jueves, 31 de marzo de 2011

Adhiérete a la campaña denunciando la situación del Sáhara Occidental

Estimados amig@s,
La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha iniciado una campaña de denuncia de la dramática situación que el Sáhara Occidental lleva atravesando desde hace ya décadas.
Concretamente, se ha dirigido una carta al Presidente del Gobierno en la que se exige la denuncia de los "Acuerdos de Madrid”, la restitución de la nacionalidad española a los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, y la entrega a las Naciones Unidas de las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora, con la consiguiente realización del referéndum de autodeterminación que haga efectiva la descolonización del Territorio No Autónomo.
Os informaremos puntualmente de las acciones de la entrega de dicho documento (con registro de entrada) ante el Congreso de los Diputados, para que os suméis al mismo.
Vuestra adhesión a título individual o como organización a las demandas del texto, son de vital importancia a estos efectos, pudiendo realizarlo en el siguiente enlace: http://www.apdhe.org/campa.htm, donde tendréis acceso al texto íntegro de la carta. También os rogamos le déis la mayor difusión posible entre vuestros contactos y  páginas web.
Un cordial saludo,
-- 
APDHE
 

domingo, 27 de marzo de 2011

La ONU denuncia impunidad en los más de 27.000 casos de desapariciones forzosas que investiga Colombia

El alto comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Christian Salazar, ha expresado su preocupación por la impunidad que existe en torno a los 27.300 casos de desapariciones forzosas que investiga la Fiscalía de ese país y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Juan Manuel Santos a fortalecer a las organizaciones judiciales para procesar a los responsables de estos delitos.

El 40 por ciento de los casos de desapariciones forzosas se concentra en las ciudades de Medellín, en el departamento de Antioquia (norte); y Villavicencio, en Meta (centro). Tan solo en la primera localidad las autoridades tienen conocimiento de 4.938 personas que se mantienen desaparecidas, mientras que en la segunda se tienen registro de 4.238 hechos de este tipo.

En los cementerios del departamento de Meta hay enterrados más de 1.300 cadáveres de personas que no han podido ser identificadas y que, posiblemente, fueron víctimas de desapariciones forzosas perpetradas por grupos armados y bandas criminales.

La ONU ha denunciado que el alto grado de impunidad que pesa sobre este tipo de crímenes en esa nación sudamericana, que desde hace más de cuatro décadas ha estado asediada por un conflicto armado que ha dejado miles de muertos.

Salazar ha dado a conocer estos datos durante la apertura de la nueva Unidad Nacional de Fiscalías contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzados, que trabajará cpn el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Embajada británica en Bogotá, según han informado medios locales.

jueves, 24 de marzo de 2011

Convocatoria - Acto Cívico Laicista en Madrid

ACTO POR UNA UNIVERSIDAD LAICA Y SIN PRIVILEGIOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA

REPRESENTANTES DEL MUNDO DE LA CULTURA, LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES, Y COLECTIVOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

EL TEÓLOGO, JUAN JOSÉ TAMAYO; EL ESCRITOR, ISAAC ROSA O EL ACTOR WILLY TOLEDO ENTRE LOS PARTICIPANTES

Mañana viernes, a las seis de la tarde, se va a celebrar un acto por la defensa de una universidad laica y sin privilegios para la Iglesia católica. En él van a participar teólogos, catedráticos, decenas de profesores universitarios, estudiantes, escritores, actores…

Tras la protesta de un grupo de estudiantes en una capilla de la Universidad Complutense de Madrid y la detención en sus domicilios de cuatro alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, se ha iniciado una campaña por una universidad laica, donde la iglesia católica no disfrute de privilegios.

Cientos de profesores universitarios han firmado un manifiesto en el que se reclama: “Que la presencia de capillas y otros símbolos de poder religioso en las instituciones educativas públicas no responde a la satisfacción del derecho a la libertad de culto, sino a un privilegio de la Iglesia Católica”; y añade que: “el convenio entre el ex Rector Villapalos y el Arzobispado de Madrid que otorga a este último la gestión exclusiva de las capillas de la UCM debe ser revocado en defensa del principio de aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución”.

El acto que se celebra el viernes 25 de marzo, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid.

sábado, 5 de marzo de 2011

Ecologistas en alerta ante posibles proyectos mineros en Parque Nacional Lauca

Macarena Scheuch
lauca


El gobierno se apresta a iniciar la desafectación del Parque Nacional Lauca, tal como lo anunciara el Presidente Sebastián Piñera el año pasado. Organizaciones locales se mantienen en estado de alerta ante la defensa de un parque protegido bajo convenios internacionales.

Un nuevo conflicto ambiental está por enfrentar el gobierno cuando haga pública, próximamente, la propuesta de desafectación del Parque Nacional Lauca en la región de Arica y Parinacota.

Hace ocho meses el Presidente Sebastián Piñera anunció que entre 5 y 15 por ciento de la superficie del parque sería desafectado para favorecer la actividad minera de cobre, oro y plata en la zona, que podría generar una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares.

De hecho, ya se habla de que estarían interesadas en explotar el área empresas como Codelco, BHP y Angloamerican y ya hay tres proyectos con resolución de calificación ambiental (RCA) para iniciar exploraciones.

Luis Vega, integrante de la Red Ambiental del Norte, enfatizó que hay malestar entre las comunidades de la zona por este y otros proyectos que no son consultados con los propios afectados. “La Red Ambiental del Norte se opone a todos los proyectos que afecten el Medioambiente sin consultar a la ciudadanía. Este gobierno le ha entregado el control ambiental a las empresas sin que el Estado tenga injerencia sobre ello, dejando con todo el poder a las grandes empresas transnacionales que están operando en el país” declaró.

