El Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Federico Aguilera Klink, ofreció este martes en la Sala San Borondón una conferencia sobre la incompatibilidad entre Capitalismo y Democracia, en un acto que forma parte del ciclo "Los Cimientos de un Mundo Sostenible. La Alternativa Democrática y Social" que viene desarrollando desde 2004 el Centro de la Cultura Popular Canaria.
Aguilera Klink asegura que democracia y capitalismo son dos cuestiones completamente incompatibles aunque muchos argumenten que de los sistemas posibles este es el menos malo, algo con lo que personalmente no puede sino discrepar.
lunes, 30 de abril de 2012
miércoles, 28 de marzo de 2012
COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO COLOMBIA: Repudio ante el asesinato del Sr. Manuel Ruíz y el probable asesinato de su hijo
Ginebra-París, 28 de marzo de 2012.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condena vehementemente el asesinato del Sr. Manuel Ruíz y el probable
asesinato de su hijo, y reitera la necesidad de proteger a los defensores de las
comunidades desplazadas, particularmente en sus labores por la restitución de
tierras.
El 27 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo sin vida del Sr. Manuel Ruíz, líder de
restitución de tierras de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó
y miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, Carmen del
Darién, Departamento del Chocó, buscado junto con su hijo, Samir de Jesús Ruíz Gallo,
de 15 años, desde su desaparición el pasado 23 de marzo. Sus restos fueron
identificados por familiares, hoy 28 de marzo. También hoy, se halló otro cuerpo en el
sitio conocido como Cañaduzales. Estos restos sin vida podrían ser los de Samir de
Jesús Ruíz Gallo.
El 23 de marzo de 2012, el Sr. Manuel Ruíz y su hijo fueron retenidos por paramilitares,
supuestamente miembros de las “Águilas Negras”. El Sr. Manuel Ruíz se comunicó con
su familia informando de que habían sido obligados a descender del vehículo en el punto
conocido como “El Basurero”, cerca del puente del Río Sucio, y que les exigían 2
millones de pesos para dejarlos en libertad.
Antes de estos incidentes, el Sr. Manuel Ruiz y su hijo habían sido abordados y retenidos
en Mutatá por efectivos policiales.
Más tarde, el mismo día, se conoció que los paramilitares, entre ellos, el Sr. José de
Jesús Moya Asprilla, apodado el “Cucho”, afirmaron a familiares de las víctimas que el
Sr. Manuel Ruíz y su hijo Samir de Jesús habían sido asesinados y sus cuerpos
arrojados debajo del puente de Río Sucio.
El Observatorio destaca que el Sr. Manuel Ruíz, el día siguiente a su desaparición, tenía
que guiar a las autoridades gubernamentales en la inspección, en cumplimiento del Auto
de la Corte Constitucional A-045 de 7 de marzo de 2012, del área conocida como “Los
Piscingos”, ocupada de mala fe por empresarios desde 1996 luego de operaciones
paramilitares. En este contexto, cabe mencionar que el Sr. Manuel Ruíz era uno de los
38 integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó que se
encuentran amenazados de muerte por paramilitares. En este contexto, según las
informaciones recibidas, el Sr. Manuel Ruíz había recibido amenazas debido a la
reclamación de tierras de empresarios poseedores de mala fe, concretamente de los
Sres. Victor Ríos, Fabian Ríos y Carlos Ríos, a través de sus administradores conocidos
como el “Viyo” y el Sr. Leonel Holguín Suescún. A pesar de que el Sr. Manuel Ruíz había
solicitado medidas de protección de los programas de protección del Gobierno, las
autoridades competentes sólo le habían brindado un celular.
De acuerdo con las informaciones recibidas, a pesar de la activación institucional del
Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas, ninguna autoridad civil se ha
movilizado con prontitud a la región para acceder a los lugares donde se sospechaba que
podían estar los restos de los desaparecidos. Así, la carga de la búsqueda ha quedado
en miembros de la familia e integrantes del Consejo Comunitario que habitan en las
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó.
“Condenamos rotundamente el asesinato del Sr. Manuel Ruíz y el probable asesinato de
su hijo Samir de Jesús Ruíz Gallo y tememos que estos execrables y brutales hechos
estén vinculados a las actividades del Sr. Manuel Ruíz en defensa de los derechos de las
comunidades desplazadas y por la restitución de tierras", ha dicho Gerald Staberock,
Secretario General de la OMCT. “Asimismo recordamos que la labor de los líderes de la
población desplazada por la devolución de sus tierras es de alto riesgo debido a una
situación sistemática de amenazas, agresiones y asesinatos en su contra como
represalia a sus actividades de defensa de los derechos humanos”.
“Exigimos que se tomen de manera inmediata las medidas más apropiadas para
garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores y defensoras
de la población desplazada y de los demás defensores de derechos humanos en
Colombia, así como realizar una investigación independiente tendente a identificar y
sancionar a los responsables", ha agregado Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.
“La omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales,
departamentales y nacionales para prevenir hechos como estos, así como la falta de
persecución penal de los responsables, genera la consecuente responsabilidad por parte
del Estado colombiano”.
Contactos prensa:
· OMCT: Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39
· FIDH: Karine Appy, Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18
Chile: Continúan manifestaciones en contra de la Ley de Pesca
De cara a su discusión en el Parlamento
Héctor Areyuna
Una protesta de pescadores artesanales se realizó el miércoles en la comuna de Lebu en la provincia de Arauco, quienes se mostraron en contra de la nueva Ley de Pesca, legislación que retomaría el Congreso al iniciar el año legislativo 2012. Las motivaciones de los manifestantes han ido tomando fuerza y se están convirtiendo en importantes argumentos para la antesala de la discusión parlamentaria de la llamada Ley Larga.
Al rechazo a la nueva Ley de Pesca que se manifestó en diciembre del año pasado en Valparaíso con la protesta de un grupo de pescadores artesanales, se sumó este miércoles una nueva movilización realizada en la comuna de Lebu, también en repudio a dicha legislación.
La manifestación consistió en el corte de vías de acceso a la ciudad, quema de neumáticos y la toma de una plaza, lo que según algunos demuestra el descontento a nivel nacional sobre este tema.
Según el vocero del movimiento Chile Pesca, Alfredo Irarrázaval, existe confusión porque el Gobierno ha optado por negociar y externalizar sus propuestas sólo con algunos sectores
“Hay desconocimiento de muchos actores del sector pesquero particularmente los pescadores artesanales de Lebu, que tienen sus propias demandas y que dicen no sentirse representados por los acuerdos que ha estado propiciando el Ministerio de Economía con algunos dirigentes de la Pesca Artesanal. Esto deja en evidencia que hay muchos pescadores que no conocen los convenios que se están alcanzando”, comentó Irarrázaval.
El dirigente afirmó que este escenario se explica por las presiones del sector industrial y de la UDI, que habría tomado el control de estas negociaciones.
“Vemos la forma sorpresiva en la que salió el ministro Juan Andrés Fontaine de su cargo para ser sucedido por el ministro Pablo Longueira. Este último fue el que propició este acuerdo de la mesa de pesca para reducir las licitaciones al sector industrial bajo una serie de condiciones para que se mantengan los privilegios que hoy existen entre los pocos grupos económicos que hay a nivel nacional”, sostuvo.
Las peticiones de la manifestación en Lebu, se basan en la eliminación de la pesca industrial de arrastre, aplicando políticas de sustentabilidad no sólo para el sector artesanal, además de la eliminación del uso de geoposicionadores satelitales y el establecimiento de libre tránsito para los pequeños pescadores.
Irarrázaval denunció que el proyecto en cuestión aborda la sustentabilidad de la industria, pero en el articulado “nada se va a llevar a efecto”, por lo que planteó que esto debe abordarse con asesorías científicas.
“Si queremos buscar medidas de sustentabilidad tenemos que crear un comité científico de expertos que tenga una decisión vinculante al momento de definir cuál es el porcentaje que se podrá pescar durante el año y no dejar esto a la discrecionalidad y arbitrio de la subsecretaria de Pesca, porque nuevamente estaríamos bajo presiones políticas y económicas del sector industrial para que se fijen cuotas de acuerdo a los intereses de los grandes industriales”, dijo.
Además, el dirigente reclamó que con esto no habría cabida para la participación de las pequeñas empresas en el debate de la llamada Ley Larga de Pesca, por lo que anunció la realización, este viernes, de un encuentro de pequeñas plantas de proceso de varias regiones.
En esta cita se definirán posturas para presentar al Congreso y participar en el debate parlamentario, donde plantearán que se reserve una cuota social de la industria pesquera, para tener sostenibilidad en el funcionamiento de las empresas.
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Gobierno presenta nueva Ley de Pesca que aseguraría mejor distribución de cuotas
Denuncian a Longueira ante la FNE por colusión en "acuerdo pesquero entre cuatro paredes"
ONG´s piden eliminar la pesca de arrastre e impulsar la sustentabilidad en nueva legislación
Nueva Ley de Pesca contempla licitaciones y artesanales abogan por mayores cuotas
radio.uchile.cl
Al rechazo a la nueva Ley de Pesca que se manifestó en diciembre del año pasado en Valparaíso con la protesta de un grupo de pescadores artesanales, se sumó este miércoles una nueva movilización realizada en la comuna de Lebu, también en repudio a dicha legislación.
La manifestación consistió en el corte de vías de acceso a la ciudad, quema de neumáticos y la toma de una plaza, lo que según algunos demuestra el descontento a nivel nacional sobre este tema.
Según el vocero del movimiento Chile Pesca, Alfredo Irarrázaval, existe confusión porque el Gobierno ha optado por negociar y externalizar sus propuestas sólo con algunos sectores
“Hay desconocimiento de muchos actores del sector pesquero particularmente los pescadores artesanales de Lebu, que tienen sus propias demandas y que dicen no sentirse representados por los acuerdos que ha estado propiciando el Ministerio de Economía con algunos dirigentes de la Pesca Artesanal. Esto deja en evidencia que hay muchos pescadores que no conocen los convenios que se están alcanzando”, comentó Irarrázaval.
El dirigente afirmó que este escenario se explica por las presiones del sector industrial y de la UDI, que habría tomado el control de estas negociaciones.
“Vemos la forma sorpresiva en la que salió el ministro Juan Andrés Fontaine de su cargo para ser sucedido por el ministro Pablo Longueira. Este último fue el que propició este acuerdo de la mesa de pesca para reducir las licitaciones al sector industrial bajo una serie de condiciones para que se mantengan los privilegios que hoy existen entre los pocos grupos económicos que hay a nivel nacional”, sostuvo.
Las peticiones de la manifestación en Lebu, se basan en la eliminación de la pesca industrial de arrastre, aplicando políticas de sustentabilidad no sólo para el sector artesanal, además de la eliminación del uso de geoposicionadores satelitales y el establecimiento de libre tránsito para los pequeños pescadores.
Irarrázaval denunció que el proyecto en cuestión aborda la sustentabilidad de la industria, pero en el articulado “nada se va a llevar a efecto”, por lo que planteó que esto debe abordarse con asesorías científicas.
