Colombia - Ejecuciones Extrajudiciales

DECLARACIÓN DE PHILIP ALSTON, RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS

He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales
a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín),
Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio). Estoy muy agradecido con el
gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida
para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe
Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.

También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos
Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré
reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda,
Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces
militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios
cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe
destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores.

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se
publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones
rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de
derechos humanos, y líderes comunitarios reconociendo la mejora dramática en la
situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla.

Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades
significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.

La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos
positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas
pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.

Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos
positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas
legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican
firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los
militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por
una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y
responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor
cooperación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU, la
incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el
gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación.

Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas
zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de
alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar,aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales

A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas
exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que
ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte
preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas
después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos
paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.

Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos
paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno.

La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada
estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos.

La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor
inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el
mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas.

Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas
–que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes– contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.

Otras cuestiones.

En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:

- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la
letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.

- la realización de una investigación independiente de los procedimientos y
resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.

- la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.

- la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al
seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las
instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.

- la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de
ejecuciones extrajudiciales.

- la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General
de la Nación , con más personal, apoyo y formación.

Bogotá, Junio 19 de 2009

¿Por qué el ex juez Guzmán habla de montajes contra los mapuche?

En declaraciones formuladas el pasado 31 de julio a radio Universidad de Chile, el ex juez Juan Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales, a lo que se suma también la ausencia absoluta de diálogo del gobierno con las comunidades y sus representantes. En dos casos que merecieron de él ese calificativo, el logró como abogado defensor, desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuche.

Las denuncias de racismo que el equipo de Derechos Colectivos Mapuche este mes planteará ante el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, incluirán la práctica de los montajes llevada a cabo por la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y/o el Ministerio Público y los medios de comunicación masiva chilenos, recogiendo una sistematización de casos desarrollada por esta periodista para la Comisión Etica Contra la Tortura en su informe anual a la Presidenta Bachelet . El informe documenta 23 casos en que se evidencia ese tipo de manipulación dolosa de la información.

Queda al desnudo la incapacidad del gobierno de la Presidenta Bachelet de hacer frente a la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Hoy en la prensa n o están los montajes, reemplazados en terreno por los disparos desde helicópteros, el uso de lacrimógenas, balas antimotines y fuerzas especiales en el allanamiento (como en dictadura) de comunidades movilizadas por la tierra. Cada ciclo de lucha por recuperaciones de tierra es enfrentado de forma más violenta por el gobierno, debido a la imposibilidad de frenarlas. Atrapados entre el avance de las forestales, los megaproyectos de inversión y la complicidad de la institucionalidad del Estado, hay comunidades que sienten que hoy ya no hay otra opción.

La Concertación se ha demostrado incapaz de comprender que la detención de un dirigente o el debilitamiento de una organización sólo da paso –también como ocurría en dictadura- a otros líderes y organizaciones. El pueblo mapuche ni antes ni ahora ha tenido unidad política o jefaturas nacionales, pero sus reivindicaciones son similares y están respaldadas por el derecho internacional indígena. Hoy las comunidades en conflicto están en comunas como Ercilla, Villarrica, Cunco y Teodoro Schmidt (todas de la Región de la Araucanía) pero en una declaración fechada en Los Alamos, la mesa provincial de comunidades y asociaciones indígenas de Arauco (Region del BioBio) ha anunciado que si no encuentra respuesta, iniciará también movilizaciones. La Alianza Wenteche a su vez ha planteado que las recuperaciones se extenderán a fundos usurpados en comunas de Purén, Freire, Padre Las Casas y otras.

Esta organización estuvo tras la movilización de más de 140 lonkos y dirigentes tradicionales hacia La Moneda –el 7 de julio de este año - estrellándose contra la más absoluta indiferencia del aparato de gobierno, que se negó a escuchar sus planteamientos. La locuacidad de personeros del Ministerio de Interior no funciona en esta dirección.

Definiciones
El término montaje proviene del cine, sin embargo desde los años 30 se utiliza para identificar una forma dramatúrgica en la que las secuencias de la acción se montan en una sucesión de momentos autónomos. La expresión también suele utilizarse por la gente de teatro, la crítica o el público, como sinónimo de puesta en escena y/o de espectáculo. A la vez, se utiliza el verbo montar (una obra, un espectáculo ) para designar la acción y los trabajos de puesta en escena o de preparación de un espectáculo. (ver web.usach.cl/didascalia/glosario.html).

Aquí son secuencias político-judiciales puestas en escena por la policía y sus diferentes órganos, incluída la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y los fiscales exclusivos del Ministerio Público dedicados al conflicto Estado chileno-forestales/empresarios- mapuche. Para la generación que vivió la dictadura de Pinochet, estas prácticas retrotraen al país esos tiempos en que la DINA y luego la CNI utilizaron en forma constante ese recurso. Estos montajes políticos son difundidas ampliamente por los medios de comunicación masivos que existen en el país, especialmente por la televisión y la prensa de las cadenas El Mercurio y COPESA –los mismos diarios del tiempo de Augusto Pinochet- y no pueden ser contrarrestados debido al duopolio en la propiedad de los medios y la consiguiente falta de diversidad existentes. Operan como mecanismos de intimidación de la lucha social, presión hacia los tribunales de justicia, generación de opinión pública y de una cierta “jurisprudencia mediática”, es decir una conclusión favorable a los intereses de los autores del montaje y de los sectores del empresariado y gobierno vinculados al tema. El momento del “estreno” de cada montaje coincide con la información acerca de la detención y/o formalización de los protagonistas, a lo cual posteriormente se van agregando nuevos elementos como el hallazgo de pruebas inculpatorias, la conexión con organizaciones como las FARC, ETA, el gobierno venezolano u otros. Las denuncias sobre nexos entre las FARC y los mapuche las inició en 2008 el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, citando fuentes del gobierno colombiano. Espina busca así instalar en los medios una percepción que justifique la aplicación de la ley antiterrorista, crecientemente cuestionada por las organizaciones internacionales y nacionales.

En los montajes suelen actuar incluso los más altos personeros de gobierno como el ministro del Interior o el subsecretario del ramo, que recitan el libreto elaborado por la policía y la fiscalía. El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad en los años de dictadura, denunció esa conducta a propósito de las declaraciones del Subsecretario del Interior Patricio Rosende sobre las detenciones practicadas el pasado 12 de abril en Puerto Choque. Avila sostuvo en carta pública publicada en el diario electrónico Clarín de Chile: “A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro (subrogante) considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un cuarteto, de ciudadanos les queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese ¿cuarteto’ si ya el ministro del interior los condenó publicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería de mapuches”

Agrega Avila: “Al ministro le parece que lo más relevante de destacar es lo impresionante del operativo de Investigaciones y Carabineros. No le preocupa la ley ni la justicia del procedimiento sino …. se complace y gratifica de la fuerza desplegada. Su lógica es claramente militar, un bando lucha contra otro, siempre es impresionante ver como los propios hacen papilla a los enemigos. …Esta es claramente una lógica amigo-enemigo. Es la lógica de guerra de la seguridad nacional. Esa es la doctrina que llevó en un momento a la propia presidenta Bachelet a la Villa Grimaldi.”