Por su parte Vilma Castro, de la comunidad de Surire, sostuvo que la desafectación implica un terrible atentado al medio ambiente y subrayó que la única comunidad que está a favor de esta medida, por motivos económicos, es Juan de Dios Aranda, de Putre, quienes en su mayoría viven en Santiago y no tienen apego por la tierra.

Vilma Castro planteó que las agrupaciones seguirán organizándose para manifestar su descontento, quien señala que “el agua está en juego porque al entrar la minería se arrasa con la naturaleza. Estamos organizados para hacer frente y sabemos que no será fácil, las leyes internacionales están siendo vulneradas, el parque Lauca está protegido por la convención de Washington y el salar de Surire tiene protección internacional, la cual no está siendo respetada”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, insistió en que esta situación contraviene la legislación nacional y compromisos internacionales, quien criticó la inexistente sensibilidad ambiental del gobierno.

El ambientalista alertó sobre los antecedentes de las mineras que pretenden iniciar sus actividades en la zona desafectada al subrayar que “estamos hablando de empresas que tienen un alto prontuario ambiental. Está la empresa Southern Copper que tiene operaciones en Perú y que es responsable de uno de los mayores desastres ecológicos mineros, como lo es la intoxicación de la bahía de Itev y que también tiene conflictos en Arequipa y la frontera con Chile, estamos hablando de empresas con pésimos antecedentes”.

Luego del estudio jurídico del Ministerio de Minería la decisión estaría en manos de la Secretaría General de la Presidencia.


radio uchile

jueves, 3 de marzo de 2011

Defensores de DDHH que observan y documentan las redadas racistas en Madrid sancionados por el gobierno

La Delegación de Gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en brigadas por observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico “no español”.

Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos | 2-3-2011 a las 19:12


DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE OBSERVAN Y DOCUMENTAN LAS REDADAS RACISTAS EN MADRID SANCIONADOS POR EL GOBIERNO

En Madrid, a 2 de marzo de 2011.
Desde hace más de un año vecinos y vecinas de Madrid, defensores de los Derechos Humanos, organizados en las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos realizan la función de observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico “no español”.

La Delegación de Gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en brigadas por realizar esta actividad.

Nos dirigimos a su medio para denunciar el atentado a los Derechos Fundamentales de libertad de reunión, de opinión, de información y de expresión que la apertura del expediente conlleva y la flagrante arbitrariedad de las fuerzas del orden.


NOTA DE PRENSA
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos:

El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole eventualmente discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales.

La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificados en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” pese a que no hubo ninguna reacción del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de laslibertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales.

Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de los derechos humanos.


LA POLICÍA ACOSA Y EL GOBIERNO INTIMIDA A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1º.- Las participantes en las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, realizamos una actividad plenamente legal y amparada tanto por la Constitución como por la legislación ordinaria[1]:

2º- Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (incluidas las personas a las que se pretende sancionar) venimos desarrollando una labor de observación y documentación de las actuaciones policiales en la vía pública, más concretamente, en lo relativo a los controles de identificación, cacheos y detención de personas en función de sus rasgos físicos. Estos controles son una práctica desgraciadamente habitual, denunciada por el IV informe Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. La labor realizada por las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (en adelante BVODH) tiene entre sus objetivos poner en conocimiento de la jurisdicción penal, la Fiscalía, la Defensora del Pueblo, y organismos internacionales estas prácticas policiales y los eventuales malos tratos físicos o psicológicos sufridos por las personas sometidas a procesos de identificación.

En la práctica cotidiana de las BVODH, hemos aprendido que aquí también hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, hemos ido aprendiendo un significado bien directo y material de la defensa de los derechos humanos. Los grupos de brigadas no van allí donde hay jaleo, no se encuentran de manera mágica con más controles de identidad -a personas por su aspecto extranjero-, ni más redadas policiales en plazas y comercios que el resto de la ciudadanía. Las participantes en las BVODH hacemos uso de las mismas capacidades y ponemos en práctica los mismos hábitos que cualquier ciudadana: salimos a la calle y permanecemos en ella algunas horas. En estos momentos en Madrid, no hace falta proveerse de ningún sismógrafo, ni radio policial, ni ninguna otra sofisticada tecnología, para encontrarse en la calle con controles o redadas de identificación a personas por su perfil étnico.

Quienes participamos en las BVODH no sólo vamos allí donde hemos visto u oído hablar de controles y redadas, sobre todo vamos a “cualquier sitio”. En estas condiciones, hemos ido aprendiendo que aquí, defender los derechos humanos, significa primero estar en esos lugares en los que cualquiera ya está y permanecer en ellos y no mirar hacia otro lado cuando los derechos de alguna persona están siendo violados. Se trata del espacio público, los controles y redadas tienen lugar a la vista de todas. La policía recorre los barrios en los que vivimos exigiendo la documentación a cualquier persona que responda a una apariencia que denote ser de “otro país” y de “clase obrera” o, simplemente, “pobre”.

Nos encontramos ante una situación muy grave: se regula los movimientos de las personas entre países en base a unos criterios económicos que nadie nos ha consultado, Sin ningún motivo que apele a la razón, sólo apoyado en la difusión de rumores propagandísticos relativos a la criminalización de las personas, el miedo y la inseguridad, confundiendo imaginarios privilegios con los derechos de cualquier persona. Así, en base a una determinada concepción de la “gestión económica” se organiza con recursos públicos, por un lado, un entramado burocrático que dificulta hasta hacerla casi imposible la obtención de permisos de residencia y trabajo, por otro, la persecución, reclusión y eventualmente expulsión de todas aquellas personas que caen bajo el perfil de “extranjera y pobre”. Y mediante estas actuaciones policiales segregacionistas e ilegales – conforme al derecho del Estado español y el derecho internacional –, se está llevando a cabo de manera constante la vulneración de Derechos Humanos en este país, bajo un supuesto lo suficientemente vago, “controles por la seguridad ciudadana”, que retuerce de tal manera los procedimientos legales que éstos arremeten desde el principio contra la propia ciudadanía que supuestamente protegerían.

