expresamente rechazados por el Tribunal Constitucional desde su sentencia en el caso Guatemala en 2005. Esta exigencia de 'conexión relevante' con España impuesta en la nueva redacción, ha supuesto que las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Tíbet y Myanmar, que habían denunciado a los responsables ante la Audiencia Nacional, hayan quedado desamparadas en sus demandas de justicia. 2.Se han incumplido los compromisos internacionales de España al no incluir la definición como crímenes internacionales, y por tanto imprescriptibles, de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en la reforma del Código Penal, aprobada por el Parlamento español en junio de 2010. Tampoco se ha cambiado la definición del delito de tortura, que sigue considerándose un delito común sin establecer su imprescriptibilidad, como ha recomendado el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. 3.Se perpetúa la impunidad hacia las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. A un total de 114.266 casos de personas desaparecidas forzadamente entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, que se recogían en el auto del juez Baltasar Garzón del 16 de octubre de 2008, se les niega sistemáticamente su derecho al acceso a la justicia. A los dos meses de auto de Garzón, la investigación de las denuncias pasarían por decisión del juez a más de 60 juzgados territoriales. Sólo 2 juzgados, el Nº 4 de Palencia y el Nº 2 de Benavente han abierto diligencias. Otros dos juzgados han llevado las causas ante el Tribunal Supremo por un asunto de competencias. Y el resto han archivado las causas en base a criterios como la prescripción del delito o la Ley de Amnistía de 1977, algunas de ellas pendientes de recurso. Tampoco el Ministerio Fiscal está impulsando la investigación y la persecución judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Se ha opuesto sistemáticamente, primero en la Audiencia Nacional y luego ante los distintos juzgados territoriales, a estas investigaciones apelando también a que los hechos denunciados están prescritos, a la aplicabilidad de la Ley de Amnistía y a que el cauce a seguir es la Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” no considerando apropiado acudir al proceso penal. Se ha iniciado una causa contra el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido de sus funciones, por un presunto delito de prevaricación, al iniciar una investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, no respetando la ley de amnistía de 1977. Para Amnistía Internacional el incumplimiento de esta ley por parte del juez es irrelevante, ya que esta ley es contraria al derecho internacional, que establece que a los crímenes de lesa humanidad no se les puede aplicar ninguna ley de amnistía y que tampoco prescriben. En este sentido, recientemente el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU ha pedido recientemente a España que revoque dicha ley. “Lo más preocupante es que si el juez es declarado culpable, se está lanzando un aviso al resto de los jueces que deban pronunciarse sobre situaciones similares. Y con ello quedaría definitivamente eliminado el derecho de obtener justicia de las víctimas ante los tribunales españoles”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Esto está obligando a las familias de las víctimas a recurrir a tribunales extranjeros, en este caso argentinos, para que investiguen las desapariciones forzadas ocurridas en este periodo en España, ante la negativa de los tribunales españoles a hacerlo”. Pasos para seguir siendo un referente en la lucha contra la impunidad Para Amnistía Internacional es fundamental que las autoridades española recuperen la ejemplaridad perdida en la lucha contra la impunidad. Y para ello la organización pide: A la Judicatura Que la interpretación de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se haga de acuerdo al derecho internacional, y que los crímenes internacionales sean juzgados de acuerdo a los parámetros de los tribunales internacionales para estos casos, evitando perpetuar la impunidad. Que no se interprete la ley de amnistía de 1977 como una ley de impunidad, cumpliendo así las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Que se retiren los cargos contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Al Gobierno Que se reforme el Código Penal incluyendo los crímenes de desaparición forzada, tal y como se comprometió al ratificar en 2009 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y que se defina tortura de acuerdo a las recomendaciones realizadas a España por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Al Ministerio Fiscal Que proceda al impulso de la investigación en sede judicial de todo crimen internacional cometido en territorio español. La orden de detención contra Pinochet, alentó actuaciones similares en tribunales de países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza. También en 1998 se adoptaba el Estatuto de Roma que crearía la Corte Penal Internacional, estableciendo un tribunal permanente que juzgara a los autores de los más graves crímenes internacionales. Ambos impulsos inspiraron y propiciaron la búsqueda de justicia por parte de tribunales nacionales. Se lanzaba el esperanzador mensaje de que no habría lugar seguro para aquellos criminales que hasta entonces se sentían a salvo. En este periodo tuvo lugar la detención y procesamiento de algunos responsables de los más graves crímenes, incluidos antiguos Jefes de Estado, como el peruano Alberto Fujimori, condenado en su propio país por crímenes contra la humanidad; o el liberiano Charles Taylor, procesado y condenado por el Tribunal Especial de Sierra Leona. Ante la Audiencia Nacional se presentaron querellas por crímenes internacionales perpetrados en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, China, Ruanda, Colombia, Sáhara Occidental, El Salvador, Territorios Ocupados e incluso en aguas internacionales, Cuba, Marruecos, Irak, Guinea Ecuatorial y EEUU (Guantánamo), entre otros. También por los “vuelos secretos” y entregas extraordinarias de la CIA realizados en el territorio y espacio aéreo español, los campos de concentración nazis, o la muerte en Irak del cámara José Couso, caso recientemente reabierto por orden del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional archivara la causa en 2009. En el caso del argentino Adolfo Scilingo, se llegó a celebrar un juicio oral que terminó en sentencia condenatoria. La mayoría de los casos mencionados siguen en fase de investigación en los tribunales españoles. elmercuriodigital |