Elenco estable de los montajes
Hay personajes que son parte del elenco permanente de los montajes: las fuerzas policiales instaladas en los lugares considerados problemáticos por su cercanía con objetivos de la lucha mapuche, como por ejemplo el retén móvil que vigila la comunidad de Temucuicui. Los recintos policiales especiales suelen contar con casas y/o la colaboración de personas que aceptan ese rol. La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas.

Objetivos de los montajes
En el período que va entre mayo de 2008 y junio de 2009 el aparato represivo y el Ministerio Público, vía reiterados montajes judiciales cumplieron su objetivo de mantener en prisión a líderes mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales y boicotean activamente proyectos de inversión que dañan su medio ambiente y territorio. Estos montajes alcanzan también a activistas no mapuche de la causa de ese pueblo y a periodistas, comunicadores audiovisuales que solidarizan con ellos. Quienes son acusados en los montajes político-judiciales tienen un doble juicio. La primera vez son condenados en pantalla y en los titulares por los medios de comunicación, sin derecho a defensa ni a réplica, puesto que los imputados ya están detenidos e incomunicados y sus cercanos ni siquiera conocen las acusaciones. Cuando se aplica la ley antiterrorista, ni siquiera los abogados tienen acceso a conocerlas ni tampoco a los testigos secretos en los que ellas se sustentan. El segundo juicio –el legal – tiene lugar después de meses o años de prisión preventiva de los acusados.

Fracaso del montaje
Afortunadamente, en democracia, gracias a la presencia de abogados privados de derechos humanos, o excepcionalmente, de defensores públicos conscientes, en algunas ocasiones - varios meses o años después – la sentencia de los tribunales es absolutoria. Se acredita así que las acusaciones difundidas por los medios y largamente articuladas desde la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y el ministerio público eran un montaje. Al desarrollarse el juicio oral, los jueces suelen dictaminar que no hay pruebas suficientes de los delitos imputados o que permitan mantener a los detenidos –que habían sido calificados como altamente peligrosos- en prisión preventiva. En esos casos las absoluciones no van acompañadas de reparación alguna por el daño sufrido por los imputados. También ha sucedido que los jueces dicten la sentencia más baja dentro del rango posible de aplicar por el delito imputado, lo que en derecho indica que tuvieron serias dudas respecto de la culpabilidad de los acusados.

Frente a las absoluciones o a sentencias a penas menores, el Ministerio Público reacciona generalmente buscando la nulidad de la sentencia, cuestión que en algunos casos ha logrado, imponiendo la repetición de los juicios. El gobierno, por su parte ha mostrado su desazón ante las recientes absoluciones a través de un comentario del subsecretario del interior, Patricio Rosende, que consideró “curioso” uno de los fallos absolutorios (5 de junio de 2009) de dos dirigentes de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El rol de los medios
La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes del juicio oral, ya han sido condenados por los medios.

La televisión no contextualiza las acciones desplegadas por las comunidades, y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones o acciones de autodefensa. Sin embargo la prensa nacional informa sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en las regiones de población mapuche. Es importante destacar sin embargo que el creciente avance de los medios de comunicación electrónicos gestionados por las propias organizaciones mapuche, está construyendo progresivamente una poderosa barrera y palanca contra la desinformación, al menos para el público y las generaciones con acceso a Internet y para las organizaciones de pueblos originarios en todo el mundo.

Jueces de garantía y defensores públicos
Por otra parte, la actuación de los jueces de garantía constituye en general un mecanismo funcional de reafirmación de la criminalización de estas luchas. Es habitual que los detenidos mapuche pasen más de ocho meses en prisión preventiva o deban cumplir engorrosas medidas cautelares que obstaculizan sus tareas en el campo, perturban su calidad de vida y participación en sus organizaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco, por ejemplo, es sumamente rápida para revocar las libertades condicionales dadas por algun juez de garantía.

Otro de los factores co-adyuvantes en el éxito de esta táctica para criminalizar e intentar detener la lucha social y reivindicativa mapuche es la inoperancia de los defensores públicos (de oficio), ligada a una excesiva cantidad de casos a atender en distintas comunas y juzgados. Pero muchas veces –según los afectados- su pobre actuación responde a simple desidia y/o complicidad con la Fiscalía, lo que posibilita largos períodos de detención preventiva sin petición de cambio de estas medidas cautelares.

Temucuicui (comuna de Ercilla Región de la Araucanía) una de las comunidades que está permanentemente sitiada por fuerzas policiales, concentra un número importante de casos de absoluciones tras largos períodos de prisión “preventiva”.

Sobre montajes político-judiciales seguidos de absoluciones totales, y/o cambios de prisión preventiva por medidas cautelares que implican reconocer la no peligrosidad de los imputados pueden dar amplio testimonio Jaime Huenchullan Cayul, Julio Cayhuan Nahuelpi, Victor Queipul Huaiquil, los hermanos Rodrigo, Omar y Felipe Huenchullan Cayul, todos ellos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. También Héctor Llaitul Carrillanca (Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto), Roberto Painemil Parra (comunidad Yeupeko) Avelino Meñaco (LleuLleu), Erick von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández, Alex Bahamondes Garrido (activistas estudiantiles), Juan Toro Ñanco, Leonardo Lican Ñanco (ambos de Chequenco, Ercilla), César Parra Leiva (Puerto Choque, Tirúa), Iván Llanquileo (de Juana Millahual, LleuLleu), Elena Varela López (Licanray), Jonathan Vega Gajardo, Fénix Delgado Ahumada, Rodrigo Huechipan (todos estudiantes), y Mauricio Waikilao Waikilao (Yeupeko, Vilcun).

A continuación una reseña de cada uno de estos montajes.

1.- Jaime Huenchullan Cayul, werken de la asediada comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla. Se entregó voluntariamente el 18 de septiembre de 2008 por encontrarse gravemente enfermo. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el ex juez Juan Guzmán para que cesara la tortura inflingida en prisión, donde se le mantuvo inicialmente engrillado y con trato inhumano. Fue formalizado entoncees por incendio del fundo de René Urban, vecino de su comunidad. El 1º de junio de 2009 comenzó el juicio oral en Angol y fue absuelto de los cargos. El 4 de abril de 2009 había sido absuelto de otras acusaciones. Todo el tiempo que duró la investigación - casi nueve meses - se le mantuvo en prisión preventiva. Durante el período de prisión, él anunció su decisión de renunciar a la nacionalidad chilena para hacer valer sus derechos como miembro de un pueblo originario, según los tratados internacionales.