“Si queremos buscar medidas de sustentabilidad tenemos que crear un comité científico de expertos que tenga una decisión vinculante al momento de definir cuál es el porcentaje que se podrá pescar durante el año y no dejar esto a la discrecionalidad y arbitrio de la subsecretaria de Pesca, porque nuevamente estaríamos bajo presiones políticas y económicas del sector industrial para que se fijen cuotas de acuerdo a los intereses de los grandes industriales”, dijo.
Además, el dirigente reclamó que con esto no habría cabida para la participación de las pequeñas empresas en el debate de la llamada Ley Larga de Pesca, por lo que anunció la realización, este viernes, de un encuentro de pequeñas plantas de proceso de varias regiones.
En esta cita se definirán posturas para presentar al Congreso y participar en el debate parlamentario, donde plantearán que se reserve una cuota social de la industria pesquera, para tener sostenibilidad en el funcionamiento de las empresas.
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domingo, 18 de marzo de 2012
La agonía del río Loa en el lente de Tomás Munita
El río Loa está amenazado de muerte. El río más largo de Chile, que recorre 440 kilómetros del desierto de Atacama, para mucho el más árido del mundo, se está secando. Sobre esta historia posó su ojo el fotógrafo Tomás Munita, quien recorrió el río desde que nace en la Cordillera de los Andes hasta desembocar en el mar unos kilómetros al norte de Antofagasta, para retratar sus silenciosos paisajes, la vida de los pueblos aymaras que habitan en su cuenca, sus tradiciones y fiestas, las abandonadas salitreras en su alrededor y, también, las mineras que arrebatan el agua a este frágil ecosistema.
“Como fotoperiodista siento que debo buscar aquellas historias que no han sido contadas. La muerte del río Loa no solo es una de ellas, es también simbólica. En un contexto en que la minería florece en todos nuestros valles, utilizando las aguas y asegurando responsabilidad en sus prácticas el caso del río Loa nos deja claro que la realidad es otra. El río ha sido contaminado con metales pesados y desecado y nadie se ha hecho responsable. Creo que el caso del Loa es un ejemplo que debe ser difundido”- sostiene Tomás Munita respecto de este trabajo.
Su recorrido quedó plasmado en el libro de fotografías Cosecha Perdida, editado por Lom. Imágenes del salar de Carcote, ceremonias en San Pedro de Atacama, el pastoreo de cabras en Caspana o la limpia de canales en Toconce integran la obra.
Munita nos cuenta que para quienes habitan en los alrededores del río Loa “la limpia de canales es un ritual profundamente simbólico, en el que todos los hombres y mujeres unen fuerzas para limpiar los canales de regadío y hacer un pago a la tierra, un ruego por la fertilidad”.
“Hoy, cuando la gran mayoría de los campesinos han abandonado sus tierras para dedicarse a otras actividades mas lucrativas en las ciudades, la limpia de canales es una de las pocas instancias en las que la comunidad entera se reúne entorno al agua y la tierra para practicar sus costumbres ancestrales. Es dramático ver los hombres realizando esta ceremonia rodeados de terrazas de cultivo abandonadas”- destaca el fotógrafo.
DE POTOSÍ A KABUL
Munita a los 17 años se compró su primera cámara y aprendió a revelar en el laboratorio del colegio. Siempre se interesó por libros y revistas de fotografía que estaban en su casa. La vocación lo llevó a estudiar la carrera en el Instituto Profesional Arcos, época en que aprovechó para viajar por Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.
Tomaba y tomaba fotos en esos recorridos, en los que aprendió a entenderse con otras culturas. Así surgió el tema para su tesis: la ciudad de Potosí con todo su pasado minero.
Han pasado los años y Munita aún se estremece ante esas imágenes de pueblos remotos y costumbres ancestrales. Así le pasó en Caspana, un oasis en el desierto, descrita por el fotógrafo como “la única comunidad en toda la cuenca del Loa que ha sabido proteger su valle y su agua. Se mantiene intacto, productivo, rico en vida y en cultura. Es casi un milagro que ese lugar se mantenga así, espero lo sepamos conservar a futuro, una verdadera joya”.
De Latinoamérica Munita se lanzó al mundo. Ha recorrido tomando fotos Kabul y Kandahar en Afganistán, Kashmir en Pakistán y Varanasi en la India. También acompañó a los nómades del Himalaya. Uno de sus últimos trabajos fue en la Isla del Guano en Perú.
Su trayectoria ha recibido varios premios. Dos de sus fotos fueron premiados por la World Press Photo del 2008, el Leica Oskar Barnack, el reconocimiento al Fotógrafo Joven del año, entregado por el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York (ICP), entre varios otros. Hoy recorre el mundo trabajando para agencias de fotografía y sus obras aparecen en medios como New York Time, la revista GEO o el Herald Tribune.
Consultado sobre la relación entre la fotografía y los viajes, la respuesta de Munita es simple. En su oficio “por lo general cada vez que tengo que fotografiar tengo que viajar”.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
VEA LAS FOTOS DE TOMÁS MUNITA AQUÍ
sábado, 25 de febrero de 2012
AGUA Y AIRE TÓXICOS EN LA REGIÓN QUE EXPORTA MÁS DE US$ 3 MIL MILLONES El millonario y oscuro negocio del carbón: Auge y miseria en El Cesar colombiano
Por : María Teresa Ronderos en Reportajes de investigación
El 65% de los US$690 millones en carbón que importó Chile en 2011 provino de Colombia, y una tercera parte de éste, del Cesar (1). La periodista colombiana María Teresa Ronderos investigó cómo se produce ese carbón y recogió la historia de miseria y contaminación de los habitantes de la región que exporta más de US$ 3 mil millones, cuyas regalías se escurren por un agujero negro de corrupción el que también exhibe vínculos de multinacionales con paramilitares y asesinato de sindicalistas. Se estima un aumento de las exportaciones a US$6.500 millones. ¿Y qué pasará con los habitantes del Cesar?
“Da vergüenza, uno rodeado de tanta riqueza y este pueblo que debiera brillar está acorralado por esas minas”, dice Lorenzo Arias, presidente de la junta de acción comunal de Plan Bonito, un caserío del municipio de El Paso, en Cesar, el segundo departamento productor de carbón al nororiente de Colombia.
Lo que dice Lorenzo Arias es literalmente cierto: los firmes alambrados amarrados por postes de concreto de las empresas carboneras encierran su pueblito de unas 200 casas. Al lado está la minaCalenturitas de la empresa Prodeco, filial de Glencore, la más grande multinacional suiza que domina el 50% de los mercados del metal de cobre del mundo(2). En 2010, Glencore exportó carbón por casi mil millones de dólares y la sola mina Calenturitas pagó US$34,2 millones de regalías al Estado colombiano, la mayor parte de éstas para invertir en el desarrollo de la zona donde se extrae el carbón. (Ver Mapa Minas del Cesar)
Sin embargo, los millones no brillan en Plan Bonito. De aquel vividero sabroso, de gente humilde que sembraba yuca y ñame en tierras ajenas y pescaba bocachico y bagre en el vecino río de Calenturitas, ya no queda casi nada. Desde que despegó la bonanza minera hace un lustro, lo llaman el pueblo de las dos mentiras: ya ni es plan ni es bonito.
Sus habitantes siguen siendo igual de pobres, pero la vida les empeoró. Ya no tienen acceso a parcelas para trabajar ni pueden bajar al río a pescar. El río lo desviaron y por donde corre ahora, hay guardias privados que muchas veces no los dejan entrar. Al que no tiene trabajo en las minas ni tienda para venderles algo a los mineros, la comida le escasea.
Las explosiones que remecen el pit de la Calenturitas no sólo averían sus viviendas: también provoca que las venenosas serpientes bocadorada y cascabel que están en la maleza, huyan a esconderse en las casas. “Hay que estar mirando a los niños”, dice un lugareño.
Como eque va de La Jagua a La Loma y que le sirve de arteria a los emprendimientos mineros de la zona, lastractomulas que pasan de día y de noche cargados de carbón no dejan dormir y esparcen una estela de polvillo negro. Son camiones en su mayoría de Prodeco, pues esta vía conecta su mina de Calenturitas con la de La Jagua, situada en el camino a la cordillera que colinda al oriente con Venezuela.
La carbonilla flota siempre en el aire caliente de Plan Bonito. Cuentan allí que el bebé de Nelsy apenas nació se afectó de los pulmones y que Dionisia Ochoa de 66 años, Augusto Jiménez de 57 e Isidro Sosa de 40, andaban asfixiados cuando murieron. El agua de pozo profundo antes limpia y clara ahora se tornó oscura. Nunca llegó el alcantarillado. La Fundación Calenturitas de Prodeco hizo una escuelita pero la entrada es un charco, pues no quedó adoquinada. En su interior se ven unos viejos pupitres, que según contaron los vecinos, se los donaron los profesores del vecino pueblo de El Hatillo, otra aldea que quedó cercada por las minas.
Varios hombres en Plan Bonito se han beneficiado como contratistas enganchados por las bolsas de empleo, o directamente como empleados de las minas: pueden ganar más de seis veces los salarios que conseguían como jornaleros agrícolas. En total, son 25 mil los empleos directos o indirectos que ofrecen las minas. Y los efectos se ven: ahora los “drummeros”, como les dicen a los mineros por esas tierras pues es la norteamericana Drummond la más grande carbonera de la zona y emplea a unas 10 mil personas, gastan más, beben, estrenan mujeres, y el billar del pueblo vive lleno.
La Glencore empezó una negociación con los habitantes de Plan Bonito para comprarles sus casas y darles indemnizaciones por los daños causados. Algo parecido estaba haciendo la Vale con los de El Hatillo, pero en medio de las negociaciones, la gente, desesperada, bloqueó las vías y esto llevó al Ministerio de Medio Ambiente a dictar varias resoluciones para obligar a las empresas a mejorar la calidad del aire y a algunas de ellas, a hacer bolsa común y asumir el reasentamiento de Plan Bonito y El Hatillo, además de Boquerón, otro poblado que el ministerio consideró muy contaminado.
MALOS VECINOS
Para entrar a El Hatillo, el otro pueblo de 150 casas que también tiene que ser reasentado, hay que pasar por un lodazal colmado de basura: allí bota el boyante pueblón de La Loma sus desperdicios. Después se ven sus casas sencillas de paredes de bahareque y techos de palma. El paisaje de fondo es una árida colina que sirve de botadero de la mina del mismo nombre, El Hatillo. La mina es explotada por la Vale Coal, una filial de la multinacional brasilera Vale, la principal productora de hierro del mundo. En 2010, Vale exportó US$148 millones desde El Hatillo.
A unos 800 metros de El Hatillo está la mina La Francia, de propiedad de la Colombian Natural Resources. Esta mina era de Coal Corp., una empresa de ex directivos de la petrolera estatal venezolana PVDSA, hoy socios mayoritarios de Pacific Rubiales, registrada en la bolsa de Toronto(3). Con La Francia les fue mal: es una mina difícil de explotar por la forma de sus depósitos y acumuló agua. Al parecer, según dijeron a CIPER, para proteger un contrato de venta a una caldera en Estados Unidos, un directivo, asociado a Goldman Sachs, consiguió que esta firma se quedara con la mina(4). Y hoy este poderoso banco de Wall Street es dueño de La Francia y, junto con Drummond, Glencore, Carbones del Cesar y Vale, es socio de Fenoco, la empresa que tiene la concesión para operar los trenes que sacan el carbón desde el centro del Cesar hasta los puertos en la costa Caribe, desde donde sale al exterior(5). (Ver tabla Las mineras de carbón del Cesar).