Consideramos que mientras la ciudadanía no nos opongamos de manera clara y rotunda, estaremos permitiendo que se persiga, degrade, prive de la libertad y de manera aún más extendida, que se haga imposible la vida a una parte importante de nuestra vecindad.

Nuestro propósito es hacer visible el rechazo desde los barrios a estas prácticas y coordinarnos con otros colectivos que están actuando en el mismo ámbito.

Con la práctica cotidiana de las BVODH, hemos aprendido que aquí hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, y no sólo en otros países, tomando como excusa aquellos de los que nos hablan como a ignorantes para dar pobres e infladas lecciones que sirvan para justificar lo que soportamos aquí: aquí donde tenemos que luchar juntos por la democracia. Mientras esto no se escuche lo suficientemente alto y claro, ni siquiera podremos hablar en nuestro nombre. No hay ningún nosotros en las migajas de la gestión de nuestro bienestar, ni ningún nosotros en ese bienestar que parecería tener como enemigo peligroso a las personas extranjeras y pobres. Vulnerando los derechos humanos, el gobierno vulnera los derechos de todas las personas. La “extranjería” es sólo una condición impuesta, variable, que sólo informa verdaderamente acerca del gobierno que la impone y de las condiciones en que lo hace. Sabemos que la universalidad de los derechos humanos no reside ni depende de la condición administrativa de las personas, sino en el hecho de que somos personas por encima de cualquier otro criterio.

ABIERTO UN EXPEDIENTE SANCIONADOR A PARTICIPANTES EN LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS LOS DÍAS 21 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 22 DE FEBRERO DEL 2011.



3º.- La Delegación de Gobierno pretende sancionar a las personas que, el día 21 de Diciembre del 2010 y el día 22 de Febrero, ejercíamos la labor propia de las Brigadas Vecinales. En el primero de estos días, las brigadistas no “obstaculizaron” las actuaciones policiales, ni “increparon a los agentes”. El encuentro con los agentes de policía fue correcto, tanto es así que no nos impidieron que siguiéramos con la observación, ni expresaron la intención de multarnos o abrir expediente alguno.

Las frases, que la policía atribuye a las brigadistas: “La Inseguridad ciudadana la provoca la presencia policial” y “la tranquilidad en el barrio existirá cuando no exista presencia policial”, no fueron pronunciadas por las participantes en la BVODH. A pesar de ello, esas expresiones no serían más que afirmaciones crítico-valorativas que pueden ser manifestadas en el ejercicio de derechos fundamentales como la libre expresión de opinión, de información y transmisión por cualquier ciudadana.

Igualmente, el día 22 de Febrero de 2011, las brigadistas a las que la policía ha puesto una denuncia tampoco impidieron la labor policial, y el trato con los agentes de la policía fue educado. Ellos sí que nos impidieron continuar con nuestra labor, aunque no estuviéramos incurriendo en ninguna falta o delito, y nos mantuvieron retenidas durante 40 minutos aproximadamente en contra de nuestra voluntad, mientras anotaban nuestros datos para interponer una denuncia sin ningún tipo de advertencia previa, y por el mero hecho de informar y documentar lo que sucedía durante el control.

Aquí tenemos que luchar por los derechos humanos. Lo hemos aprendido un poco más concretamente con el expediente que se nos ha abierto a las BVODH. Se nos ha acusado falsamente de entorpecer la labor policial, en uno de los casos mediante la “incitación a los transeúntes a unirse a los brigadistas contra la policía”, “gritando consignas en contra del control policial”, y en el otro “provocando reacciones adversas en los demás usuarios de la vía” y manteniendo “una actitud hostil y desafiante”. Sin embargo, esos informes policiales nada dicen sobre lo que se encontraba haciendo la policía esa noche en la plaza de Lavapiés y esa mañana en la glorieta de Valle del Oro: controles a personas supuestamente extranjeras, humillando y tratando como sospechosas a personas únicamente por su aspecto físico, realizando numerosas detenciones por no tener los “papeles en regla”.

Todo se resuelve mediante una falta administrativa, tanto para la persona inmigrante “sin papeles” como para los “agitadores” miembros de las BVODH. Y entre la actuación policial y la resolución del expediente, media la humillación, la persecución y el castigo mediante internamiento y posible expulsión para el primero, y multa económica en el caso de los participantes de las BVODH. Se nos imputa sin motivo la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”, Sin embargo, aquella noche en Lavapiés o aquella mañana en la glorieta de Valle de Oro, la actuación de BVODH no provocó ninguna reacción en el público, las plazas se encontraban llenas de gente presenciando las detenciones de la policía, y no se escuchaban gritos ni proclamas, sólo silencio. Se podía escuchar la tristeza y el miedo, ambas igualmente mudas. Las compañeras de las brigadas se encontraban allí, junto a un control policial, repartiendo información contra de los controles discriminatorios. Algo que parecería tan inocuo como su mera presencia, constituye la única acusación real que podría haberse formulado contra las BVODH.