2.- Julio Cayhuan Nahuelpi, de la comunidad Autónoma de Temucuicui. Se entregó voluntariamente el 20 de octubre de 2008. Denunció haber sido sometido a tortura en la Comisaría de Collipulli e Investigaciones de Angol al entregarse. Se le acusó de incendio de propiedad de René Urban. El juicio oral se inició el 1º de junio en Angol. La Fiscalía pedía 15 años de prisión por incendio de un camión, 10 años por incendio de avena y 100 días por lesiones de Urban. El juicio oral tuvo lugar el 1º de junio en Angol y fue absuelto de todos los cargos.

El Ministerio Público pidió la anulación del juicio oral que absolvió a Jaime Huenchullán Cayul y a Julio Cayhuán Nahuelpi, imputados de cometer un ataque incendiario contra el fundo "La Romana", del agricultor René Urban.

3.- Víctor Enrique Queipul Huaiquil, werken de la Comunidad de Temucuicui. Se entregó voluntariamente al Tribunal de Garantia de Collipulli, quedando detenido el 18 de abril 2008. Había estado en prisión preventiva anteriormente y fue absuelto en la demanda por agresión presentada por Jaime Andrade, ex director de CONADI. Desde noviembre de 2006 y por más de cinco meses debió cumplir con medidas cautelares que lo obligaban a firmar cada 15 días en la tenencia de Ercilla. Su juicio había sido aplazado en diez oportunidades. El 4 de noviembre de 2008, luego de siete meses de prisión preventiva, fue absuelto de los cargos de supuesta agresión contra el ex director de CONADI.

4- Rodrigo Huenchullan Cayul, comunidad autónoma de Temucuicui. Acusado de incendio y amenaza contra René Urban. Estuvo cuatro meses preso en la cárcel de Victoria, después de entregarse voluntariamente en diciembre de 2008 en medio de un clima de aumento de la represión y de la violencia interna azuzada por CONADI al interior de la comunidad. El 4 de abril fue absuelto de otros cargos presentados por René Urban. Quedó libre el 20 de mayo de 2009, a la espera del juicio simplificado que tendrá lugar el 25 de junio y enfrenta una posible condena a 541 días por “amenaza” –el único cargo que se mantuvo - y que ya estarían abonados por el tiempo que pasó en prisión.

5 , 6 y 7.- Los hermanos Omar Huenchullan Cayul, Felipe Huenchullan Cayul, y José Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui resultaron absueltos el 4 de abril de las acusaciones de desorden público que se les hicieron por hechos ocurridos en agosto de 2006, donde por la prensa se acusó a la comunidad de obstaculizar el paso de un contingente policial que arreaba un piño del dueño del fundo vecino, de René Urban. En ese momento ambos participaban de una reunión con una periodista española en la que denunciaban la represión policial de la que es víctima la comunidad. Queipul fue acusado posteriormente de robo con intimidación, amenazas, daños y maltrato animal contra miembros de la comunidad Ignacio Queipul el 19/11 de 2008.

8.- Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, imputado por incendio y porte ilegal de armas. Fue detenido el 22/ 02/07 en Concepción después de vivir 4 años en la clandestinidad. También se unió a la huelga de hambre de Patricia Troncoso el 10 de octubre 2007 hasta el 30 diciembre. La única prueba en su contra era el testimonio inicial del comunero Roberto Painemil, quien lo inculpó bajo tortura. (ver Denuncias de Comunidades en Informe Junio de 2008, Comisión Etica Contra la Tortura). La fiscalía pedía para él una pena de 9 años. Se le negó siempre la libertad bajo fianza. Pero el 3 de junio de 2008, defendido por un equipo encabezado por Juan Guzmán Tapia, fue absuelto de todos los cargos en el juicio oral realizado en Temuco, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad el 25 de julio de 2008. El 15 de julio de 2009 fue detenido nuevamente, en casa de su madre, acusado por el Fiscal exclusivo de la causa mapuche, Mario Elgueta como “autor intelectual” de una supuesta emboscada en Tirúa. Se trata de un enfrentamiento de comuneros con la policía, ocurrido durante un inesperado allanamiento en que estaba presente el propio Fiscal, quien resultó herido leve.

9.- Roberto Carlos Painemil Parra, 35 años, comunidad Yeupeco Vilcún (la comunidad de origen de Matias Catrileo). En diciembre de 2006 fue detenido por civiles paramilitares armados. Es golpeado, amenazado y torturado por civiles y carabineros. Estuvo más de 1 año en prisión preventiva, solo en diciembre de 2007 declaró ante un tribunal. Su defensa la asumió el ex Juez Juan Guzmán quien declaró que la acusación de incendio de material perteneciente a la empresa forestal Mininco en diciembre 2006 era un montaje. Fue absuelto del cargo de incendio en juicio oral el 3 de junio de 2008 en Temuco y condenado a 541 dias (ya cumplidos) por una acusación menor. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia absolutoria el 25 de julio de 2008.

10.- Lonko Avelino Meñaco, acusado de participar en quema de cabañas en LleuLleu el 12 de octubre de 2007. La Corte de Apelaciones revocó su libertad condicional concedida inicialmente por el tribunal. Tuvo como defensor al ex Juez Juan Guzmán, y resultó absuelto el 22 de abril de 2009 en juicio oral en Cañete, luego de pasar 4 meses en prisión preventiva.

11, 12 y 13.- Erik von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández y Alex Daniel Bahamondes Garrido fueron acusados del incendio de dos camiones en el puente Chamichaco, comuna de Ercilla. El hecho ocurrió el 4 de enero de 2008, dos días después del asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo. La defensa presentó testimonios, fotos y videos en los que se ve a Juan Medina y Erik von Jentschyk en el velorio del joven mapuche a la hora que ocurrieron los hechos investigados. Se mostraron fotos en que Alex Bahamondes participaba de una marcha en Osorno el día 4 y de eventos familiares a lo largo del día. El Ministerio Público buscaba que los jóvenes fueran condenados a siete años y seis meses de presidio pero los tres activistas de la causa mapuche fueron condenados a 3 años y un día de libertad vigilada., la sentencia más baja que podía aplicarse. Ello indica que el tribunal no aceptó la mayor parte de las imputaciones de la fiscalía. Alex Bahamondes Garrido, descendiente de huilliches había sido detenido en San Pedro Viejo (Región del BioBio) el 11 de enero de 2008. Juan Bautista Medina Hernández, ingeniero forestal, miembro de la red de apoyo de las Comunidades Mapuche en conflicto de Concepción, fue detenido el 11 de enero en su domicilio, perdiendo de inmediato su trabajo. Erik von Jentschyk Vergara fue detenido el 20 de enero en Valdivia.

14, 15 y 16.- Absueltos de las acusaciones de incendio de un camión resultaron los hermanos Juan Martín Toro Ñanco y Leonardo Patricio Lican Ñanco, que fueron detenidos el 2 de mayo de 2008 en su comunidad, Newen Mapu José Millacheo de Chequenco junto a otros cinco comuneros, como autores del incendio de un camión de la empresa forestal Lascar en el sector Pidima, Ercilla, el 26 de abril de 2008. El fallo absolutorio se pronunció el 9 de marzo de 2009. Ellos habían pasado varios meses en la Cárcel de Temuco y luego accedieron a medidas cautelares de firma periódica.