Con tanto magnate por vecino, las historias de El Hatillo suenan más tristes. La señora Leanis dice que a su hijo Dailer de 3 años, le sale un brote en las piernas que se le infecta por el agua ácida contaminada por el carbón. Una vecina, a la que la última explosión le tumbó una pared de su casa, y Alberto Mejía, líder comunitario, se lamentan de que ya no pueden reparar los techos de sus casas porque el acceso a la finca vecina, de donde antes sacaban las hojas de palma, está cerrado. Y otra mujer asegura que hace poco vino una brigada de salud de algunas empresas y les trajeron medicina vencida. Algunas testigos piden reserva de sus nombres pues sus maridos trabajan en las minas.
Los reclamos se repiten. Y se entiende. Un estudio reciente de la Secretaría de Salud Departamental, solicitado con urgencia por la Defensoría del Pueblo, constató lo que la gente ya sabía: que el agua no es apta para consumo humano y que el 51% de sus habitantes sufre de “enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental tales como las del sistema respiratorio, y enfermedades de la piel y de los ojos”.
El tercer pueblo que debe ser reasentado, el Boquerón, está en mejores condiciones. El gobierno municipal construyó un acueducto y una escuela, y las empresas tienen dudas sobre si realmente debe ser reasentado pues la contaminación allí es menor. Después de decisiones contradictorias, el gobierno determinó que previamente debía hacerse una consulta con las comunidades negras asentadas allí.
Los daños de la minería no sólo han afectado a los pueblos que se van a reasentar. En los caminos que cruzan las siete minas que hoy están en producción en la región, se encuentra la huella de las quejas. Así, por ejemplo, en la vereda Hato Guajira, del municipio de Becerril, otro de los grandes productores de carbón, la quebrada donde botan el estéril, la tierra sobrante después de sacar el carbón de la mina, se volvió un barrizal. Las vacas de Lilo Martínez, un campesino de 60 años, son las que han sufrido las consecuencias. “Vacas gordas, bonitas, les entra la bobera y se mueren”, dice. Martínez ya perdió 10 el año pasado, una cuarta parte de las que tenía.
MEJORES AIRES
Desde que el gobierno intervino con regulaciones en 2009 y 2010, y las empresas pudieron transportar su carbón en tren, salieron más de 1.100 tractomulas de las vías. Además, Prodeco cumplió su compromiso de pavimentar la vía del carbón. La Drummond, en cambio, sólo ha pavimentado 11 de los 17,9 kilómetros acordados. Augusto Jiménez, presidente de Drummond, explicó a esta periodista que le están exigiendo que asfalte una vía que estará cubierta por un botadero de escombros de Prodeco, y por eso no tiene sentido hacerlo. A cambio, dijo, ha propuesto al Ministerio de Ambiente pavimentar el equivalente en vías en La Loma, la población que queda más cerca a su mina.
Según los registros oficiales, estos cambios y las extraordinarias lluvias han hecho que la contaminación en la zona carbonera del centro del Cesar baje en un 50 %. Además, se suspendió la aprobación de las licencias de varios proyectos que casi duplicarían los 43 millones de toneladas anuales de carbón, la producción actual de la zona. A Drummond, la mayor exportadora de carbón del Cesar, que vendió en 2010 más de US$2.100 millones, le negaron la licencia para desarrollar un tercer complejo minero pegado a La Loma: El Descanso Sur-Similoa-Rincón Hondo. Según el gobierno, se debe a que los niveles de contaminación son aún demasiado altos. La empresa pidió reposición de la decisión y el asunto está pendiente.
Lo cierto es que la gente de los pueblos más afectados sigue en las mismas. El plazo para reasentar Plan Bonito venció hace seis meses (en septiembre 2011). Se hizo un censo para determinar el valor del patrimonio de sus humildes habitantes, pero según una fuente, aún no se ha podido tabular. José del Carmen Peña, líder del poblado, explica que ellos han pedido negociación directa, que a cada cual le paguen sus propiedades y una indemnización por los perjuicios que les causaron.
Para negociar mejor, esperan la publicación de un estudio de la Universidad Nacional que determine qué tanto ha afectado la salud de los niños de los cinco municipios mineros la contaminación. El estudio costó unos US$120 mil y aún no se conoce. Varios boniteños ya tienen sus casas en un barrio de La Loma donde se quiere ir la mayoría. Intentarán rehacer allí los lazos tejidos en 170 años de historia, rotos por la aplanadora minera.
-Nos confiábamos tanto de las empresas, pero todavía no conseguimos que nos cumplan –dice desconsolado José.
En El Hatillo, la comunidad no se ha puesto de acuerdo para decidir sobre el formato del censo. Por rápido que lo ajusten, no empezará sino hasta febrero próximo. Como dijo a esta reportera el líder comunitario Alberto Rodríguez, aún no tienen claridad de cómo seguiría el proceso. “Pedimos que nos consulten –dice su hijo Alberto, el único bachiller de El Hatillo –y que a dónde nos vayan a reasentar no haya riesgo. ¿Y quién nos responde por la indemnización?”.
“El gobierno se ha equivocado en el manejo de los reasentamientos y no ha hecho lo que ha debido hacer: prohibir la actividad minera hasta que no cumplan con el reasentamiento”, dijo a CIPER Alberto Gutiérrez, experto en minería y ex consejero ambiental del Cesar. El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, reconoció en entrevista con CIPER que no tienen un plan de emergencia en salud o ambiental para proteger a las comunidades de estos pueblos, abandonados y enfermos, mientras se da el reasentamiento.
FALLOS Y FALLAS MEDIOAMBIENTALES
Los reasentamientos no son los únicos compromisos ambientales no cumplidos por las mineras. El Ministerio del Medio Ambiente ha multado a empresas de Glencore por el equivalente a US$208 mil por haber intervenido en una reserva forestal sin permiso, por haber intervenido el curso del río Tucuy y haber tomado agua de un manantial en 2009. La empresa ha pagado las multas y está tramitando los permisos respectivos. Ese mismo año el MinAmbiente impuso tres multas a la Vale por US$270 mil por haber realizado obras sin licencia, haber vertido aguas residuales a un caño y haber capturado agua del río Calenturitas y el arroyo Paraluz sin contar con los permisos. Vale ha pagado dos multas y la tercera está en fase de apelación. Este año impuso otra multa a Norcarbón por US$135 mil por haber hecho vías en zonas de reserva, que aún está sin pagar.
La multa más alta impuesta por el MinAmbiente fue a la Drummond en 2008: $1.604 millones (US$870 mil dólares) por haber realizado una carretera entre sus dos minas -La Loma y El Descanso-, con los consecuentes efectos negativos sobre el río y la capa vegetal y el desvío de un arroyo. Drummond no ha pagado. Pide que la anulen argumentando que sí tuvo permiso de Corpocesar para hacer la vía, y que el mismo MinAmbiente le dio después el permiso cuando le dio la licencia ambiental para explotar su mina El Descanso.
Los transportes son otra fuente de problemas, un área donde la contaminación había hecho estragos y el Estado debió intervenir. Las empresas Drummond, Vale y Prodeco tenían sus puertos de cargue por barcazas, lo que estaba contaminando las playas, amén del ruido y el peligro que presentaba el paso constate de los trenes cerca de las playas. El gobierno ordenó que para enero de 2013 todas deben tener puertos de cargue directo, mucho menos contaminantes. La curiosa excepción esCarbosan, un puerto de socios locales en pleno Santa Marta por donde se exporta parte del carbón nacional.
Glencore, cuyo puerto queda en Santa Marta, se adelantó a construir Puerto Nuevo en Ciénaga, con capacidad para 27 millones de toneladas métricas al año. Drummond demoró en acatar la medida, pero finalmente obtuvo permiso para modificar su licencia de puerto a cargue directo al final de 2011, a la espera de completar las modificaciones para cargue directo con capacidad de 50 toneladas métricas en 2014. La Vale, al parecer molesta por los cambios impuestos a los términos de su puerto, ha anunciado que venderá sus activos en el país.
Otros efectos negativos tienen que ver con la alteración de los cursos de las aguas que fluyen naturalmente desde la Serranía del Perijá hacia la Ciénaga de la Zapatosa. Para el experto local, Alberto Gutiérrez, el problema está en que las cuencas que debe vigilar la entidad ambiental local, Corpocesar, son más grandes que la zona donde tiene el impacto directo la actividad minera, de vigilancia exclusiva de mineras y el Ministerio. Eso provoca, dice, que no hay quién vea cómo la actividad minera puede desequilibrar la cuenca en su conjunto.
NEXOS CON PARAMILITARES
El récord de incumplimiento ambiental de las carboneras en el centro del Cesar amerita detenerse en los expedientes: incumplimientos constantes a medidas de la autoridad y resistencia de algunas a pagar multas aún cuando sus montos son irrisorios, se repiten. Y lo que resalta es la indolencia que exhiben sus representantes ante los reclamos de las comunidades pobres que están sufriendo el impacto ambiental de sus millonarios y sofisticados emprendimientos.
No sólo en materia ambiental las multinacionales que extraen el carbón en Colombia están en deuda. El otro estándar mínimo que se viola es el laboral. Las huelgas y otros conflictos laborales que han afectado a ese sector han sido mínimos considerando el tamaño de sus operaciones. Detrás de esa aparente calma, surgen graves acusaciones en contra de la Drummond por persecución a su sindicato.
El sindicato de obreros minerosSintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.
En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).
No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”- para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.
Drummond ha insistido en su inocencia. Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.
Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra.
DECLARACIONES EN DUDA
Las autoridades colombianas investigan si la gran minería de carbón en el Cesar puede estar fallando con otras obligaciones. Así, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades investiga a Glencore (con las minas Calenturitas y La Jagua y varias filiales) y a Pacific Rubiales (dueña de una mina en Cerrolargo con decenas de filiales), porque no habían declarado su condición de grupo empresarial, como lo obligaba la ley. Una fuente de Prodeco explicó que, luego de la notificación de la Super, estaban trabajando para cumplir las normas.
La Dian anunció investigaciones en el sector minero porque sospecha de maniobras para evadir impuestos. En el área del carbón encontró incongruencias, como que en 2010 las empresas declararon patrimonios en un 68,5% mayores en sus declaraciones de impuesto a la renta, que en las realizadas para pagar impuesto al patrimonio. Es decir, pueden estar evadiendo impuestos al patrimonio. También está analizando por qué el porcentaje del impuesto sobre ingresos pagado por las empresas carboneras bajó de 6,18 en 2008 a 4% en 2010.