EL SIGNIFICADO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS AQUÍ,

EN EL CONTEXTO DE LAS BRIGADAS Y LOS PRESENTES HECHOS

Tras todo lo expuesto y teniendo en cuenta la arbitrariedad de la actuación policial, pretendiendo sancionar conductas que no están tipificadas en el ordenamiento jurídico como infracción o delito, sino reconocidas como derechos ciudadanos, agravada al falsear los hechos en la denuncia, entendemos que la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que se realizan controles de identidad a inmigrantes, es lo que se castiga y se trata de impedir. Así como la posible expresión de críticas a la actuación del gobierno (ejecutada por la policía), que formalmente se encuentra garantizada por el derecho a la libertad de expresión, e íntima y políticamente, se trata de la facultad y el deber de pensar por sí mismo.

Las consecuencias legales de las que nos hacemos cargo colectivamente, no son por tanto el único problema al que debemos enfrentarnos la ciudadanía, aunque sus consecuencias en trámites legales y gastos judiciales y en multas, supone un acto claramente coercitivo para las BVODH. La lucha fundamental que nos incumbe a todas las personas, es una lucha concreta por la democracia y la justicia aquí, es preciso oponerse con rotundidad al hostigamiento a una figura del derecho internacional que supone como pocas una figura de defensa de la Justicia: la defensa y observación de los derechos humanos.

Sean cuales sean las acusaciones de la policía, su efecto es claro, se trata de dificultar, cuando no impedir, que las personas nos involucremos en la defensa de aquello que creemos justo, lo que en el caso de las BVODH es denunciar la criminalización, persecución, detención, retención y posible expulsión por medio de las redadas de personas por perfil racial: de aquellas personas que han venido de lejos para, si lo desean, quedarse. Y desde esta defensa de los derechos humanos en BVODH sabemos el miedo y la intimidación que las prácticas policiales de identificación suponen para muchas de nuestras vecinas, éstas se ven sometidas en su vida diaria a no poder moverse con tranquilidad por la ciudad en la que viven y, en definitiva, a no poder ejercer como cualquier otra ciudadana su derecho a la libre circulación.

Por eso en nuestra actividad política denunciamos tanto la vulneración de los derechos humanos como el diseño gubernamental de unos barrios donde los lazos vecinales son sustituidos por la indiferencia de unos, el miedo de muchos y la lejanía entre todas las personas.

Pueblos como los de Túnez, Egipto, Libia y tantos otros, que estos días, y en mitad de tantas dificultades, se han levantado para hablar en su nombre, dan ejemplo de la lucha por la democracia, que nunca y menos actualmente en este país, está ganada. Los derechos se conquistan; pero después, o se ejercen o se pierden de nuevo. Estos pueblos son un ejemplo de lucha y de disenso, de alzamiento de voces y gentes que no sólo se oponen a cualquier forma de abuso de poder, sino que por diferentes que sean entre sí, son las voces de una verdad: de la lucha por ser cada una y en comunidad quien debe y puede pensar y decidir sobre cómo queremos vivir.

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

Madrid, 2 de Marzo de 2011




[1] La labor de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos se realiza de forma perfectamente visible, portando los participantes carnet de brigadistas y chalecos identificativos de color naranja con franjas fluorescentes en los que está impresa la leyenda: “BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, “VIGILANDO A LOS VIGILANTES”. Las BVODH cuentan con avales de las organizaciones SOS RACISMO Y ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA. De igual modo, para poder participar en las Brigadas Vecinales es necesario realizar cursos de formación que comprenden desde aspectos jurídicos hasta aspectos más generales relativos al proyecto de las BVODH.Más información:


- http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/

miércoles, 2 de marzo de 2011

Patagonia sin Represas




Firma una carta dirigida al Presidente   
                                            
Por Campaña Patagonia Sin Represas

Reenvía esta acción consiste en avisar a la mayor cantidad de personas, para que envíen una carta ya prediseñada al presidente de la república, Sebastian Piñera, recordándole que no queremos que se destruya la Patagonia Chilena por proyecto innecesario y obsoleto.

El proceso es sumanente sencillo y se realiza en pocos pasos.

¡Asegurate de firmarla tú también!

