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| El general retirado cumplirá arresto domiciliario mientras | es procesado |
Este jueves Guatemala vivió la escena que muchos
esperaron por décadas: sentado en el sitio designado a los presuntos
delincuentes, con el rostro serio, el general Efraín Ríos Montt escuchó a
una juez someterlo a juicio por genocidio y otros delitos de lesa
humanidad.
Al militar retirado se le responsabiliza de permitir u ordenar
homicidios, violaciones y torturas durante el tiempo que ocupó la
presidencia tras un golpe de estado en 1982.
En ese lapso, según el representante del
Ministerio Público Manuel Vásquez, se cometieron al menos 266 acciones
militares donde murieron más de 1.700 personas, hubo 1.400 violaciones
sexuales y unas 29.000 personas debieron abandonar sus hogares para huir
de la violencia.
Ríos Montt, quien cumplirá 86 años de edad en junio, se negó a declarar al inicio de la audiencia, pero cuando la jueza Carol Patricia Flores determinó que había suficientes elementos para probar los crímenes de que se le acusa, solicitó permanecer en su casa durante el proceso.
"Realmente me siento muy interesado y particularmente en la exposición suya que lleva a esas conclusiones", dijo cuando la magistrada le solicitó que opinara sobre la decisión adoptada. "Rogaría a la señora jueza que se votara un arresto domiciliario a efecto de tener todas las facilidades y en el momento correspondiente se actúe".
La jueza Flores rechazó la petición del Ministerio Público de encarcelar preventivamente al acusado, quien hasta hace unos días era diputado, debido a su avanzada edad y a que no encontró indicios de que pudiera huir del país. "Existe la valentía de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder el derecho a la inmunidad", insistió la magistrada.
"Lo hemos esperado durante más de tres décadas. Es un acto histórico", le dice a BBC Mundo Rosalida Tuyuc, fundadora de la independiente Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).
"Es una oportunidad para que se conozca la verdad, cómo se dieron las órdenes de las masacres. No pudo haber sido sólo una persona", insiste.
Es la primera vez que Ríos Montt, considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares en Centroamérica, comparece ante los tribunales. Otros miembros de su Junta de Gobierno y soldados que estuvieron bajo sus órdenes enfrentan procesos penales desde hace tiempo.
Por su parte, la defensa de Ríos Montt sostiene que el ex líder militar no es responsable de los delitos de los que se le acusa y pone como argumento que no estuvo en el campo de batalla en el momento que los hechos tuvieron lugar, según informa el corresponsal de la BBC Will Grant.
El abogado de Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez, sostuvo en declaraciones al medio local Siglo XXI que de lo único que se lo puede acusar a su cliente es de omisión. "La función de él fue política. Allí tenemos que demostrar el mando militar porque a él la atribución de la comisión de esos delitos sólo podría ser por omisión, y entendemos que esa es la posición del MP (Ministerio Público), porque él no lo evitó", explicó el letrado.
La jueza Flores determinó una fianza de 500.000 quetzales, unos US$64.000, así como la prohibición de salir de su domicilio o hablar con otros militares sometidos a proceso judicial.
En 2000 el independiente Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), solicitó un juicio contra el exmilitar por las violaciones a la población civil cometidas durante su gobierno de 16 meses.
Durante el tiempo que estuvo en el poder, el
general intensificó la política llamada Tierra Arrasada, e implementó
los planes "Victoria 82" y "Firmeza 83", destinados a combatir a la
población civil que se sospechara que diera apoyo a la guerrilla de la
Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG).
Decenas de comunidades mayas fueron arrasadas por completo. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), documentó 626 masacres cometidas por las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1978 y 1982.
El pueblo Ixil fue el más afectado. En el proceso que se sigue a Ríos Montt el fiscal Manuel Vásquez aseguró que el expresidente autorizó operaciones militares encaminadas a exterminar a este grupo étnico, considerado por la Junta Militar que gobernaba el país como "enemigo interno".
Incluso la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, solicitó la aprehensión del exmilitar mediante un proceso judicial iniciado en España.
El padre de Menchú fue asesinado en la embajada de ese país en Guatemala, que había ocupado con otros campesinos como protesta por la represión de las autoridades.
El ejército incendió el edificio de la embajada con todos sus ocupantes.
Un proceso que muchos festejaron pues creen que abre la puerta al camino de la justicia para las víctimas de la guerra civil que oficialmente terminó en 1996.
Pero otros miran con reservas el momento. En el país, dicen, hay muchos grupos que están en contra de juzgar a los responsables de la violencia, genocidio y masacres del pasado reciente.
Y además, el hecho de que el actual presidente del país, Otto Pérez Molina, sea un exmilitar hace dudar a algunos sobre el futuro del proceso judicial.
Hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales"
Lucrecia Molina Theissen, quien se vio obligada junto con su familia a huir de Guatemala tras la desaparición de su hermano Antonio, es una de esas personas.
"Con la llegada al poder de un gobernante exmilitar, a mi juicio, es una situación impredecible", dice en conversación con BBC Mundo.
"La jueza que lleva el caso es una mujer intachable, al igual que las personas de la fiscalía. Pero hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales. Parece que hay una intención de recusar a la jueza, eso retrasaría el juicio".
Si esto ocurre, ¿qué sigue para Guatemala?
"Se demostrará que en el país no se pueden juzgar los crímenes", advierte Rosalinda Tuyuc. "Seguiríamos buscando la justicia en tribunales internacionales".