CIPER miró en detalle las exportaciones a Chile, y descubrió que en 2011, según los manifiestos de aduana registrados por Legiscomex en Colombia, las carboneras colombianas, varias del Cesar, exportaron a Chile US$387,8 millones (Ver tabla Exportaciones de carbón colombiano a Chile). Y en cambio, según los datos de ProChile, en 2011, sumando todos los tipos de carbón que entraron de Colombia a Chile, oficialmente los chilenos importaron carbón colombiano por US$454,9 millones FOB. ¿Por qué entró a Chile US$ 67 millones más en carbón del que exportó Colombia a este país? Según un experto, esto se puede deber a maniobras de las empresas para evadir impuestos, pero sería tema de investigación de las autoridades.
Otras entidades del Estado están además revisando que los costos y montos de producción declarados por las mineras sean los reales, y por consiguiente, que estén pagando las regalías y compensaciones debidas.
Pero la tarea no es fácil. Cada empresa que extrae carbón en Cesar tiene uno o varios contratos que se rigen por arreglos diferentes de pagos según las cambiantes normas legales bajo las cuales los firmaron. (Ver explicaciones de Ingeominas sobre los Contratos con cada uno en detalle). SON LOS CONTRATOS. Además, los precios de referencia del carbón varían. Así, un contrato toma el precio FOB en puerto de destino descontando los costos de transporte nacionales y fletes internacionales, otro toma el precio ICR que lo calcula una revista especializada y otro un precio que fija la Unidad Minero Energética, según diversas variables. (Ver Indices de precios del carbón). En algunos casos, las carboneras pagan otras compensaciones que aseguran al Estado ingresos adiciones en épocas de precios altos.
Estas normas diversas hacen más complejo el control. Se dan casos tan absurdos como queGlencore, después de haber adquirido la totalidad de los títulos mineros de la mina La Jagua y haber unificado su operación, pidió al gobierno que le permitiera unificar también los términos de la explotación en un solo contrato, y éste se rehusó, aun cuando la empresa hubiera terminado pagando un porcentaje mayor de regalías, pues este aumenta cuando los montos exportados sobrepasan los tres millones de toneladas.
Como las operaciones de Glencore crecieron tanto, negoció con Ingeominas en 2010 tres cambios a su contrato en Calenturitas. Uno de ellos, al reconocerle un monto ajustable de los costos de la producción de carbón, implica que la minera pagara una compensación menor a si estos costos se hubieran dejado fijos. No obstante, con razón la empresa ha explicado que en términos reales los costos han aumentado, y así lo reconoció en su momento el gobierno. De todos modos la Contraloría abrió una investigación para determinar si hubo un detrimento al Estado que calcula puede ser hasta de US$35 millones.
El gobierno también está considerando revisar cómo se calculan las multas por temas contractuales y ambientales, para que las empresas mineras realmente compensen el daño.
MALABARES OFICIALES
Parte del problema de por qué el gobierno no ha podido ser más estricto con las mineras se debe al comportamiento de algunos funcionarios encargados de su fiscalización. Así, por ejemplo, sorpresivamente, en medio de la mina de La Jagua, apareció una persona reclamando un título minero de tres hectáreas, dada la superficie reclamada se hizo evidente que el propósito de este título era especulativo. Glencore, dueña de la Jagua, protestó, denunció, pero nada pasó. El dueño del mini-título, ex empleado del Ingeominas, la autoridad nacional que da los títulos, se salió con la suya y obstruyó el desarrollo de la mina La Jagua hasta tanto Glencore no le pagara un millón de dólares por su título. Ante la negativa de toda autoridad de investigar el caso, Glencore pagó.
Otra situación extraña fue la que vivió Prodeco, filial de Glencore, cuando el propio presidente Álvaro Uribe en un consejo comunitario le ordenó comprar unos terrenos en los predios de El Prado, donde no tenía planeado desarrollar sus minas. Lo extraño es que testaferros de paramilitares había usurpado predios allí a sangre y fuego, y Prodeco terminó pagándoles mejoras(6). Más tarde, aparecieron los verdaderos dueños de esas tierras, desplazados por los ‘paras’ exigiendo que les compensaran por esas tierras. Por esta razón Prodeco demandó al Incoder.
Algo parecido le sucedió a Drummond. Estaba en su interés comprar varias parcelas de Mechoacán, una tierra donde hubo desplazamiento forzado y asesinatos, pero el gobierno le dijo que tenía que comprar más parcelas de las que necesitaba para su desarrollo minero.
Y ni qué decir de las irregularidades en la inversión de las regalías que giraron estas empresas para el desarrollo económico y social de los municipios productores: en total sumaron $424 mil millones de pesos (unos US$230 millones) desde 2008 hasta el final de 2010. (Ver tabla con total de producción y regalías giradas por proyectos de interés nacional). El Departamento Nacional de Planeación, que le hace una vigilancia preventiva al gasto de estas sumas millonarias, tiene suspendidos los giros de regalías a Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua, los cuatro municipios mayores productores de carbón en el Cesar, por incumplimientos por inminente peligro de desvío de recursos. En sus reportes desde 2007, el DNP ha encontrado 206 irregularidades asociadas a la contratación.
Como la plata se desperdicia o se la roban, los municipios siguen con índices de pobreza extrema: en La Jagua todavía se mueren 38 niños de cada mil que nacen antes de cumplir el primer año, una tasa de mortalidad infantil cinco veces mayor que la chilena, el doble que la tasa promedio de Colombia que es de 19,9. En Chiriguaná la tasa es de 36,7. Sus desempeños en servicio públicos son igualmente patéticos: El Paso tiene una cobertura de 30% en alcantarillado.
Los alcaldes corruptos ya les perdieron el miedo a los organismos de control: aunque los expulsen del cargo, saben que se van a sus casas multimillonarios y con el poder suficiente para que sus compadres salgan elegidos.
“Hasta que el Estado no encuentre cómo dejarlos presos y en la ruina, no parará el robo”, dijo un líder empresarial del Cesar que conoce los carros de lujo y las mansiones de los funcionarios expulsados por corrupción. Pero también, como dijo un empresario que conoce el sector, hay mafias heredadas del paramilitarismo y la guerrilla, que obligan a los alcaldes a darles una tajada de los dineros públicos. Quienes se han atrevido a denunciar han sido amenazados de muerte.
Las empresas carboneras hasta ahora han hecho poco por frenar este desangre, salvo la tímida financiación de algunas de un Observatorio de la Regalías que intenta hacer más transparentes estos flujos y ha entrenado veedores locales para que hagan algún control ciudadano. La ironía es que cuando se agoten las minas –la deCalenturitas el 2032 y la de La Loma en 2066 –y los niños sigan muriéndose y los campesinos y mineros sigan sin acueducto ni alcantarillado, la gente va a culpar a los que perciben como los ricos del barrio: las mineras. Estaría en su propio interés contribuir de manera más enérgica a mejorar la calidad del liderazgo local, y usar su poder regional y nacional para que las regalías que ellos pagan al Estado tengan un mejor uso.
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos aprobó en diciembre una reforma a la ley de regalías que redistribuye mejor a todo el país estos recursos e impone nuevos filtros para impedir que las dilapiden. Sin embargo, los territorios productores seguirán recibiendo millones en regalías, y si las élites locales no aterrizan que ésta es una cosecha irrepetible, no es de esperar que corran mejor suerte. Pero para ello necesitan que el Estado sea más eficaz en desbaratar las bandas armadas que extorsionan y amenazan.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las carboneras del Cesar han ido realizando inversiones en sus comunidades, desarrollando sus áreas de responsabilidad social. Glencore, por ejemplo, promovió un programa de prevención del embarazo adolescente con Profamilia, y construyó un hospital en La Jagua que atiende a sus empleados y a los afiliados a Coomeva. Drummond impulsó el uso de materiales de reciclaje, como la madera, para una asociación de madres en La Loma y ofrece becas a los jóvenes promisorios del Cesar.
No obstante, sus conceptos de sostenibilidad empresarial son aún muy limitados. Como dijo La Declaración de Berna, una ONG suiza que promueve un desarrollo más equitativo Norte-Sur, sobre el primer reporte de responsabilidad social que publicó Glencore este año, “confunden un compromiso caritativo con un concepto moderno de responsabilidad social empresarial”.
Las más grandes multinacionales que se instalaron en el Cesar no son modelo en materia de responsabilidad social. Drummond, una empresa privada de un solo dueño que además de desarrollos carboneros hace campos de golf, ha optado por contar con personajes cercanos al gobierno de turno, y como dijo uno de sus competidores, para salirse con la suya. Es revelador que aunque empezó su explotación en los ‘90, sólo en 2009 anunciara en un reporte público que “ha establecido un nuevo programa de gestión social que brindará soporte a los municipios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”. Su presidente, Augusto Jiménez, asegura que ha sido un proceso, y que en el entorno de tranquilidad actual es más viable desarrollar proyectos más ambiciosos de responsabilidad social.
En el nuevo tono seguramente influye el hecho de que vendió el 20% de la compañía en 2011 a la Itochu, una de las cinco grandes comercializadoras japonesas, una empresa abierta pues cotiza en bolsa.
Glencore ni siquiera figuraba como la dueña de sus filiales muy públicamente. La cultura de secreto con la que suelen caracterizar a la empresa matriz situada en el paraíso fiscal de Zug en Suiza, también la perciben en el Cesar. No hay que olvidar que esta empresa fundada por Marc Rich, quien fue fugitivo del FBI por años, y aunque fue perdonado por Clinton y ya no es su dueño, los ejecutivos brillantes que le compraron se las ingeniaron para comerciar petróleo sudanés en plena guerra y terminaron enredados en el escándalo del programa de ayuda de la ONU a Irak de ‘Petróleo por alimentos’. Un estudio reciente que hizo una organización noruega encontró que Glencore era la más opaca de las multinacionales, con un 46% de sus subsidiarias registradas en paraísos fiscales (Ver estudio).
“En Colombia, aunque tienen mucho más personal colombiano que extranjero, le tienen miedo a la exposición directa”, dijo una fuente que los conoce bien. Pero como la empresa matriz Glencore salió a vender acciones por US$10 mil millones en la bolsa de Londres en mayo pasado, ha comenzado a hacer reportes públicos, a abrir sus libros, y es probable que esto la lleve a una cultura de mayor transparencia al escrutinio público. En Colombia publicó su primer informe de responsabilidad social empresarial en 2011.
EL FUTURO
El negocio carbonero en Colombia pinta extraordinariamente bien. Sólo el César, si arrancan los proyectos en ciernes, exportará unos US$6.500 millones anuales y dejará unos 300 millones más en regalías (Ver lista de Nuevos proyectos). Además, están en construcción otra línea férrea y dos puertos de cargue directo, suficiente para desarrollar todo un complejo minero-industrial.
No obstante, el impacto ambiental de las gigantes minas a cielo abierto que ocuparán un territorio tres veces que el que ocupa hoy Bogotá, según cálculos del experto Alberto Gutiérrez será mucho mayor. Varios funcionarios del gobierno de Santos dijeron que buscan asegurarse que estas empresas “demuestren un genuino interés en el desarrollo de las comunidades y sus actividades tengan un impacto positivo o neutro sobre el medio ambiente”. Según diversas fuentes los ministros ya han convocado a las empresas a ponerse a la altura del desafío social y ambiental.