http://www.patagoniasinrepresas.cl/presidente/

viernes, 25 de febrero de 2011

Uribe pretende encubrir su responsabilidad en el paramilitarismo


Jueves 24 de febrero de 2011, por Comisión Etica Movice
Por segunda vez, nos vemos impelidos a rechazar las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, integrante de esta Comisión Ética por la Verdad en Colombia
Nosotras y nosotros integrantes de la Comisión Ética de la Verdad, que acompaña al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, rechazamos enérgicamente las afirmaciones infundadas del expresidente Álvaro Uribe Vélez del pasado, lunes 21 de febrero, por Twitter el exmandatario cuestionó la reputación ética de nuestro colega acusándolo entre otros: "¿Por qué Pérez Esquivel les hace mandados a las Farc?", "Pérez Esquivel: nobel difamador al servicio de los terroristas colombianos", y "Pérez Esquivel: ¿Es usted un nobel de paz?"
Nuestro amigo y colega en el Encuentro “Haciendo Paz en Colombia” en Buenos Aires afirmó que los factores de dificultad para avanzar hacia la paz se encuentra la impunidad en crímenes de lesa humanidad y la situación del paramilitarismo, que existe aún, y la responsabilidad de los Estados Unidos. Igualmente se refirió a las responsabilidades de Uribe con el paramilitarismo y a los factores para construir un escenario de diálogo para la paz.
El expresidente tildó a Pérez Esquivel como “idiota útil” en junio del año pasado y afirmó que les hace mandado a las FARC y ahora sostiene que es un difamador al servicio de los terroristas colombianos.
Respaldamos las afirmaciones de Adolfo Pérez Esquivel, sustentada en pruebas, en testimonios de testigos y de víctimas, algunos que se encuentran en procesos en Colombia y otros en tribunales internacionales, como lo conocemos. Las afirmaciones del integrante de la Comisión Ética encuentran asidero igualmente en el conjunto de testimonios y pruebas que hemos recibido durante 10 visitas al país y dos sesiones con exiliados
La reacción de Uribe oculta su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad que ofenden la conciencia ética, crímenes que protegen a benefactores económicos nacionales e internacionales que aún apoyan a Uribe.
Apoyamos la necesidad del diálogo político al que el gobierno de Juan Manuel Santos debería abrirse ante las manifestaciones de las fuerzas guerrilleras FARC EP y ELN y de amplios sectores de la sociedad, entre ellos Colombianas y Colombianos por la Paz.
Febrero 22 de 2011
Asociación France Amerique Latine, Francia
Bernardine Dohrn, Universidad Northwest de Chicago, docente y abogada de derecho internacional, EEUU
Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico
Centro Balducci, Pierluigi di Piazza, Italia
Comisión Ética contra la Tortura de Chile; Santiago - Valparaiso - San Antonio - San Felipe - Temuco - Chile
Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Andrés Redondo, Pilar Sánchez, España
Consejo Mundial de Iglesias, Sean Hawkey, Ginebra, Suiza
Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile, Enrique Nuñez, Consejero Nacional del instituto nacional de derechos humanos, Chile Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; Carlos Alberto Rice, integrantes de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina Enrique Santiago, abogado, Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España
Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e Historia, Méjico
Libertad Sánchez, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España
Lorenzo Loncon; werken comunidad mapuche newen mapa, pueblo Mapuche Mary Bricker-Jenkins, PhD, Poor People’s Economic Human Rights Campaign, Asamblea de EEUU para el cese de los pobreza; EEUU Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Argentina
Movimiento Sin Tierras, Brasil
Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), EEUU
Rick Ufford Chase; Director Ejecutivo de la Sociedad Presbiteriana de Paz, EEUU
Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU
Vicente Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ética, España

martes, 22 de febrero de 2011

Greenpeace bloquea accesos a dos minas de la canadiense Barrick en Argentina

Buenos Aires, 22 feb (EFE).- Greenpeace bloqueó hoy los accesos a dos minas de la canadiense Barrick Gold en Argentina en demanda de la aplicación de una ley de protección de glaciares, informaron a Efe portavoces de la organización ecologista.

Los portavoces precisaron que medio centenar de activistas de Greenpeace montaron hoy dos campamentos en medio de caminos de acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, en la provincia de San Juan (noroeste del país).

"Atravesaron dos contenedores en los caminos, acondicionados en su interior para que puedan vivir allí, y algunos se amarraron con cadenas", detallaron.

Varios vehículos de abastecimiento a las minas quedaron varados en los sitios de la protesta, adonde acudió la policía para verificar las identidades de los activistas.

Greenpeace reclama la plena vigencia de la ley de protección de glaciares, que prohíbe la explotación minera en áreas con campos de hielo.

La norma fue aprobada el año pasado por el Parlamento pero su aplicación está en suspenso por medidas cautelares como la presentada por la provincia de San Juan, asunto sobre el que deberá expedirse la Corte Suprema.

El director de Campañas de Greenpeace en Argentina, Juan Carlos Villalonga, consideró en un comunicado que "Barrick es la principal promotora de los amparos que hoy están bloqueando la vigencia de la Ley de Glaciares".

"Esos amparos impiden la aplicación de la ley en San Juan y el Gobierno Nacional se excusa en ellos para no reglamentar ni aplicar la ley", sostuvo.

Hernán Giardini, uno de los activistas que participa de la protesta, reclamó a la minera canadiense "que permita la realización de los inventarios de glaciares y que sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama) sean sometidos a las auditorías ambientales que la ley de glaciares exige".

Fuentes de Barrick consultadas por Efe indicaron que se pronunciarán sobre la protesta en las próximas horas. EFE

EFE Verde

viernes, 18 de febrero de 2011

Una pandemia de violencia machista desgarra Latinoamérica

Las cifras de agresiones a mujeres se disparan en la región.- Los expertos reclaman que se cumplan las condenas judiciales ejemplarizantes