Luis Millacheo Ñanco detenido junto a ellos, fue condenado a 5 años y un día, mientras que Andrés Lican Lican y Juan Bernardo Lican Melinao fueron condenados por la justicia chilena a cuatro años como autores de “robo con intimidación” y no del incendio por el que ya habían sido condenados por los medios de comunicación y el gobierno local los ocho detenidos. Presidió el tribunal el juez Andrés Villagra. El juicio duró 9 días, fracasando los fiscales en su empeño de encarcelar a a todos los comuneros. Esta instancia había procesado a ocho comuneros, pero tres de los procesados, José Millacheo Ñanco y José Millacheo Marin Fernando (detenidos el 2 de mayo de 2008, en la comunidad Newen Mapuche José Millacheo de Chequenco), y Enrique Millacheo Marín (detenido el 21 de noviembre en Contulmo) decidieron no presentarse a lo que consideraron un juicio viciado. José Millacheo Ñanco es hijo del lonko Ciraco Millacheo, quien permanece en la clandestinidad pues fue condenado en el caso Poluco Pidenco por la ley antiterrorista.

La condena se logró con la declaración de dos testigos protegidos, sin rostro, sumados a los peritajes de carabineros presentados por los fiscales Miguel Angel Velásquez y Alberto Chifelle, y los querellantes del gobierno y de la empresa Forestal Lascar. Según declaración de protesta de la comunidad estos carabineros son “los mismos que se han destacado por el trato especial hacia nuestro Pueblo Nación Mapuche, los mismos que allanan nuestras casas golpeando mujeres, ancianos y nuestros hijos, disparando y tratándonos de ‘indios’, encañonado a nuestra gente con sus armas de servicio, los mismos que asesinaron a Alex Lemun y Matías Catrileo.”

La Comunidad de Chequenco lleva más de una década manteniendo el control territorial sobre el fundo Chiguaihue, tierras usurpadas por Forestal Mininco.

17.- César Parra Leiva, comunero de Puerto Choque permaneció encarcelado desde octubre de 2008, acusado de agresión a Carabineros el 10 de junio de 2008, en medio de un allanamiento a su comunidad. El carabinero que lo acusó no presentaba ninguna lesión, en cambio Parra sí resultó herido a bala. Logró salir en libertad el 2 de abril de 2009 con medidas cautelares y esperaba juicio simplificado. Pero fue detenido nuevamente el 11 de abril de este año por los hechos de Puerto Choque (la “emboscada” ya citada anteriormente).

18.- Lonko Iván Llanquileo de comunidad Juana Millahual (Rukañanco), detenido el 31 de agosto del 2007 en su propia casa en la ribera del Lleu Lleu, acusado de tenencia de material de guerra en la comunidad y condenado por los medios, que informaron ampliamente del operativo de detención desarrollado por fuerzas conjuntas que coparon el territorio de la comunidad. En una casa deshabitada que no era el domicilio de Llanquileo, la policía informó haber encontrado un fusil. La fiscalía militar no pudo reunir antecedentes suficientes para seguir manteniendo a Llanquileo en prisión preventiva y luego de sucesivas apelaciones, quedó en libertad condicional el 8 de enero de 2009. El enjuiciamiento a un mapuche en la justicia militar constituye por otra parte, una evidente violación del fallo Palamara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por juzgar a un civil en justicia militar.

19.- Elena Varela López, detenida el 7 de mayo 2008, en Licanray, mientras trabajaba en el documental Newen Mapu, la Fuerza de la Gente de la Tierra. Espera la preparación del juicio oral que tendrá lugar en Villarrica (Región de la Araucanía) en fecha no determinada aún. En la acusación del fiscal Servando Jordán, publicada en todos los medios no falta nada: se vinculaba a Elena Varela al MIR, que era descrito como una organización terrorista, y también con el ELN de Colombia y también con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue condenada de antemano por los medios de comunicación, que junto con la Fiscalía la sindicaron como terrorista imputándole la planificación del asalto a un banco y el “delito” de tener vinculaciones con dirigentes mapuche y ser ex mirista. Los materiales incautados son entrevistas a dirigentes de comunidades en conflicto. La Asociación Chilena de Documentalistas ADOC junto a organizaciones de derechos humanos y personalidades del mundo de la cultura han denunciado su caso como un montaje considerando se está vulnerando la libertad de expresión y que ha sido perseguida por dar a conocer la voz de las comunidades agredidas por las empresas forestales.

Cumplió 3 meses de prision preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, luego cambiados a libertad diurna.

La detención de Elena Varela tuvo lugar el miércoles 7 de mayo de 2008, mientras trabajaba en su documental “Newen Mapu Che”, en su casa de Licanray. Al mismo tiempo, en Ercilla eran arrestadas otras cinco personas, pero el fiscal sólo perseveró en las acusaciones contra el ex preso político Kenny Sánchez y el chofer de Mininco Sergio Reyes. Sin embargo los seis detenidos sufrieron cárcel y estigmatización pública. Las pruebas exhibidas en esos días fueron, por ejemplo, banderas del MIR y armamento de fantasía utilizado en los documentales.

Este caso es quizás la pieza más compleja dentro del conjunto de los montajes, por el tipo de operativo desplegado a la hora de la detención, el secuestro de los materiales fílmicos y la manipulación de vínculos sentimentales de la detenida con fines de acusación política. Así logró la fiscalía que Elena Varela no pudiera concluir oportunamente los dos documentales premiados por FONDART en que trabajaba, Newen Mapu y Sueños del Comandante.

20.- Jonathan Vega Gajardo,
21.- Fénix Delgado Ahumada,

22.- Rodrigo Huechipan (menor de edad), los tres acusados de “incendio terrorista frustrado” el 30 de octubre de 2008 en el Bypass de Temuco. Se les enjuicia por ley antiterrorista. La defensa de los tres inculpados alega que se trata de un montaje pues se está juzgando intenciones. Las rigurosas medidas iniciales (prisión con restricción de visitas en los casos de Delgado y Vega) y las condenas mediáticas, dejaron paso a arresto domiciliario para Jonatahn y Fénix y firma periódica para el menor de edad, lo que evidencia que el caso no se sostiene.