Es más fácil vigilar ahora la minería en el Cesar pues son menos actores, más grandes y más visibles. Pero también se necesita que el gobierno mejore la calidad de su información ambiental y económica; se trace una política coherente y de largo plazo que no esté dando bandazos como hasta ahora; se coordine mejor con las autoridades locales; y realmente esté dispuesto a sacar del juego a quien no cumpla.
Notas
1.-Según los datos de ProChile las importaciones de Chile desde Colombia de todo tipo de carbones (hullas para uso térmico, hullas pulverizadas, coques y semi-coques) sumaron US$454 millones en 2011. Sin embargo, según los manifiestos de exportación ante la aduana colombiana entregados por las empresas, a Chile se exportaron US$143 millones de carbón (FOB) desde el Cesar en el mismo año.
2.-Glencore también domina el 30% por ciento del mercado de concentrados de cobre. Así lo reveló la propia empresa en abril pasado en su Prospecto para la Oferta Pública de Acciones que realizó en mayo de 211 en la Bolsa de Londres.
3.-La Superintendencia de Sociedades Anónimas de Colombia investigó a Pacific Rubiales pues tenía decenas de filiales en el país y no había declarado su condición de grupo económico, incumpliendo así la ley colombiana. Aunque los dueños de Pacific ya no tienen la mina La Francia, su filial Norcarbón, cuya dueña es Chianto S.A. de Panamá, que a su vez es de Pacific Coal, también panameña, tiene otra mina en el Cesar en Cerrolargo.
4.-Goldman Sachs fue una de las responsables de la crisis de Wall Street de 2008 y estuvo al borde de la quiebra. Fue rescatada por el gobierno estadounidense, y en 2009 presentó utilidades por US$13 mil millones. Un programa de la televisión pública estadounidense de PBS de febrero de 2010 relacionó sus utilidades extraordinarias con los US$10 mil millones de ayuda que recibió del gobierno.
5.-Fenoco, que tenía la concesión para operar el ferrocarril desde el centro del Cesar hasta los puertos carboneros, estaba en manos españolas. Hasta 2006 esta sólo llevaba el carbón de Drummond, pero luego las otras firmas, a las que le salía ocho veces más costoso transportar su carbón por vía terrestre, presionaran para que les dieran acceso a ese servicio. Según varios directivos de estas empresas, el gobierno de Álvaro Uribe prácticamente los obligó a comprarle a los españoles la concesión para poder tener acceso a la red ferroviaria pública. Hoy todas las empresas que están explotando carbón en el Cesar –excepto Norcarbón de Pacific Rubiales- llevan su carbón a la costa por tren.
6.-Ver historia de VerdadAbierta.com: “Carbón y Sangres en la tierras de Jorge ‘40’”
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.
CIPER
El 65% de los US$690 millones en carbón que importó Chile en 2011 provino de Colombia, y una tercera parte de éste, del Cesar (1). La periodista colombiana María Teresa Ronderos investigó cómo se produce ese carbón y recogió la historia de miseria y contaminación de los habitantes de la región que exporta más de US$ 3 mil millones, cuyas regalías se escurren por un agujero negro de corrupción el que también exhibe vínculos de multinacionales con paramilitares y asesinato de sindicalistas. Se estima un aumento de las exportaciones a US$6.500 millones. ¿Y qué pasará con los habitantes del Cesar?
Fotografía | Juan Carlos Sierra/REVISTA SEMANA
“Da vergüenza, uno rodeado de tanta riqueza y este pueblo que debiera brillar está acorralado por esas minas”, dice Lorenzo Arias, presidente de la junta de acción comunal de Plan Bonito, un caserío del municipio de El Paso, en Cesar, el segundo departamento productor de carbón al nororiente de Colombia.
Lo que dice Lorenzo Arias es literalmente cierto: los firmes alambrados amarrados por postes de concreto de las empresas carboneras encierran su pueblito de unas 200 casas. Al lado está la minaCalenturitas de la empresa Prodeco, filial de Glencore, la más grande multinacional suiza que domina el 50% de los mercados del metal de cobre del mundo(2). En 2010, Glencore exportó carbón por casi mil millones de dólares y la sola mina Calenturitas pagó US$34,2 millones de regalías al Estado colombiano, la mayor parte de éstas para invertir en el desarrollo de la zona donde se extrae el carbón. (Ver Mapa Minas del Cesar)
Sin embargo, los millones no brillan en Plan Bonito. De aquel vividero sabroso, de gente humilde que sembraba yuca y ñame en tierras ajenas y pescaba bocachico y bagre en el vecino río de Calenturitas, ya no queda casi nada. Desde que despegó la bonanza minera hace un lustro, lo llaman el pueblo de las dos mentiras: ya ni es plan ni es bonito.
Sus habitantes siguen siendo igual de pobres, pero la vida les empeoró. Ya no tienen acceso a parcelas para trabajar ni pueden bajar al río a pescar. El río lo desviaron y por donde corre ahora, hay guardias privados que muchas veces no los dejan entrar. Al que no tiene trabajo en las minas ni tienda para venderles algo a los mineros, la comida le escasea.
Las explosiones que remecen el pit de la Calenturitas no sólo averían sus viviendas: también provoca que las venenosas serpientes bocadorada y cascabel que están en la maleza, huyan a esconderse en las casas. “Hay que estar mirando a los niños”, dice un lugareño.
Como eque va de La Jagua a La Loma y que le sirve de arteria a los emprendimientos mineros de la zona, lastractomulas que pasan de día y de noche cargados de carbón no dejan dormir y esparcen una estela de polvillo negro. Son camiones en su mayoría de Prodeco, pues esta vía conecta su mina de Calenturitas con la de La Jagua, situada en el camino a la cordillera que colinda al oriente con Venezuela.
La carbonilla flota siempre en el aire caliente de Plan Bonito. Cuentan allí que el bebé de Nelsy apenas nació se afectó de los pulmones y que Dionisia Ochoa de 66 años, Augusto Jiménez de 57 e Isidro Sosa de 40, andaban asfixiados cuando murieron. El agua de pozo profundo antes limpia y clara ahora se tornó oscura. Nunca llegó el alcantarillado. La Fundación Calenturitas de Prodeco hizo una escuelita pero la entrada es un charco, pues no quedó adoquinada. En su interior se ven unos viejos pupitres, que según contaron los vecinos, se los donaron los profesores del vecino pueblo de El Hatillo, otra aldea que quedó cercada por las minas.
Varios hombres en Plan Bonito se han beneficiado como contratistas enganchados por las bolsas de empleo, o directamente como empleados de las minas: pueden ganar más de seis veces los salarios que conseguían como jornaleros agrícolas. En total, son 25 mil los empleos directos o indirectos que ofrecen las minas. Y los efectos se ven: ahora los “drummeros”, como les dicen a los mineros por esas tierras pues es la norteamericana Drummond la más grande carbonera de la zona y emplea a unas 10 mil personas, gastan más, beben, estrenan mujeres, y el billar del pueblo vive lleno.
La Glencore empezó una negociación con los habitantes de Plan Bonito para comprarles sus casas y darles indemnizaciones por los daños causados. Algo parecido estaba haciendo la Vale con los de El Hatillo, pero en medio de las negociaciones, la gente, desesperada, bloqueó las vías y esto llevó al Ministerio de Medio Ambiente a dictar varias resoluciones para obligar a las empresas a mejorar la calidad del aire y a algunas de ellas, a hacer bolsa común y asumir el reasentamiento de Plan Bonito y El Hatillo, además de Boquerón, otro poblado que el ministerio consideró muy contaminado.
MALOS VECINOS
Para entrar a El Hatillo, el otro pueblo de 150 casas que también tiene que ser reasentado, hay que pasar por un lodazal colmado de basura: allí bota el boyante pueblón de La Loma sus desperdicios. Después se ven sus casas sencillas de paredes de bahareque y techos de palma. El paisaje de fondo es una árida colina que sirve de botadero de la mina del mismo nombre, El Hatillo. La mina es explotada por la Vale Coal, una filial de la multinacional brasilera Vale, la principal productora de hierro del mundo. En 2010, Vale exportó US$148 millones desde El Hatillo.
A unos 800 metros de El Hatillo está la mina La Francia, de propiedad de la Colombian Natural Resources. Esta mina era de Coal Corp., una empresa de ex directivos de la petrolera estatal venezolana PVDSA, hoy socios mayoritarios de Pacific Rubiales, registrada en la bolsa de Toronto(3). Con La Francia les fue mal: es una mina difícil de explotar por la forma de sus depósitos y acumuló agua. Al parecer, según dijeron a CIPER, para proteger un contrato de venta a una caldera en Estados Unidos, un directivo, asociado a Goldman Sachs, consiguió que esta firma se quedara con la mina(4). Y hoy este poderoso banco de Wall Street es dueño de La Francia y, junto con Drummond, Glencore, Carbones del Cesar y Vale, es socio de Fenoco, la empresa que tiene la concesión para operar los trenes que sacan el carbón desde el centro del Cesar hasta los puertos en la costa Caribe, desde donde sale al exterior(5). (Ver tabla Las mineras de carbón del Cesar).
Con tanto magnate por vecino, las historias de El Hatillo suenan más tristes. La señora Leanis dice que a su hijo Dailer de 3 años, le sale un brote en las piernas que se le infecta por el agua ácida contaminada por el carbón. Una vecina, a la que la última explosión le tumbó una pared de su casa, y Alberto Mejía, líder comunitario, se lamentan de que ya no pueden reparar los techos de sus casas porque el acceso a la finca vecina, de donde antes sacaban las hojas de palma, está cerrado. Y otra mujer asegura que hace poco vino una brigada de salud de algunas empresas y les trajeron medicina vencida. Algunas testigos piden reserva de sus nombres pues sus maridos trabajan en las minas.
Los reclamos se repiten. Y se entiende. Un estudio reciente de la Secretaría de Salud Departamental, solicitado con urgencia por la Defensoría del Pueblo, constató lo que la gente ya sabía: que el agua no es apta para consumo humano y que el 51% de sus habitantes sufre de “enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental tales como las del sistema respiratorio, y enfermedades de la piel y de los ojos”.
El tercer pueblo que debe ser reasentado, el Boquerón, está en mejores condiciones. El gobierno municipal construyó un acueducto y una escuela, y las empresas tienen dudas sobre si realmente debe ser reasentado pues la contaminación allí es menor. Después de decisiones contradictorias, el gobierno determinó que previamente debía hacerse una consulta con las comunidades negras asentadas allí.
Los daños de la minería no sólo han afectado a los pueblos que se van a reasentar. En los caminos que cruzan las siete minas que hoy están en producción en la región, se encuentra la huella de las quejas. Así, por ejemplo, en la vereda Hato Guajira, del municipio de Becerril, otro de los grandes productores de carbón, la quebrada donde botan el estéril, la tierra sobrante después de sacar el carbón de la mina, se volvió un barrizal. Las vacas de Lilo Martínez, un campesino de 60 años, son las que han sufrido las consecuencias. “Vacas gordas, bonitas, les entra la bobera y se mueren”, dice. Martínez ya perdió 10 el año pasado, una cuarta parte de las que tenía.