ANA LORITE - Madrid - 18/02/2011


América Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del fenómeno ha convertido este tipo de criminalidad en una auténtica pandemia, como señaló Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III (Madrid), durante las jornadas Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por este centro yCasamérica, que, durante el martes y el miércoles reunieron en Madrid a un amplísimo grupo de expertos en esta lacra social.
El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo.
"¿Por qué los hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". Así de taxativa se mostró Rashida Manjoo. El feminicidio o femicidio (según los países), palabra que aún no recogen los diccionarios, como señaló Miguel Llorente, delegado del Gobierno español para la violencia de género, se considera una de las formas más violentas de criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el terrorismo", afirmó Llorente. "Todo se reduce a un problema de visibilidad."
En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A pesar de que el país guatemalteco es pionero en la legislación contra este tipo de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años. El caso de Honduras no es diferente: entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años.
Según Rocío Villanueva, profesora principal de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, feminicidio significa cosas diferentes, dependiendo de los códigos nacionales. "Guatemala es, a pesar de las cifras, el país con una legislación más amplia de América Latina, mientras que Costa Rica tiene una regulación muy restrictiva", constató la profesora peruana. "El gran tema pendiente es que el sistema judicial de cada país funcione".
La situación se complica aún más con las mujeres indígenas. Los expertos reunidos en Madrid hicieron hincapié en la "revictimización" de estas mujeres, que, además de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en víctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su lengua y sus costumbres.
Desigualdad y discriminación
Según los expertos reunidos en Madrid, el carácter universal de los derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminación. Problemas culturales, como el machismo asentado en muchas culturas; la religión, que, pese a ser un asunto de conciencia y pertenecer al ámbito privado, marca el comportamiento de muchas sociedades y profundiza en la desigualdad; las guerras, que a menudo convierten el cuerpo de la mujer en botín de guerra, y se emplean las violaciones y otras formas de violencia sexual como medios deliberados de limpieza étnica (casos recientes de las guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda); la aceptación de la violencia doméstica y las desigualdades extremas: pobreza, género y acceso a la justicia.
"El feminicidio nunca va a ser homogéneo. La clave está en darlo a conocer", declaró Rashida Manjoo. La palabra más repetida durante las jornadas fue impunidad, a pesar de que existe una amplia legislación y jurisprudencia internacional sobre la materia, como la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o las sentencias de la Corte Penal Internacional que incluyen la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado en la definición de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad que hace invisibles a las víctimas.
Una sentencia pionera
El tema central de las jornadas fue la sentencia de Campo Algodonero, que marca un antes y un después en América Latina. El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,máximo órgano de justicia en América Latina y cuyos fallos son inapelables, declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001. Los cuerpos de Claudia González, de 20 años; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17, fueron hallados junto a los de otras cinco mujeres sin identificar, el 5 de noviembre de 2001, en un terreno baldío conocido como "campo algodonero". Sus restos indicaban que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Condenó también al Estado por no investigar adecuadamente. México fue sentenciado a investigar con perspectiva de género a los culpables, y a las autoridades que permitieron la impunidad se les exigió una disculpa pública ante las familias de las víctimas y la ciudadanía, la construcción de un memorial, la reparación económica a las víctimas, modificaciones legales y la creación de una base de datos de desaparecidas.
La sentencia se consideró histórica porque era la primera vez que se condenaba a un Estado como responsable de feminicidio. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha cumplido solo con sus obligaciones a corto plazo, aunque se ha comprometido a cumplirlos completamente. Lo fundamental de la sentencia de Campo Algodonero es que pretende que las reparaciones sirvan como elemento de transformación, resaltó el mexicano Sergio García Ramínez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El chileno Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió que la asunción de la violencia contra la mujer como tema de trabajo e investigación por parte de este organismo tuvo una evolución lenta, llevó varias décadas que la comisión encarara de manera decidida la cuestión. "En la década de los noventa empezó a aceptarse algo que hasta ese momento se había visto como una cuestión privada". González afirma que el trabajo de la comisión ha servido para crear conciencia: "Hasta hace 15 años no era obvio que la cuestión de la violencia contra la mujer pertenecía al ámbito de los derechos humanos".
309 nuevos casos en Ciudad Juárez
Emilio Ginés, abogado español, miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas, se lamentó de que a pesar de la sentencia condenatoria de la corte, desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez. La periodista mexicana Rosa Isela Pérez también insistió en estas cifras: "A pesar de la sentencia la violencia se ha recrudecido".
En lo que se refiere a los problemas de ejecución de la sentencia de Campo Algodonero, José Guevara, exdirector de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, aportó datos importantes para intentar comprender la respuesta mexicana ante esta sentencia. Presentó unas "cifras negras" de la Universidad Autonóma de México (UAM) que demuestran que el 75% de los delitos cometidos en ese país no se denuncian y que sólo 1,6 de cada 100 delitos llega a conocimiento de un juez.
Guevara señaló que, a pesar de la repercusión mediática que tiene la criminalidad en México, sin embargo este país ocupa el puesto decimosexto de delitos violentos frente a El Salvador, que ocupa el primero; Venezuela el tercero, y Colombia el cuarto. Sin embargo, el Estado mexicano de Chihuaua, donde se encuentra Ciudad Juárez y donde nueve de cada 10 casos quedan impunes, está al mismo nivel de Colombia. "Creímos que la sentencia de Campo Algodonero iba a servir para frenar la violencia contra nuestras mujeres, pero lamentablemente no ha sido así", afirmó Guevara. Entre las causas que aportó para que el Estado mexicano no hubiera ejecutado aún la sentencia señaló el federalismo mexicano. "La sentencia de Campo Algodonero solo habla del Estado de Chihuaua y es su Gobierno el que tiene que encontrar a los responsables de los crímenes e irregularidades".
Los expertos concluyeron que la celebración de actos como el de Madrid ayuda a dar visibilidad a estos atentados contra los derechos humanos y que el respeto a sentencias como estas son un paso fundamental para fin de la impunidad.

martes, 15 de febrero de 2011

APAGÓN GENERAL DE PROTESTA MAÑANA MARTES 15 DE FEBRERO, A LAS 22 HORAS. VAMOS A PASAR DEL CABREO A LOS HECHOS.




AMIGOS/AS NO OLVIDAR:

APAGÓN GENERAL DE PROTESTA MAÑANA MARTES 15 DE FEBRERO, A LAS 22 HORAS.

VAMOS A PASAR DEL CABREO A LOS HECHOS.

EN EL DIA DEL CONSUMIDOR, apagón general de electricidad en los hogares españoles a las 22 horas en señal de protesta por la subida abusiva que ENDESA, IBERDROLA y FENOSA han llevado a cabo en sus tarifas eléctricas.

La única forma que tenemos de luchar los consumidores contra estas practicas abusivas, es con medidas como esta por eso os convocamos a seguir esta iniciativa que comenzara a las 22 horas y durara mínimo 5 minutos, mínimo.