La audiencia de preparación del juicio oral tendrá lugar en junio de 2009

23.- Mauricio Waikilao Waikilao, guardia de seguridad en un supermercado, y dirigente de la comunidad Yeupeko de Vilcún, Novena Región (a la que perteneció Matías Catrileo) está detenido por los delitos de “incendio terrorista”. Antes, en julio del 2008, Huaiquilao fue secuestrado por personal de inteligencia policial, siendo brutalmente golpeado y torturado durante un extenso interrogatorio. La Fiscalía lo acusa de recibir instrucción paramilitar en un campamento de las FARC de Colombia, hecho que estaría registrados en su diario de vida. El imputado denunció que el supuesto “diario de vida” son 12 poemas de amor de su autoría. El preso desafía a la policía a mostrar el “diario” que califica como “una fantasía del fiscal”. Eduardo Higuera Navarrete, ex funcionario de la empresa GSL Seguridad y ex empleador de Waikilao, declarará ante el juez que la noche del atentado incendiario que afectó al agricultor Eduardo Luchsinger, el imputado firmó su libro de asistencia como guardia a su cargo en el sector Pedro de Valdivia de Temuco.

Por otra parte, el año 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Acaluan, de la comunidad Cacique José Guiñon, que habían sido culpados de incendio terrorista en el fundo Poluco-Pidenco y sufrieron años de prisión por esa acusación. En 2007 fue exculpada de todo cargo la anciana Mercedes Paillalef, madre de la lonko Juana Calfunao, quien sufrió duras medidas cautelares durante un año, pero al momento del juicio no fue acusada.

Fuentes:
1.- Entrevistas y comunicaciones personales con miembros de comunidades, abogados, red Pulchetun, y otras organizaciones mapuche.
2.- Prensa electrónica de organizaciones mapuche y de organizaciones de derechos humanos:
www.kilapan.entodaspartes.net
www.mapuexpress.net
http://www.mapuche.info/
www.paismapuche.org
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
redchem.entodaspartes.org
www.meli.mapuches.org
www.observatorio.cl
www.azkintuwe.org


Por Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com

Publicado en El Clarin domingo, 02 de agosto de 2009

La "guerra fría" peruana contra los Pueblos Indígenas.

Mapa de las comunidades afiliadas a Aidesep

El reciente conflicto en la Amazonía peruana es solamente el síntoma más violento de una guerra fría que el Presidente Alan García y el partido Aprista han lanzado contra los grupos indígenas. Junto a la propaganda racista y la represión violenta, el Gobierno ha intentado poner en marcha mecanismos legales altamente cuestionables para desarticular el poder de los grupos indígenas.

La propaganda del Gobierno tiene como finalidad promover el modelo de desarrollo de libre mercado, con especial énfasis en el comercio y la explotación de los recursos naturales. García ha emitido una serie de decretos encaminados a implementar el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Perú (TLC) con el propósito de abrir el Amazonas a la explotación y exploración de sus recursos naturales. Un estudio reciente muestra que García tiene proyectadas concesiones en favor de compañías petroleras y gasíferas que afectan a más del 72% de la Amazonía peruana.

En este proceso, la administración de García ha colocado su ideología de libre mercado en senda de colisión contra los derechos colectivos de los grupos indígenas a sus tierras y recursos naturales, derechos protegidos por el derecho internacional. No obstante, su plan sufrió un gran revés por la respuesta del Gobierno a la oposición y la represión brutal contra los indígenas que participaban de la protesta. Una encuesta reciente arrojó como resultado que el 92 por ciento de los peruanos apoyan la causa indígena en contra de los decretos de la Amazonía.

Los decretos más despreciables de García fueron revocados. Pero el Gobierno aún continúa el conflicto de baja intensidad contra los grupos indígenas. Una de las tácticas principales a las que García ha recurrido es la de asociar a los grupos indígenas con Hugo Chávez y Evo Morales. En una reciente declaración, claramente aludiendo a sus rivales de tendencia izquierdista, García dijo: "Perú afronta una guerra fría, en la que participan gobernantes extranjeros".

Pero ya antes de la violencia ocurrida en el Amazonas, la guerra fría real fue la lanzada por García contra los Pueblos Indígenas del Perú. La batalla en el Amazonas fue la culminación violenta de meses de hostigamiento y conflicto de baja intensidad. A pesar de la ferviente oposición, parece ser que García sigue intentando sacar adelante su impopular agenda.

La Guerra de Propaganda

Incluso antes de la implementación formal del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos el pasado mes de febrero, García ya había sentado los cimientos de su guerra fría. En octubre de 2007, el Presidente escribió un artículo en el diario El Comercio titulado "El síndrome del perro del hortelano". El artículo compara a los defensores de los recursos naturales con el perro que no come ni deja comer. Además de insinuar la comparación racista entre indígenas y perros, García culpó a sus oponentes - señalando a los indígenas - de obstaculizar el desarrollo del Perú gracias al capital extranjero.

Desde que el Congreso Peruano ratificara el Tratado de Libre Comercio, García se ha enfrentado dos veces con los grupos indígenas a causa de los recursos naturales de sus territorios. En ambas ocasiones -en agosto de 2008 y la reciente protesta de junio- los decretos de García dieron lugar a amplias protestas públicas, lideradas principalmente por la Asociación Interétnica de Desarrrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que es la mayor organización nacional de las Comunidades Indígenas de la Amazonía. El Presidente respondió a ambas protestas suspendiendo las garantías constitucionales en las respectivas provincias y con el despliegue masivo de las fuerzas policiales en esas regiones.

García también efectuó declaraciones con la intención de amedrentar a los peruanos, quienes tan sólo ahora han comenzado a recuperarse de los veinte años de violencia política. Evocó las imágenes de insurgentes armados y peligrosos con la intención de presentar las protestas indígenas como parte de un complot más amplio dirigido a desestabilizar el país. Recurrió al lenguaje de la brutal guerra civil peruana, en la cual 75,000 personas perdieron sus vidas de manera absurda culpando al "Comunismo Internacional" de las protestas.

Incluso un General de la Policía Nacional del Perú llegó a culpar a los manifestantes indígenas de haber disparado contra un helicóptero, hecho que realmente ocurrió a cientos de millas de distancia en un incidente con el grupo guerrillero, financiado con dinero del narcotráfico, Sendero Luminoso, de acuerdo con la Revista Ideele. La deliberada mezcla de ambos eventos fue un claro intento de establecer una correlación entre los indígenas participantes en las protestas y el grupo armado que aterrorizó Perú durante muchos años.

La amenaza comunista

La administración de García hizo descabelladas acusaciones en el sentido de que detrás de las protestas estaban el principal partido de oposición y los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Asimismo, en un aparente intento de debilitar a la oposición política, una dirigente del Gobierno y miembro del Comité de Ética del Congreso declaró su intención de investigar si había suficientes pruebas para actuar contra los legisladores de la oposición que tuvieran lazos con Alberto Pizango, Presidente de Aidesep. El líder indígena fue recientemente forzado a abandonar Perú después de que el Gobierno presentara cargos de rebelión y sedición en su contra por la violencia en Bagua, lugar que fue el epicentro de las recientes movilizaciones.