MEJORES AIRES
Desde que el gobierno intervino con regulaciones en 2009 y 2010, y las empresas pudieron transportar su carbón en tren, salieron más de 1.100 tractomulas de las vías. Además, Prodeco cumplió su compromiso de pavimentar la vía del carbón. La Drummond, en cambio, sólo ha pavimentado 11 de los 17,9 kilómetros acordados. Augusto Jiménez, presidente de Drummond, explicó a esta periodista que le están exigiendo que asfalte una vía que estará cubierta por un botadero de escombros de Prodeco, y por eso no tiene sentido hacerlo. A cambio, dijo, ha propuesto al Ministerio de Ambiente pavimentar el equivalente en vías en La Loma, la población que queda más cerca a su mina.
Según los registros oficiales, estos cambios y las extraordinarias lluvias han hecho que la contaminación en la zona carbonera del centro del Cesar baje en un 50 %. Además, se suspendió la aprobación de las licencias de varios proyectos que casi duplicarían los 43 millones de toneladas anuales de carbón, la producción actual de la zona. A Drummond, la mayor exportadora de carbón del Cesar, que vendió en 2010 más de US$2.100 millones, le negaron la licencia para desarrollar un tercer complejo minero pegado a La Loma: El Descanso Sur-Similoa-Rincón Hondo. Según el gobierno, se debe a que los niveles de contaminación son aún demasiado altos. La empresa pidió reposición de la decisión y el asunto está pendiente.
Lo cierto es que la gente de los pueblos más afectados sigue en las mismas. El plazo para reasentar Plan Bonito venció hace seis meses (en septiembre 2011). Se hizo un censo para determinar el valor del patrimonio de sus humildes habitantes, pero según una fuente, aún no se ha podido tabular. José del Carmen Peña, líder del poblado, explica que ellos han pedido negociación directa, que a cada cual le paguen sus propiedades y una indemnización por los perjuicios que les causaron.
Para negociar mejor, esperan la publicación de un estudio de la Universidad Nacional que determine qué tanto ha afectado la salud de los niños de los cinco municipios mineros la contaminación. El estudio costó unos US$120 mil y aún no se conoce. Varios boniteños ya tienen sus casas en un barrio de La Loma donde se quiere ir la mayoría. Intentarán rehacer allí los lazos tejidos en 170 años de historia, rotos por la aplanadora minera.
-Nos confiábamos tanto de las empresas, pero todavía no conseguimos que nos cumplan –dice desconsolado José.
En El Hatillo, la comunidad no se ha puesto de acuerdo para decidir sobre el formato del censo. Por rápido que lo ajusten, no empezará sino hasta febrero próximo. Como dijo a esta reportera el líder comunitario Alberto Rodríguez, aún no tienen claridad de cómo seguiría el proceso. “Pedimos que nos consulten –dice su hijo Alberto, el único bachiller de El Hatillo –y que a dónde nos vayan a reasentar no haya riesgo. ¿Y quién nos responde por la indemnización?”.
“El gobierno se ha equivocado en el manejo de los reasentamientos y no ha hecho lo que ha debido hacer: prohibir la actividad minera hasta que no cumplan con el reasentamiento”, dijo a CIPER Alberto Gutiérrez, experto en minería y ex consejero ambiental del Cesar. El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, reconoció en entrevista con CIPER que no tienen un plan de emergencia en salud o ambiental para proteger a las comunidades de estos pueblos, abandonados y enfermos, mientras se da el reasentamiento.
FALLOS Y FALLAS MEDIOAMBIENTALES
Los reasentamientos no son los únicos compromisos ambientales no cumplidos por las mineras. El Ministerio del Medio Ambiente ha multado a empresas de Glencore por el equivalente a US$208 mil por haber intervenido en una reserva forestal sin permiso, por haber intervenido el curso del río Tucuy y haber tomado agua de un manantial en 2009. La empresa ha pagado las multas y está tramitando los permisos respectivos. Ese mismo año el MinAmbiente impuso tres multas a la Vale por US$270 mil por haber realizado obras sin licencia, haber vertido aguas residuales a un caño y haber capturado agua del río Calenturitas y el arroyo Paraluz sin contar con los permisos. Vale ha pagado dos multas y la tercera está en fase de apelación. Este año impuso otra multa a Norcarbón por US$135 mil por haber hecho vías en zonas de reserva, que aún está sin pagar.
La multa más alta impuesta por el MinAmbiente fue a la Drummond en 2008: $1.604 millones (US$870 mil dólares) por haber realizado una carretera entre sus dos minas -La Loma y El Descanso-, con los consecuentes efectos negativos sobre el río y la capa vegetal y el desvío de un arroyo. Drummond no ha pagado. Pide que la anulen argumentando que sí tuvo permiso de Corpocesar para hacer la vía, y que el mismo MinAmbiente le dio después el permiso cuando le dio la licencia ambiental para explotar su mina El Descanso.
Los transportes son otra fuente de problemas, un área donde la contaminación había hecho estragos y el Estado debió intervenir. Las empresas Drummond, Vale y Prodeco tenían sus puertos de cargue por barcazas, lo que estaba contaminando las playas, amén del ruido y el peligro que presentaba el paso constate de los trenes cerca de las playas. El gobierno ordenó que para enero de 2013 todas deben tener puertos de cargue directo, mucho menos contaminantes. La curiosa excepción esCarbosan, un puerto de socios locales en pleno Santa Marta por donde se exporta parte del carbón nacional.
Glencore, cuyo puerto queda en Santa Marta, se adelantó a construir Puerto Nuevo en Ciénaga, con capacidad para 27 millones de toneladas métricas al año. Drummond demoró en acatar la medida, pero finalmente obtuvo permiso para modificar su licencia de puerto a cargue directo al final de 2011, a la espera de completar las modificaciones para cargue directo con capacidad de 50 toneladas métricas en 2014. La Vale, al parecer molesta por los cambios impuestos a los términos de su puerto, ha anunciado que venderá sus activos en el país.
Otros efectos negativos tienen que ver con la alteración de los cursos de las aguas que fluyen naturalmente desde la Serranía del Perijá hacia la Ciénaga de la Zapatosa. Para el experto local, Alberto Gutiérrez, el problema está en que las cuencas que debe vigilar la entidad ambiental local, Corpocesar, son más grandes que la zona donde tiene el impacto directo la actividad minera, de vigilancia exclusiva de mineras y el Ministerio. Eso provoca, dice, que no hay quién vea cómo la actividad minera puede desequilibrar la cuenca en su conjunto.
NEXOS CON PARAMILITARES
El récord de incumplimiento ambiental de las carboneras en el centro del Cesar amerita detenerse en los expedientes: incumplimientos constantes a medidas de la autoridad y resistencia de algunas a pagar multas aún cuando sus montos son irrisorios, se repiten. Y lo que resalta es la indolencia que exhiben sus representantes ante los reclamos de las comunidades pobres que están sufriendo el impacto ambiental de sus millonarios y sofisticados emprendimientos.
No sólo en materia ambiental las multinacionales que extraen el carbón en Colombia están en deuda. El otro estándar mínimo que se viola es el laboral. Las huelgas y otros conflictos laborales que han afectado a ese sector han sido mínimos considerando el tamaño de sus operaciones. Detrás de esa aparente calma, surgen graves acusaciones en contra de la Drummond por persecución a su sindicato.
El sindicato de obreros minerosSintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.
En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).
No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”- para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.
Drummond ha insistido en su inocencia. Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.
Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra.
DECLARACIONES EN DUDA
Las autoridades colombianas investigan si la gran minería de carbón en el Cesar puede estar fallando con otras obligaciones. Así, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades investiga a Glencore (con las minas Calenturitas y La Jagua y varias filiales) y a Pacific Rubiales (dueña de una mina en Cerrolargo con decenas de filiales), porque no habían declarado su condición de grupo empresarial, como lo obligaba la ley. Una fuente de Prodeco explicó que, luego de la notificación de la Super, estaban trabajando para cumplir las normas.
La Dian anunció investigaciones en el sector minero porque sospecha de maniobras para evadir impuestos. En el área del carbón encontró incongruencias, como que en 2010 las empresas declararon patrimonios en un 68,5% mayores en sus declaraciones de impuesto a la renta, que en las realizadas para pagar impuesto al patrimonio. Es decir, pueden estar evadiendo impuestos al patrimonio. También está analizando por qué el porcentaje del impuesto sobre ingresos pagado por las empresas carboneras bajó de 6,18 en 2008 a 4% en 2010.
CIPER miró en detalle las exportaciones a Chile, y descubrió que en 2011, según los manifiestos de aduana registrados por Legiscomex en Colombia, las carboneras colombianas, varias del Cesar, exportaron a Chile US$387,8 millones (Ver tabla Exportaciones de carbón colombiano a Chile). Y en cambio, según los datos de ProChile, en 2011, sumando todos los tipos de carbón que entraron de Colombia a Chile, oficialmente los chilenos importaron carbón colombiano por US$454,9 millones FOB. ¿Por qué entró a Chile US$ 67 millones más en carbón del que exportó Colombia a este país? Según un experto, esto se puede deber a maniobras de las empresas para evadir impuestos, pero sería tema de investigación de las autoridades.
Otras entidades del Estado están además revisando que los costos y montos de producción declarados por las mineras sean los reales, y por consiguiente, que estén pagando las regalías y compensaciones debidas.
Pero la tarea no es fácil. Cada empresa que extrae carbón en Cesar tiene uno o varios contratos que se rigen por arreglos diferentes de pagos según las cambiantes normas legales bajo las cuales los firmaron. (Ver explicaciones de Ingeominas sobre los Contratos con cada uno en detalle). SON LOS CONTRATOS. Además, los precios de referencia del carbón varían. Así, un contrato toma el precio FOB en puerto de destino descontando los costos de transporte nacionales y fletes internacionales, otro toma el precio ICR que lo calcula una revista especializada y otro un precio que fija la Unidad Minero Energética, según diversas variables. (Ver Indices de precios del carbón). En algunos casos, las carboneras pagan otras compensaciones que aseguran al Estado ingresos adiciones en épocas de precios altos.
Estas normas diversas hacen más complejo el control. Se dan casos tan absurdos como queGlencore, después de haber adquirido la totalidad de los títulos mineros de la mina La Jagua y haber unificado su operación, pidió al gobierno que le permitiera unificar también los términos de la explotación en un solo contrato, y éste se rehusó, aun cuando la empresa hubiera terminado pagando un porcentaje mayor de regalías, pues este aumenta cuando los montos exportados sobrepasan los tres millones de toneladas.
Como las operaciones de Glencore crecieron tanto, negoció con Ingeominas en 2010 tres cambios a su contrato en Calenturitas. Uno de ellos, al reconocerle un monto ajustable de los costos de la producción de carbón, implica que la minera pagara una compensación menor a si estos costos se hubieran dejado fijos. No obstante, con razón la empresa ha explicado que en términos reales los costos han aumentado, y así lo reconoció en su momento el gobierno. De todos modos la Contraloría abrió una investigación para determinar si hubo un detrimento al Estado que calcula puede ser hasta de US$35 millones.