CON SOLO 5 MINUTOS HAREMOS tal AGUJERO EN SUS ARCAS, QUE SE ACORDARÁN DE TODOS A LOS QUE ESTÁN ROBANDO.!!!


!!!! POR NUESTRO BIEN, PASADLO AL MAYOR NUMERO DE CORREOS ELECTRÓNICOS, SMS !!!!!......

sábado, 12 de febrero de 2011

La comunidad internacional interviene para detener violencia contra Rapa Nui


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido medidas cautelares, a fin de detener en forma inmediata el uso violento de fuerzas armadas contra los clanes Rapa Nui e iniciar una investigación sobre recientes eventos. Indian Law Resource Center solicitó a la CIDH la concesión de medidas cautelares a favor de la Nación Rapa Nui.

“La acción por parte de la CIDH valida nuestras preocupaciones en torno a las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en la isla Rapa Nui,” dijo Leonardo Crippa, Abogado de Indian Law Resource Center. “El gobierno de Chile debe revisar su política sobre asuntos Rapa Nui, adoptar medidas para cumplir con el derecho internacional de derechos humanos e iniciar un diálogo político transparente con la Nación Rapa Nui.”

Las medidas cautelares llaman al gobierno de Chile a garantizar que ninguna acción estatal ponga en riesgo el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal de los clanes durante protestas o desalojos, incluyendo desalojos de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada. La CIDH supervisará las negociaciones entre Rapa Nui y el gobierno Chileno para encontrar soluciones pacíficas.

Esta decisión tiene lugar en un momento crítico. Recientemente, el domingo 6 de Febrero de 2011, fuerzas armadas de Chile llevaron a cabo otro desalojo. Miembros del clan Hito, que estaban ocupando un hotel que está situado en sus tierras ancestrales, fueron detenidos.

“Chile debería inmediatamente discontinuar el uso de desalojos forzosos, arrestos y persecución penal contra los miembros de los clanes Rapa Nui reivindicando tierras ancestrales, a fin de responder en forma previa y adecuada los legítimos reclamos territoriales de la Nación Rapa Nui,” indico Crippa.

A fines de 2010, Chile envió fuerzas armadas adicionales a la pequeña isla y comenzó forzosamente a desalojar miembros de los clanes Rapa Nui de sus tierras ancestrales y sitios sagrados. Dos incidentes en Diciembre de 2010 resultaron en violentos encuentros y en detenciones de al menos 10 miembros de los clanes Rapa Nui. En ambos incidentes, miembros desarmados de los clanes fueron golpeados y disparados con perdigones en su contra.

La isla está ubicada en el sureste del Océano Pacífico y es un territorio especial de Chile, en virtud de la inscripción registral realizada por Chile sin el consentimiento de la Nación Rapa Nui en 1933. La mayoría de los 36 clanes Rapa Nui han estado inmersos en un proceso de reivindicación de sus derechos de propiedad colectiva a sus tierras ancestrales y autogobierno, así como protección de sus sitios sagrados.

En el marco de una visita a la isla Rapa Nui realizada a fines de Agosto de 2010, el equipo del Centro pudo constatar la situación crítica por la que atraviesa la Nación Rapa Nui debido a la elevada presencia de fuerzas policiales. En el mes de Octubre, el Centro presentó una solicitud de medidas cautelares a la CIDH ante el arribo a la isla de mayores elementos de las fuerzas armadas de Chile. Última actualización el Viernes, 11 de Febrero de 2011 16:52

Clarín

Elecciones en el Perú: responsables de despojos territoriales y represión hoy ofrecen respetar los derechos indígenas

CONADEE

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI

En el Perú, como en todo el Abya Yala, los pueblos indígenas siempre fuimos invisibles para los Estados. Excluidos de las políticas públicas, se nos negaba incluso el derecho al voto. Fue la Constitución de 1979 la que eliminó esta vergonzosa restricción. Pero también la que nos encasilló como “comunidades campesinas” y “comunidades nativas”, pretendiendo despojarnos de nuestra identidad indígena, originaria, ancestral, diciendo muy poco de los derechos que como pueblos nos corresponde.

Cuando el derecho al voto nos fue otorgado, los partidos políticos y sus candidatos visitan durante las campañas electorales para repetir o inventar promesas que nunca cumplirían, para pedir que les pongamos un chullo o un poncho y sonreír para la foto. Nada más.

Uno de los casos más recientes de promesas electorales incumplidas es la del gobernante de salida, Alan García Pérez, quien anunció en su campaña que crearía un impuesto a las sobreganancias mineras y revisaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una vez en el poder hizo todo lo contrario: ha gobernado al servicio de las multinacionales extractivas, promulgó 102 decretos legislativos para facilitar el TLC, el despojo territorial y el saqueo de los bienes naturales, junto con la criminalización de la protesta social, cuya más grave expresión es la Masacre de Bagua del 5 de junio del 2009.

Por todo eso, ahora, el viejo Partido Aprista, de más de ochenta años, sin candidato a la presidencia y una lista al Congreso cuestionada por sus bases, ya está prácticamente extinguido.

Perfiles siniestros

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, la mayoría de candidatos se llenan la boca asegurando que respetarán el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y acatarán la decisión que emane de esas consultas. De pronto se vuelven democráticos y defensores de los tratados internacionales, hasta ecologistas… Pero los pueblos no olvidamos. Los conocemos, sufrimos en carne propia su servilismo a las multinacionales, su defensa ciega del neoliberalismo extractivista, su nulo respeto por la vida y por los derechos humanos.