García ha retratado las protestas como parte de un complot iniciado por Venezuela y Bolivia, pero ha admitido públicamente que no existen pruebas de tales acusaciones. El Primer Ministro Yehude Simon, quien ha sido una figura clave de la campaña propagandista del Gobierno, se hizo eco de que éstas carecían de fundamento. (En medio de la presión pública, Simon ha sido reemplazado). Para Simon, todo esto fue parte de una vasta conspiración mediante la cual los gobiernos Boliviano y Venezolano trataron de debilitar la industria de Hidrocarburos del Perú en un intento de estimular sus propias industrias.

García ha respaldado estas acusaciones con acciones. Su administración ha lanzado recientemente una investigación contra Aidesep por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El Presidente modificó el alcance de la APCI a través de una ley de 2006 que fue duramente criticada, dado que aumentaba notablemente el control del Gobierno sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Ésta es la segunda vez que Aidesep está siendo investigada por la APCI.

Las maquinaciones legales

El mandato de la APCI incluye el monitoreo de los proyectos y actividades de las ONGs para garantizar que los mismos sean conformes a los objetivos de desarrollo del Gobierno: en el caso de la administración de García, libre mercado y explotación de los recursos naturales. Como parte de este proceso, la agencia requiere que las ONGs que reciben financiación internacional y ciertos beneficios del Estado se registren ante ella. La norma también introduce nuevos mecanismos de ejecución que permiten a la agencia imponer sanciones pecuniarias a las ONGs -e incluso revocarles su personalidad jurídica, impidiendo así que se beneficien de fondos exteriores- por incumplimiento de la obligación de registro ante la ACPI y de las directivas de desarrollo del Gobierno. En septiembre de 2007 una decisión emitida por el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta ley parcialmente, pero muchas de las disposiciones introducidas por García siguen vigentes.

La coincidencia de las investigaciones y declaraciones realizadas por representantes de la APCI pone de relieve la existencia de fuertes motivaciones políticas. La primera investigación de la APCI fue lanzada en agosto de 2008, al tiempo que se estaban llevando a cabo intensas negociaciones entre los indígenas participantes en las protestas y el Gobierno. En aquel momento, el Director Ejecutivo de la APCI, Carlos Pando, advirtió a las ONGs que se abstuvieran de involucrarse en conflictos sociales porque esto iba en contra de la naturaleza de su trabajo. Expresó su preocupación acerca de la influencia que ciertas ONGs tenían sobre las comunidades indígenas al alimentarles con falsa información que a menudo terminaba con protestas contra las acciones del Gobierno. Asimismo advirtió que este tipo de actividades podrían conducir a la revocación de la personalidad jurídica de las ONGs. A finales de agosto, sin embargo, el Congreso rechazó los controvertidos decretos y la investigación iniciada por la APCI concluyó sin resultados.

La segunda investigación fue anunciada en mayo de 2009, justo en medio de los 60 días de paralización en el Amazonas. El anuncio de la misma provocó amplio rechazo e indignación entre los grupos de derechos humanos por sus manifiesta arbitrariedad. Los críticos de esta medida subrayaron que a la APCI le estaba rigurosamente prohibido emplear su autoridad fiscal para amenazar el trabajo diario de las ONGs. De igual manera, afirmaron que la segunda investigación de la APCI violaba las promesas de objetividad realizadas por el Gobierno en octubre de 2008 en el transcurso de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.

Simultáneamente, la administración intentó presentar a los indígenas como una amenaza a la seguridad nacional del país; una vez más García tildó a los indígenas que realizaban las protestas como gente simple que no entendía el verdadero propósito de los decretos que abren la selva a la extracción de los recursos naturales. García afirmó que en lugar de dañar las tierras indígenas, los decretos se concibieron para proteger el Amazonas de los cocaleros, de la contaminación originada por la minería ilegal y de la deforestación ilegal. Estas afirmaciones fueron repetidas en proclamas publicadas por las embajadas peruanas en el exterior, seguramente con la intención de acallar la gran recriminación global que estaban provocando las acciones del Gobierno peruano.

La complicidad de los medios de comunicación peruanos.

Los medios de comunicación nacional, a menudo acusados de representar los intereses del poder político y económico, apoyaron el estereotipo racista contra los comunidades indígenas. Los indígenas fueron rutinariamente mostrados como analfabetos o mal preparados y, por lo tanto, no cualificados para participar en ningún debate nacional sobre el futuro del país.

Un ejemplo concreto y deplorable fue la publicación en portada de la foto de la congresista indígena Hilaria Supa, representante por Cuzco, que apareció en el diario El Correo de 17 de abril de 2009. La foto, publicada en medio de las protestas de los meses de abril y mayo, muestra de cerca las notas tomadas por ella a mano y que obviamente fueron publicadas para ridiculizar a la congresista indígena quechua hablante por su ortografía en castellano.

El artículo que acompañaba a esta foto venía a insinuar que el limitado conocimiento del castellano por parte de la Congresista probaba su falta de preparación para el cargo, puesto que sólo logró, según el diario, por política racial. Los ataques de los medios de comunicación contra la credibilidad de Supa no se detuvieron ahí. También hicieron referencia a sus posiciones previas contra la administración de García, por su política agresiva de libre mercado, como ejemplo de su "pobre" trabajo como congresista. García se hizo eco de esos sentimientos cuando se refirió a los indígenas de las protestas como "ciudadanos de segunda clase" que se atreven a bloquear el progreso peruano.

El fracaso total de García.

A pesar de sus esfuerzos, García parece haber perdido otra batalla en su larga guerra fría contra los grupos indígenas. Una vez más, el Congreso peruano ha decidido rechazar los controvertidos decretos del Amazonas - acción que ahora García afirma apoyar en nombre de la unidad nacional. Pero la guerra fría continúa y podría intensificarse en una batalla abierta, como ocurrió la última vez que el Gobierno provocó a los indígenas para que protestaran.

A finales de junio, un comité del Congreso aprobó una modificación a la ley sobre la APCI que nuevamente permite un amplio control del Gobierno sobre las ONGs. La nueva enmienda permite a la agencia regular la financiación privada de origen extranjero. La ley también prohíbe expresamente a las ONGs hacer cualquier tipo de declaración que incite a la violencia, un parámetro increíblemente amplio que podría ser usado para criminalizar a las ONGs, así como para imponer límites a su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Rolando Souza, aliado en el congreso del deshonrado y encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, usó la violencia de Bagua como ejemplo de por qué el Gobierno debería monitorear el financimiento exterior de los grupos locales. Souza señaló a Aidesep como la razón principal de esta iniciativa legislativa. No obstante, quienes vienen haciendo estas acusaciones no han presentado aún evidencia alguna que apoye tales declaraciones sobre la participación extranjera.

Mientras tanto, una encuesta de junio indicaba que el apoyo a la gestión de García había caído a 21 por ciento. Amplios sectores de la sociedad peruana continúan tomando las calles en protesta por la política de la administración García. En Cuzco, recientemente los campesinos declararon una huelga general en protesta contra el otorgamiento de concesiones mineras por un total del 70 por ciento de su provincia. Los manifestantes reclamaban también la promulgación de una nueva ley de recursos hídricos que declare los recursos hídricos de interés nacional y que su uso esté regulado por el Estado. Nuevamente el Gobierno envió tropas para disolver las protestas, acción que ocasionó la muerte de un campesino.