El gobierno también está considerando revisar cómo se calculan las multas por temas contractuales y ambientales, para que las empresas mineras realmente compensen el daño.
MALABARES OFICIALES
Parte del problema de por qué el gobierno no ha podido ser más estricto con las mineras se debe al comportamiento de algunos funcionarios encargados de su fiscalización. Así, por ejemplo, sorpresivamente, en medio de la mina de La Jagua, apareció una persona reclamando un título minero de tres hectáreas, dada la superficie reclamada se hizo evidente que el propósito de este título era especulativo. Glencore, dueña de la Jagua, protestó, denunció, pero nada pasó. El dueño del mini-título, ex empleado del Ingeominas, la autoridad nacional que da los títulos, se salió con la suya y obstruyó el desarrollo de la mina La Jagua hasta tanto Glencore no le pagara un millón de dólares por su título. Ante la negativa de toda autoridad de investigar el caso, Glencore pagó.
Otra situación extraña fue la que vivió Prodeco, filial de Glencore, cuando el propio presidente Álvaro Uribe en un consejo comunitario le ordenó comprar unos terrenos en los predios de El Prado, donde no tenía planeado desarrollar sus minas. Lo extraño es que testaferros de paramilitares había usurpado predios allí a sangre y fuego, y Prodeco terminó pagándoles mejoras(6). Más tarde, aparecieron los verdaderos dueños de esas tierras, desplazados por los ‘paras’ exigiendo que les compensaran por esas tierras. Por esta razón Prodeco demandó al Incoder.
Algo parecido le sucedió a Drummond. Estaba en su interés comprar varias parcelas de Mechoacán, una tierra donde hubo desplazamiento forzado y asesinatos, pero el gobierno le dijo que tenía que comprar más parcelas de las que necesitaba para su desarrollo minero.
Y ni qué decir de las irregularidades en la inversión de las regalías que giraron estas empresas para el desarrollo económico y social de los municipios productores: en total sumaron $424 mil millones de pesos (unos US$230 millones) desde 2008 hasta el final de 2010. (Ver tabla con total de producción y regalías giradas por proyectos de interés nacional). El Departamento Nacional de Planeación, que le hace una vigilancia preventiva al gasto de estas sumas millonarias, tiene suspendidos los giros de regalías a Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua, los cuatro municipios mayores productores de carbón en el Cesar, por incumplimientos por inminente peligro de desvío de recursos. En sus reportes desde 2007, el DNP ha encontrado 206 irregularidades asociadas a la contratación.
Como la plata se desperdicia o se la roban, los municipios siguen con índices de pobreza extrema: en La Jagua todavía se mueren 38 niños de cada mil que nacen antes de cumplir el primer año, una tasa de mortalidad infantil cinco veces mayor que la chilena, el doble que la tasa promedio de Colombia que es de 19,9. En Chiriguaná la tasa es de 36,7. Sus desempeños en servicio públicos son igualmente patéticos: El Paso tiene una cobertura de 30% en alcantarillado.
Los alcaldes corruptos ya les perdieron el miedo a los organismos de control: aunque los expulsen del cargo, saben que se van a sus casas multimillonarios y con el poder suficiente para que sus compadres salgan elegidos.
“Hasta que el Estado no encuentre cómo dejarlos presos y en la ruina, no parará el robo”, dijo un líder empresarial del Cesar que conoce los carros de lujo y las mansiones de los funcionarios expulsados por corrupción. Pero también, como dijo un empresario que conoce el sector, hay mafias heredadas del paramilitarismo y la guerrilla, que obligan a los alcaldes a darles una tajada de los dineros públicos. Quienes se han atrevido a denunciar han sido amenazados de muerte.
Las empresas carboneras hasta ahora han hecho poco por frenar este desangre, salvo la tímida financiación de algunas de un Observatorio de la Regalías que intenta hacer más transparentes estos flujos y ha entrenado veedores locales para que hagan algún control ciudadano. La ironía es que cuando se agoten las minas –la deCalenturitas el 2032 y la de La Loma en 2066 –y los niños sigan muriéndose y los campesinos y mineros sigan sin acueducto ni alcantarillado, la gente va a culpar a los que perciben como los ricos del barrio: las mineras. Estaría en su propio interés contribuir de manera más enérgica a mejorar la calidad del liderazgo local, y usar su poder regional y nacional para que las regalías que ellos pagan al Estado tengan un mejor uso.
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos aprobó en diciembre una reforma a la ley de regalías que redistribuye mejor a todo el país estos recursos e impone nuevos filtros para impedir que las dilapiden. Sin embargo, los territorios productores seguirán recibiendo millones en regalías, y si las élites locales no aterrizan que ésta es una cosecha irrepetible, no es de esperar que corran mejor suerte. Pero para ello necesitan que el Estado sea más eficaz en desbaratar las bandas armadas que extorsionan y amenazan.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las carboneras del Cesar han ido realizando inversiones en sus comunidades, desarrollando sus áreas de responsabilidad social. Glencore, por ejemplo, promovió un programa de prevención del embarazo adolescente con Profamilia, y construyó un hospital en La Jagua que atiende a sus empleados y a los afiliados a Coomeva. Drummond impulsó el uso de materiales de reciclaje, como la madera, para una asociación de madres en La Loma y ofrece becas a los jóvenes promisorios del Cesar.
No obstante, sus conceptos de sostenibilidad empresarial son aún muy limitados. Como dijo La Declaración de Berna, una ONG suiza que promueve un desarrollo más equitativo Norte-Sur, sobre el primer reporte de responsabilidad social que publicó Glencore este año, “confunden un compromiso caritativo con un concepto moderno de responsabilidad social empresarial”.
Las más grandes multinacionales que se instalaron en el Cesar no son modelo en materia de responsabilidad social. Drummond, una empresa privada de un solo dueño que además de desarrollos carboneros hace campos de golf, ha optado por contar con personajes cercanos al gobierno de turno, y como dijo uno de sus competidores, para salirse con la suya. Es revelador que aunque empezó su explotación en los ‘90, sólo en 2009 anunciara en un reporte público que “ha establecido un nuevo programa de gestión social que brindará soporte a los municipios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”. Su presidente, Augusto Jiménez, asegura que ha sido un proceso, y que en el entorno de tranquilidad actual es más viable desarrollar proyectos más ambiciosos de responsabilidad social.
En el nuevo tono seguramente influye el hecho de que vendió el 20% de la compañía en 2011 a la Itochu, una de las cinco grandes comercializadoras japonesas, una empresa abierta pues cotiza en bolsa.
Glencore ni siquiera figuraba como la dueña de sus filiales muy públicamente. La cultura de secreto con la que suelen caracterizar a la empresa matriz situada en el paraíso fiscal de Zug en Suiza, también la perciben en el Cesar. No hay que olvidar que esta empresa fundada por Marc Rich, quien fue fugitivo del FBI por años, y aunque fue perdonado por Clinton y ya no es su dueño, los ejecutivos brillantes que le compraron se las ingeniaron para comerciar petróleo sudanés en plena guerra y terminaron enredados en el escándalo del programa de ayuda de la ONU a Irak de ‘Petróleo por alimentos’. Un estudio reciente que hizo una organización noruega encontró que Glencore era la más opaca de las multinacionales, con un 46% de sus subsidiarias registradas en paraísos fiscales (Ver estudio).
“En Colombia, aunque tienen mucho más personal colombiano que extranjero, le tienen miedo a la exposición directa”, dijo una fuente que los conoce bien. Pero como la empresa matriz Glencore salió a vender acciones por US$10 mil millones en la bolsa de Londres en mayo pasado, ha comenzado a hacer reportes públicos, a abrir sus libros, y es probable que esto la lleve a una cultura de mayor transparencia al escrutinio público. En Colombia publicó su primer informe de responsabilidad social empresarial en 2011.
EL FUTURO
El negocio carbonero en Colombia pinta extraordinariamente bien. Sólo el César, si arrancan los proyectos en ciernes, exportará unos US$6.500 millones anuales y dejará unos 300 millones más en regalías (Ver lista de Nuevos proyectos). Además, están en construcción otra línea férrea y dos puertos de cargue directo, suficiente para desarrollar todo un complejo minero-industrial.
No obstante, el impacto ambiental de las gigantes minas a cielo abierto que ocuparán un territorio tres veces que el que ocupa hoy Bogotá, según cálculos del experto Alberto Gutiérrez será mucho mayor. Varios funcionarios del gobierno de Santos dijeron que buscan asegurarse que estas empresas “demuestren un genuino interés en el desarrollo de las comunidades y sus actividades tengan un impacto positivo o neutro sobre el medio ambiente”. Según diversas fuentes los ministros ya han convocado a las empresas a ponerse a la altura del desafío social y ambiental.
Es más fácil vigilar ahora la minería en el Cesar pues son menos actores, más grandes y más visibles. Pero también se necesita que el gobierno mejore la calidad de su información ambiental y económica; se trace una política coherente y de largo plazo que no esté dando bandazos como hasta ahora; se coordine mejor con las autoridades locales; y realmente esté dispuesto a sacar del juego a quien no cumpla.
Notas
1.-Según los datos de ProChile las importaciones de Chile desde Colombia de todo tipo de carbones (hullas para uso térmico, hullas pulverizadas, coques y semi-coques) sumaron US$454 millones en 2011. Sin embargo, según los manifiestos de exportación ante la aduana colombiana entregados por las empresas, a Chile se exportaron US$143 millones de carbón (FOB) desde el Cesar en el mismo año.
2.-Glencore también domina el 30% por ciento del mercado de concentrados de cobre. Así lo reveló la propia empresa en abril pasado en su Prospecto para la Oferta Pública de Acciones que realizó en mayo de 211 en la Bolsa de Londres.
3.-La Superintendencia de Sociedades Anónimas de Colombia investigó a Pacific Rubiales pues tenía decenas de filiales en el país y no había declarado su condición de grupo económico, incumpliendo así la ley colombiana. Aunque los dueños de Pacific ya no tienen la mina La Francia, su filial Norcarbón, cuya dueña es Chianto S.A. de Panamá, que a su vez es de Pacific Coal, también panameña, tiene otra mina en el Cesar en Cerrolargo.
4.-Goldman Sachs fue una de las responsables de la crisis de Wall Street de 2008 y estuvo al borde de la quiebra. Fue rescatada por el gobierno estadounidense, y en 2009 presentó utilidades por US$13 mil millones. Un programa de la televisión pública estadounidense de PBS de febrero de 2010 relacionó sus utilidades extraordinarias con los US$10 mil millones de ayuda que recibió del gobierno.
5.-Fenoco, que tenía la concesión para operar el ferrocarril desde el centro del Cesar hasta los puertos carboneros, estaba en manos españolas. Hasta 2006 esta sólo llevaba el carbón de Drummond, pero luego las otras firmas, a las que le salía ocho veces más costoso transportar su carbón por vía terrestre, presionaran para que les dieran acceso a ese servicio. Según varios directivos de estas empresas, el gobierno de Álvaro Uribe prácticamente los obligó a comprarle a los españoles la concesión para poder tener acceso a la red ferroviaria pública. Hoy todas las empresas que están explotando carbón en el Cesar –excepto Norcarbón de Pacific Rubiales- llevan su carbón a la costa por tren.