Recordamos, por ejemplo, que fue la dictadura de Alberto Fujimori la que luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 impuso una Constitución liberal que recortó nuestros derechos como comunidades, precarizando la tenencia de nuestros territorios al eliminar su condición de inembargables e inalienables, y gracias a la cual se emitieron normas tras normas para facilitar la inversión extractivista: contratos de estabilidad tributaria, cero derechos laborales, mínimos controles ambientales, etc. Poniéndonos en una relación asimétrica empresas transnacionales – Estados contra los pueblos.

Hoy la hija del ex dictador, Keiko Fujimori, es candidata a la Presidencia de la República. Y su única carta de presentación son las “obras” de su padre. Claro que entre esas “obras” no menciona esta imposición del neoliberalismo, ni los delitos de lesa humanidad y corrupción generalizada por los que Alberto Fujimori hoy está preso, condenado a 25 años de cárcel. Tampoco el despilfarro de 10 mil millones de dólares de la venta de las empresas públicas.

La dictadura cayó, el pueblo celebró el retorno de la “democracia”. Tras un breve período de transición, fue elegido Alejandro Toledo, el mismo que en la campaña anterior había prometido ser “el segundo piso” del gobierno de Fujimori: léase más libre mercado y más facilidades para las inversiones, con las consecuencias inevitables de mayores recortes de derechos de nuestros pueblos indígenas y mayor criminalización contra ellos.

Durante su mandato, Alejandro Toledo no tocó ni con el pétalo de una rosa el modelo económico. Respetó religiosamente los contratos gracias a los cuales a las empresas mineras no se les puede aplicar un centavo más de impuestos, se rindió frente a las resistencias empresariales al pago de regalías, reduciéndolas a su mínima expresión. Y siguieron multiplicándose las concesiones, lotizando el país y privatizando las pocas empresas públicas que quedaban.

Por su origen andino, quiso acercarse a los pueblos indígenas y creó una Comisión Nacional de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) que terminó en un escándalo de malos manejos de fondos, la que luego fue transformada en un Instituto Nacional de Desarrollo (INDEPA) que poco a poco ha ido excluyendo nuestra participación como pueblos indígenas y reduciéndose a su mínima expresión en el frondoso aparato estatal, hasta que hoy el gobierno del APRA lo liquidó definitivamente.

Luego de una multitudinaria marcha indígena desarrollada por la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Alejandro Toledo se comprometió a formar una comisión de diálogo tripartita (gobierno-comunidades-empresas mineras) que nunca se concretó. Y fue durante su gobierno que las protestas de las comunidades de Ayabaca, en el ande piurano (norte del Perú) contra la imposición minera fueron violentamente reprimidas, imponiéndose el proyecto minero Río Blanco en una zona única de páramos y bosques de neblina, muy cercana a la frontera con Ecuador, vulnerando todo tipo de normas y tratados internacionales.

Hoy Alejandro Toledo es otra vez candidato, quiere volver a ceñirse la banda presidencial. Y habla de derechos, claro, pero ya lo conocemos.

Mr. PPK

¿Y quién fue el Ministro de Economía de Toledo, el encargado de implementar el modelo económico? Pues Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el ciudadano norteamericano, viejo funcionario de instituciones financieras internacionales (IFI). Ese que ahora también quiere ser presidente y para eso, como no tiene partido propio, ha formado un “sancochado” de partidos y movimientos de diversas tendencias a los que solo une la ambición de poder.

Mr. PPK ha sido ministro de diversos gobiernos en los que siempre cumplió el papel de vínculo con las IFI: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Pero no solo eso, también está directamente vinculado a empresas mineras, como miembro de muchos directorios. Y como tal es responsable del despojo de territorios de los pueblos indígenas.

Examinemos un caso, el de las comunidades de Espinar, Cusco, que durante veinte largos años sufrieron los impactos de las operaciones de la Minera Nacional Tintaya, la misma que emprendió un brutal proceso de expropiación y despojo de tierras.

En los años ochenta, cuando Tintaya inició sus operaciones en Espinar, Mr. PPK era Ministro de Energía y Minas del gobierno de Fernando Belaunde. Y continuó con el mismo proceder en el período iniciado el 2001, con la empresa ya privatizada con BHP Tintaya, siendo Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo, cuando mediante artimañas legales e incluso con violencia, la empresa logró apoderarse de 1,263 hectáreas de tierras de la comunidad Tintaya Marquiri, 246 de la comunidad Alto Huancané, 400 de la comunidad Huano Huano, 477 de la comunidad Alto Huarca y 875 de propietarios individuales.

Luego Mr. PPK, como lobista profesional, al dejar el cargo de ministro pasó a formar parte del directorio de BHP Billiton Tintaya, continuando con la agresión, dividiendo la comunidad de Antaycama en cinco comunidades y despojando totalmente de territorios a la comunidad Tintaya Marquiri, reduciéndola a un centro poblado de media hectárea.

Ahora Mr. PPK se pone poncho y chullo y promete respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Que se lo diga a los despojados de Espinar, a los muertos de Ayabaca, a ver si le creen. Es patético su afán por superar su actual 3.6% de intención de voto, la desesperación de los partidos en los que apoya su candidatura.

No lo logrará, Mr. PPK, porque ya lo conocemos, porque no olvidamos. Porque es nuestra memoria histórica la que nos ha permitido sobrevivir más de quinientos años de políticas de exterminio. Porque ya no somos el folclor para la foto y la postal turística. Porque los pueblos indígenas pasamos ya de la resistencia a la propuesta, estamos dispuestos a decidir sobre nuestros destinos y somos actores políticos.


Lima, 11 de febrero de 2011.