El Gobierno continúa también afrontando las repercusiones de los eventos ocurridos en Bagua. El 10 de julio, la Defensoría del Pueblo anunció una investigación sobre la desaparición de Lewis Wassum, un miembro de una comunidad indígena del Amazonas. La última vez que lo vieron fue en una fotografía publicada el 8 de junio, donde aparece esposado mientras lo trasladaban a una estación policial. El Gobierno y algunos líderes indígenas también han llegado a un acuerdo para iniciar una investigación sobre los hechos de Bagua.

Aún queda la interrogante de si el Presidente continuará o no con su guerra fría contra los pueblos indígenas del Perú . Pero una cosa parece cierta: su administración se ha negado a dar marcha atrás en su objetivo de extraer los recursos naturales del Amazonas, sin importar las consecuencias. A menos de dos semanas de la violencia en Bagua, hechos que algunos grupos de derechos humanos han llamado el Tianamen del Amazonas, el Gobierno ha dado luz verde a una empresa petrolera francesa para que inicie la perforación de pozos en un aérea del Amazonas habitada por grupos indígenas jamás antes contactados.

Stephen Corry, el director de "Survival International", que defiende los derechos indígenas a nivel internacional, dijo: "quien hubiera esperado que la violencia espantosa de las últimas semanas fuera a hacer que el Gobierno peruano fuera algo más sensible hacia los pueblos indígenas del Amazonas, estará realmente consternado ante esta noticia".

Corry continuó, "Las circunstancias no podrían ser peores - el Gobierno está tratando de presentar una imagen pública más amigable, pero en lo que concierne a las empresas petroleras, todo sigue como de costumbre".

15 de julio de 2009
Kristina Aiello

Kristina Aiello es investigadora asociada del Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA por sus siglas en inglés) y activista de derechos humanos. Este artículo fue publicado originalmente el 15 de julio de 2009 en inglés en el sitio web de NACLA bajo el título "Peru's 'Cold War' Against Indigenous Peoples": https://nacla.org/node/5995

Publicado en español Equipo Nizkor

La devastación

Valparaíso.- Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Chile están siendo contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de megaproyectos mineros, forestales y energéticos amenazan la existencia de numerosas comunidades. En el norte del país --donde viven los pueblos diaguita, atacameños, colla y aymara-- la gran minería estatal y privada contamina las aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.

Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), con el fin de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la "vulneración sistemática de derechos indígenas al agua que se presenta en Chile y otros países de la región andina", se exponen los graves daños asociados a "la implementación de un modelo sustentado en la explotación de recursos naturales".
Este informe fue preparado por los abogados Nancy Yáñez y José Aylwin. Su contenido no había sido divulgado por la prensa.
La importancia de este informe y de las materias que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129 periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007 en Asunción, Paraguay, recibió a la abogada Yáñez. Ella se refirió a la tragedia que viven las comunidades andinas fruto de la imposición del "modelo neoliberal" y de la extracción deliberada de recursos.
Yáñez sostuvo que en Chile "se promueve una economía de rápido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua, minerales, recursos marinos y forestales-- como commodities (mercancías sujetas a precios internacionales)". Afirmó que estas políticas fueron iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los gobiernos democráticos, los que han propiciado y profundizado ajustes estructurales de la legislación, para permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios que orientan el libre mercado".
Puso como ejemplo lo sucedido con el Código de Aguas de 1981 y el Código de Minería de 1982, de carácter marcadamente privatizador, que han sido refrendados por modificaciones legales realizadas en los últimos años que consolidan la orientación de estas normativas que, de paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.

La sequía provocada

La situación de apropiación del agua de los pueblos indígenas es particularmente grave en el norte de Chile, zona desértica que concentra el 38% de las reservas de cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser producido.
Entre los casos de vulneración de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, ese informe menciona la extracción de aguas subterráneas en el sector de Pampa Lagunilla por la Compañía Minera Cerro Colorado, de propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".
Además, se revela "la pérdida de los derechos de aguas indígena en la Cuenca del Río Loa a consecuencia de la monopolización y sobre explotación de los recursos hídricos por parte de las empresas mineras".
Menciona como las principales responsables de esta situación a la estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a empresas del grupo Luksic como: ESSAN S.A (sanitaria).
El poblado indígena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del río Loa casi ha desaparecido fruto de la abusiva explotación del agua: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.
Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos de indígenas, es la explotación de los Géiseres del Tatio –sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana– por parte de la Empresa Geotérmica S.A. El pasado 6 de junio un centenar de atacameños intentaron realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la Pacha Mama –madre tierra- por haberla desprotegido. Pero fueron impedidos por las fuerzas especiales de Carabineros.
A raíz de estos hechos, el Consejo Nacional Atacameño emitió, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el despojo de su agua". Además, sostiene que la citada prohibición "es un atentado a los derechos humanos, a la vida y a la cultura".
Mención aparte merece el proyecto minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation). Este implica la explotación de un yacimiento de oro y otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza, Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.
Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) en 2012. Por lo pronto, el río del mismo nombre ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoeléctricos, destinados a abastecer la actividad minera, complican aún más la situación de los pueblos indígenas y no indígenas del norte chileno. Nueve de ellos se emplazarían en las costas de la Región de Atacama y otros seis en la Región de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales de las termoeléctricas existentes en Tocopilla y Huasco han sido devastadores.