Ríos Montt, quien cumplirá 86 años de edad en junio, se negó a declarar al inicio de la audiencia, pero cuando la jueza Carol Patricia Flores determinó que había suficientes elementos para probar los crímenes de que se le acusa, solicitó permanecer en su casa durante el proceso.
"Realmente me siento muy interesado y particularmente en la exposición suya que lleva a esas conclusiones", dijo cuando la magistrada le solicitó que opinara sobre la decisión adoptada. "Rogaría a la señora jueza que se votara un arresto domiciliario a efecto de tener todas las facilidades y en el momento correspondiente se actúe".
La jueza Flores rechazó la petición del Ministerio Público de encarcelar preventivamente al acusado, quien hasta hace unos días era diputado, debido a su avanzada edad y a que no encontró indicios de que pudiera huir del país. "Existe la valentía de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder el derecho a la inmunidad", insistió la magistrada.
Historia
La decisión de la jueza, sin embargo, no borró la imagen que conmovió a Guatemala.
Para muchos, ver al general sentado en el sitio donde se juzga a presuntos delincuentes (Ríos Montt se quejó que lo trataron como a un pandillero Mara, según diarios locales), fue un momento inédito."Lo hemos esperado durante más de tres décadas. Es un acto histórico", le dice a BBC Mundo Rosalida Tuyuc, fundadora de la independiente Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).
"Es una oportunidad para que se conozca la verdad, cómo se dieron las órdenes de las masacres. No pudo haber sido sólo una persona", insiste.
Es la primera vez que Ríos Montt, considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares en Centroamérica, comparece ante los tribunales. Otros miembros de su Junta de Gobierno y soldados que estuvieron bajo sus órdenes enfrentan procesos penales desde hace tiempo.
Por su parte, la defensa de Ríos Montt sostiene que el ex líder militar no es responsable de los delitos de los que se le acusa y pone como argumento que no estuvo en el campo de batalla en el momento que los hechos tuvieron lugar, según informa el corresponsal de la BBC Will Grant.
El abogado de Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez, sostuvo en declaraciones al medio local Siglo XXI que de lo único que se lo puede acusar a su cliente es de omisión. "La función de él fue política. Allí tenemos que demostrar el mando militar porque a él la atribución de la comisión de esos delitos sólo podría ser por omisión, y entendemos que esa es la posición del MP (Ministerio Público), porque él no lo evitó", explicó el letrado.
La jueza Flores determinó una fianza de 500.000 quetzales, unos US$64.000, así como la prohibición de salir de su domicilio o hablar con otros militares sometidos a proceso judicial.
626 masacres
Pero más allá del optimismo, algunos se preguntan si realmente la historia alcanzó a Ríos Montt.En 2000 el independiente Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), solicitó un juicio contra el exmilitar por las violaciones a la población civil cometidas durante su gobierno de 16 meses.
Muchos familiares de las víctimas de los crímenes cometidos durante el régimen de Ríos Montt estuvieron presentes.
Decenas de comunidades mayas fueron arrasadas por completo. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), documentó 626 masacres cometidas por las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1978 y 1982.
El pueblo Ixil fue el más afectado. En el proceso que se sigue a Ríos Montt el fiscal Manuel Vásquez aseguró que el expresidente autorizó operaciones militares encaminadas a exterminar a este grupo étnico, considerado por la Junta Militar que gobernaba el país como "enemigo interno".
Incluso la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, solicitó la aprehensión del exmilitar mediante un proceso judicial iniciado en España.
El padre de Menchú fue asesinado en la embajada de ese país en Guatemala, que había ocupado con otros campesinos como protesta por la represión de las autoridades.
El ejército incendió el edificio de la embajada con todos sus ocupantes.
Impredecible
A pesar de estas acusaciones Ríos Montt no había enfrentado los tribunales, pues tenía inmunidad por su condición de diputado.
Pero la perdió el 14 de enero. Esa fecha anunció que estaba dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público. Lo hizo este jueves en el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo de la Corte Suprema de Justicia.Un proceso que muchos festejaron pues creen que abre la puerta al camino de la justicia para las víctimas de la guerra civil que oficialmente terminó en 1996.
Pero otros miran con reservas el momento. En el país, dicen, hay muchos grupos que están en contra de juzgar a los responsables de la violencia, genocidio y masacres del pasado reciente.
Y además, el hecho de que el actual presidente del país, Otto Pérez Molina, sea un exmilitar hace dudar a algunos sobre el futuro del proceso judicial.
Hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales"
Lucrecia Molina Theissen, activista
Lucrecia Molina Theissen, quien se vio obligada junto con su familia a huir de Guatemala tras la desaparición de su hermano Antonio, es una de esas personas.
"Con la llegada al poder de un gobernante exmilitar, a mi juicio, es una situación impredecible", dice en conversación con BBC Mundo.
"La jueza que lleva el caso es una mujer intachable, al igual que las personas de la fiscalía. Pero hay muchas maneras de evitar que esto camine. Maneras veladas, maneras legales. Parece que hay una intención de recusar a la jueza, eso retrasaría el juicio".
Si esto ocurre, ¿qué sigue para Guatemala?
"Se demostrará que en el país no se pueden juzgar los crímenes", advierte Rosalinda Tuyuc. "Seguiríamos buscando la justicia en tribunales internacionales".