6.-Ver historia de VerdadAbierta.com: “Carbón y Sangres en la tierras de Jorge ‘40’”
GALERÍA FOTOGRÁFICA
martes, 7 de febrero de 2012
Declárate, yo me declaro
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viernes, 27 de enero de 2012
Ríos Montt va a juicio por genocidio 30 años después
 | |
| El general retirado cumplirá arresto domiciliario mientras | es procesado |
Este jueves Guatemala vivió la escena que muchos
esperaron por décadas: sentado en el sitio designado a los presuntos
delincuentes, con el rostro serio, el general Efraín Ríos Montt escuchó a
una juez someterlo a juicio por genocidio y otros delitos de lesa
humanidad.
Al militar retirado se le responsabiliza de permitir u ordenar
homicidios, violaciones y torturas durante el tiempo que ocupó la
presidencia tras un golpe de estado en 1982.
En ese lapso, según el representante del
Ministerio Público Manuel Vásquez, se cometieron al menos 266 acciones
militares donde murieron más de 1.700 personas, hubo 1.400 violaciones
sexuales y unas 29.000 personas debieron abandonar sus hogares para huir
de la violencia.
Ríos Montt, quien cumplirá 86 años de edad en junio, se negó a declarar al inicio de la audiencia, pero cuando la jueza Carol Patricia Flores determinó que había suficientes elementos para probar los crímenes de que se le acusa, solicitó permanecer en su casa durante el proceso.
"Realmente me siento muy interesado y particularmente en la exposición suya que lleva a esas conclusiones", dijo cuando la magistrada le solicitó que opinara sobre la decisión adoptada. "Rogaría a la señora jueza que se votara un arresto domiciliario a efecto de tener todas las facilidades y en el momento correspondiente se actúe".
La jueza Flores rechazó la petición del Ministerio Público de encarcelar preventivamente al acusado, quien hasta hace unos días era diputado, debido a su avanzada edad y a que no encontró indicios de que pudiera huir del país. "Existe la valentía de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder el derecho a la inmunidad", insistió la magistrada.
"Lo hemos esperado durante más de tres décadas. Es un acto histórico", le dice a BBC Mundo Rosalida Tuyuc, fundadora de la independiente Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).
"Es una oportunidad para que se conozca la verdad, cómo se dieron las órdenes de las masacres. No pudo haber sido sólo una persona", insiste.
Es la primera vez que Ríos Montt, considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares en Centroamérica, comparece ante los tribunales. Otros miembros de su Junta de Gobierno y soldados que estuvieron bajo sus órdenes enfrentan procesos penales desde hace tiempo.
Por su parte, la defensa de Ríos Montt sostiene que el ex líder militar no es responsable de los delitos de los que se le acusa y pone como argumento que no estuvo en el campo de batalla en el momento que los hechos tuvieron lugar, según informa el corresponsal de la BBC Will Grant.
El abogado de Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez, sostuvo en declaraciones al medio local Siglo XXI que de lo único que se lo puede acusar a su cliente es de omisión. "La función de él fue política. Allí tenemos que demostrar el mando militar porque a él la atribución de la comisión de esos delitos sólo podría ser por omisión, y entendemos que esa es la posición del MP (Ministerio Público), porque él no lo evitó", explicó el letrado.
La jueza Flores determinó una fianza de 500.000 quetzales, unos US$64.000, así como la prohibición de salir de su domicilio o hablar con otros militares sometidos a proceso judicial.
En 2000 el independiente Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), solicitó un juicio contra el exmilitar por las violaciones a la población civil cometidas durante su gobierno de 16 meses.
Durante el tiempo que estuvo en el poder, el
general intensificó la política llamada Tierra Arrasada, e implementó
los planes "Victoria 82" y "Firmeza 83", destinados a combatir a la
población civil que se sospechara que diera apoyo a la guerrilla de la
Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG).
Decenas de comunidades mayas fueron arrasadas por completo. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), documentó 626 masacres cometidas por las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1978 y 1982.
El pueblo Ixil fue el más afectado. En el proceso que se sigue a Ríos Montt el fiscal Manuel Vásquez aseguró que el expresidente autorizó operaciones militares encaminadas a exterminar a este grupo étnico, considerado por la Junta Militar que gobernaba el país como "enemigo interno".
Incluso la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, solicitó la aprehensión del exmilitar mediante un proceso judicial iniciado en España.
El padre de Menchú fue asesinado en la embajada de ese país en Guatemala, que había ocupado con otros campesinos como protesta por la represión de las autoridades.
El ejército incendió el edificio de la embajada con todos sus ocupantes.
Un proceso que muchos festejaron pues creen que abre la puerta al camino de la justicia para las víctimas de la guerra civil que oficialmente terminó en 1996.
Pero otros miran con reservas el momento. En el país, dicen, hay muchos grupos que están en contra de juzgar a los responsables de la violencia, genocidio y masacres del pasado reciente.
Y además, el hecho de que el actual presidente del país, Otto Pérez Molina, sea un exmilitar hace dudar a algunos sobre el futuro del proceso judicial.
Hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales"
Lucrecia Molina Theissen, quien se vio obligada junto con su familia a huir de Guatemala tras la desaparición de su hermano Antonio, es una de esas personas.
"Con la llegada al poder de un gobernante exmilitar, a mi juicio, es una situación impredecible", dice en conversación con BBC Mundo.
"La jueza que lleva el caso es una mujer intachable, al igual que las personas de la fiscalía. Pero hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales. Parece que hay una intención de recusar a la jueza, eso retrasaría el juicio".
Si esto ocurre, ¿qué sigue para Guatemala?
"Se demostrará que en el país no se pueden juzgar los crímenes", advierte Rosalinda Tuyuc. "Seguiríamos buscando la justicia en tribunales internacionales".
Ríos Montt, quien cumplirá 86 años de edad en junio, se negó a declarar al inicio de la audiencia, pero cuando la jueza Carol Patricia Flores determinó que había suficientes elementos para probar los crímenes de que se le acusa, solicitó permanecer en su casa durante el proceso.
"Realmente me siento muy interesado y particularmente en la exposición suya que lleva a esas conclusiones", dijo cuando la magistrada le solicitó que opinara sobre la decisión adoptada. "Rogaría a la señora jueza que se votara un arresto domiciliario a efecto de tener todas las facilidades y en el momento correspondiente se actúe".
La jueza Flores rechazó la petición del Ministerio Público de encarcelar preventivamente al acusado, quien hasta hace unos días era diputado, debido a su avanzada edad y a que no encontró indicios de que pudiera huir del país. "Existe la valentía de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder el derecho a la inmunidad", insistió la magistrada.
Historia
La decisión de la jueza, sin embargo, no borró la imagen que conmovió a Guatemala.
Para muchos, ver al general sentado en el sitio donde se juzga a presuntos delincuentes (Ríos Montt se quejó que lo trataron como a un pandillero Mara, según diarios locales), fue un momento inédito."Lo hemos esperado durante más de tres décadas. Es un acto histórico", le dice a BBC Mundo Rosalida Tuyuc, fundadora de la independiente Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).
"Es una oportunidad para que se conozca la verdad, cómo se dieron las órdenes de las masacres. No pudo haber sido sólo una persona", insiste.
Es la primera vez que Ríos Montt, considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares en Centroamérica, comparece ante los tribunales. Otros miembros de su Junta de Gobierno y soldados que estuvieron bajo sus órdenes enfrentan procesos penales desde hace tiempo.
Por su parte, la defensa de Ríos Montt sostiene que el ex líder militar no es responsable de los delitos de los que se le acusa y pone como argumento que no estuvo en el campo de batalla en el momento que los hechos tuvieron lugar, según informa el corresponsal de la BBC Will Grant.
El abogado de Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez, sostuvo en declaraciones al medio local Siglo XXI que de lo único que se lo puede acusar a su cliente es de omisión. "La función de él fue política. Allí tenemos que demostrar el mando militar porque a él la atribución de la comisión de esos delitos sólo podría ser por omisión, y entendemos que esa es la posición del MP (Ministerio Público), porque él no lo evitó", explicó el letrado.
La jueza Flores determinó una fianza de 500.000 quetzales, unos US$64.000, así como la prohibición de salir de su domicilio o hablar con otros militares sometidos a proceso judicial.
626 masacres
Pero más allá del optimismo, algunos se preguntan si realmente la historia alcanzó a Ríos Montt.En 2000 el independiente Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), solicitó un juicio contra el exmilitar por las violaciones a la población civil cometidas durante su gobierno de 16 meses.
Muchos familiares de las víctimas de los crímenes cometidos durante el régimen de Ríos Montt estuvieron presentes.
Decenas de comunidades mayas fueron arrasadas por completo. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), documentó 626 masacres cometidas por las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1978 y 1982.
El pueblo Ixil fue el más afectado. En el proceso que se sigue a Ríos Montt el fiscal Manuel Vásquez aseguró que el expresidente autorizó operaciones militares encaminadas a exterminar a este grupo étnico, considerado por la Junta Militar que gobernaba el país como "enemigo interno".
Incluso la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, solicitó la aprehensión del exmilitar mediante un proceso judicial iniciado en España.
El padre de Menchú fue asesinado en la embajada de ese país en Guatemala, que había ocupado con otros campesinos como protesta por la represión de las autoridades.
El ejército incendió el edificio de la embajada con todos sus ocupantes.
Impredecible
A pesar de estas acusaciones Ríos Montt no había enfrentado los tribunales, pues tenía inmunidad por su condición de diputado.
Pero la perdió el 14 de enero. Esa fecha anunció que estaba dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público. Lo hizo este jueves en el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo de la Corte Suprema de Justicia.Un proceso que muchos festejaron pues creen que abre la puerta al camino de la justicia para las víctimas de la guerra civil que oficialmente terminó en 1996.
Pero otros miran con reservas el momento. En el país, dicen, hay muchos grupos que están en contra de juzgar a los responsables de la violencia, genocidio y masacres del pasado reciente.
Y además, el hecho de que el actual presidente del país, Otto Pérez Molina, sea un exmilitar hace dudar a algunos sobre el futuro del proceso judicial.
Hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales"
Lucrecia Molina Theissen, activista
Lucrecia Molina Theissen, quien se vio obligada junto con su familia a huir de Guatemala tras la desaparición de su hermano Antonio, es una de esas personas.
"Con la llegada al poder de un gobernante exmilitar, a mi juicio, es una situación impredecible", dice en conversación con BBC Mundo.
"La jueza que lleva el caso es una mujer intachable, al igual que las personas de la fiscalía. Pero hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales. Parece que hay una intención de recusar a la jueza, eso retrasaría el juicio".
Si esto ocurre, ¿qué sigue para Guatemala?
"Se demostrará que en el país no se pueden juzgar los crímenes", advierte Rosalinda Tuyuc. "Seguiríamos buscando la justicia en tribunales internacionales".
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