El sur también existe

El territorio ancestral mapuche, localizado en el centro sur de Chile, también está siendo gravemente afectado por la imposición del actual modelo de acumulación de riquezas. El responsable del principal daño ambiental y social es el sector forestal, cuya producción (aglomerados, celulosa, madera) ha crecido en modo exponencial en las últimas tres décadas. Mientras en 1980 este sector exportaba 254 mil dólares, en 2007 las ventas al exterior alcanzaron los 4.952 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Chile.
Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces mandatario de facto Augusto Pinochet dictó el Decreto Ley 701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un 75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos. Además, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes grupos económicos de viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras con plantaciones forestales.
Esto favoreció no sólo la concentración de la tierra y la riqueza, sino también una enorme expansión de los grupos beneficiados con estas políticas. Sólo dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco), tienen en conjunto tres millones de hectáreas de tierras. En contraste, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil.
Hoy cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde 1974 hasta ahora 2,5 millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la Región del Bío Bío y de la Frontera, en el corazón del histórico territorio mapuche. Esta expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional y las actividades de recolección de frutos y hierbas medicinales de los mapuches.
La contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas ha agravado el problema.
Tras la "pacificación de la Araucanía" –nombre con que la historiografía oficial denominó al proceso de ocupación militar del territorio mapuche (1861-1890), las comunidades fueron confinadas en reducciones. El territorio sobrante fue entregado a través de remates o donaciones a colonos chilenos y extranjeros –sobre todo alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a mapuches contra privados y el Estado, tiene su raíz en ese despojo.
El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunció "un incremento transitorio" en los subsidios –no precisó cifras-- que se otorgan a través del citado Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, planteó que lo hacía para "mitigar el desempleo provocado por el menor dinamismo de la economía mundial". Sostuvo, además, que esta medida apunta a aumentar en un 50% el área de monocultivo forestal en la próxima década. Esta medida fue rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches que desde hace tiempo han solicitando que se supriman estos subsidios.
Por otra parte, tres grupos económicos: las transnacionales Endesa (española), SN Power (noruega), además del grupo Matte, a través de Colbún S.A., planean construir ocho nuevas centrales hidroeléctricas en territorio mapuche. Lo hacen sin la requerida consulta y en contra de la voluntad indígena. El 28 de mayo pasado la COREMA de la Región de los Ríos aprobó la construcción de una Galería de Prospección, que es el primer paso para la construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, impulsada por Endesa España. El pasado 22 de octubre, en medio de una gran polémica, la misma COREMA había autorizado a la empresa Colbún una central sobre el Río San Pedro.
El más grande de los proyectos hidroeléctricos es la central Maqueo, que SN Power pretende construir en el hasta ahora casi virgen Lago Maihue, ubicado en la boscosa precordillera de la Región de los Ríos. El proyecto contempla una inversión de mil 500 millones de dólares, y considera una impresionante transformación del paisaje, además de una apropiación de los recursos hídricos que por centenares de años han resguardado la vida de sus habitantes.
El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue, Maihue y Carriñe marcharon nuevamente solicitando el fin de este proyecto, que está en fase de evaluación ambiental, y la devolución de las aguas adjudicadas a empresas transnacionales. Manifestaciones similares han realizado casi todas las comunidades afectadas por proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido escuchados.
Peor aún: el gobierno y el Ministerio Público han intentado vincular a los opositores a estos proyectos con organizaciones "terroristas".

Represión estatal

Amnistía Internacional (AI), en su informe anual dado a conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen denunciándose violaciones de derechos humanos".
En el primer examen periódico universal (EPU) realizado a Chile, realizado entre el 4 y el 15 de mayo pasado en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que en Chile persisten situaciones de discriminación que afectan a los pueblos originarios. Esto se expresa en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento sin consulta previa de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de una legislación antiterrorista para enfrentar su protesta social.
Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas destacan las que lo conminan a: dar protección jurídica a los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcación de sus territorios, e implementar medidas contra la discriminación, en especial en favor de las mujeres y niños indígenas.
El organismo de la ONU también pidió a Chile terminar con las prácticas de represión desmedida que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Además, se le pidió investigar los casos de arresto y deportación de periodistas y documentalistas que investigan la problemática que afecta a este pueblo.
Es necesario señalar que un porcentaje importante de las cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en conflicto con forestales, están vigiladas por destacamentos policiales fuertemente armados, que realizan continuos allanamientos y detenciones en las comunidades.
La complicada situación que afecta a los indígenas chilenos ameritó una visita a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El objetivo de dicha visita, según el mismo Anaya declaró al llegar a Santiago, fue "establecer un diálogo constructivo con las instituciones oficiales, los pueblos indígenas (…), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, así como de la implementación del Convenio 169 de la OIT".
El emisario de la ONU criticó –en entrevista con La Nación-- la parcialidad de la aplicación de justicia en Chile: "Esta combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche", expresó.
En 2003, Stavenhagen había realizado un duro diagnóstico de la realidad que viven los indígenas chilenos, apuntando como problemas centrales la criminalización de la protesta, la discriminación, la pobreza, la inexistencia de un reconocimiento constitucional y la no ratificación del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A mayor abundamiento, señaló que "los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos".
Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomendó agilizar la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de las comunidades indígenas, y tomar las medidas necesarias "para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales".
El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional más importante y efectivo de protección de derechos de los pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminación, a ser consultados respecto de los proyectos que se quieren realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutores validos, entre otros aspectos. Este Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrará en vigencia plena el próximo 15 de septiembre.
Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y energéticos que pretenden emplazar en "aéreas de desarrollo indígena". El gobierno intentó detener el alcance de este Convenio a través de una declaración interpretativa –que se le quiso incrustar al momento de ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que supeditaba el Convenio 169 a la legislación chilena. Esto, en caso de situaciones de conflicto de interpretación legales que se generaran fruto de su próxima aplicación.
José Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia e impulsor de esta medida, desistió ante el rechazo que esto provocó entre los indígenas y la propia OIT.
En la actualidad, tanto el gobierno como la oposición de derecha, se empeñan en aprobar un proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento de los pueblos indígenas" que es fuertemente rechazado por las principales organizaciones de pueblos originarios. Estas han calificado este proyecto como de "desconocimiento de los pueblos". El Senado aprobó el 7 de abril, en su primer trámite constitucional, dicha reforma constitucional.
La Mesa de Trabajo Mapuche, que reúne a un importante número de organizaciones, dirigentes y comunicadores de este pueblo, emitió una declaración el pasado 8 de mayo en la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional "no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile y tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los derechos indígenas".
Cuestionan el hecho que no se les considerara en la gestación de este proyecto y que se abriera una consulta a la que le restan validez. El propio relator Anaya cuestionó el hecho que se abriera un proceso de consultas después de que el Senado haya aprobado en su primer trámite el proyecto. También criticó el corto tiempo que se dedicará a esta consulta y el hecho de que no haya representantes indígenas en la formulación y procesamiento de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma constitucional.
Más duro aún con esta normativa fue Bartolomé Clavero, quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Afirmó que reforma constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos Indígenas; que esta reforma "que en teoría viene a reconocer de una vez en Chile a los pueblos indígenas, intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan derechos y también para cancelar de paso algún derecho tan importante como el de propiedad comunitaria sobre las aguas".
En entrevista con Apro, Nancy Yáñez afirmó que "la situación de los pueblos indígenas (en Chile) es particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los derechos de las comunidades indígenas sino que, por el contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes de los inversores".
Yáñez estima que los últimos gobiernos en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y por esa vía las comunidades indígenas están siendo desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de la sobrexplotación industrial, pero además por la contaminación que estos proyectos generan".

Publicado por El Clarin, 13 de julio de 2009

Honduras : golpe de Estado Resolución del Buró internacional de la FIDH

El Buró internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunido los 3, 4 y 5 de julio de 2009 en París, compuesto por su Presidenta, Souhayr Belhassen, el tesorero, sus quince vicepresidentes, sus secretarios generales, sus Presidentes de Honor, su Director Ejecutivo así como sus secretarios generales adjuntos adopta la resolución siguiente:

Considerando el golpe de Estado civico-militar, encabezado por el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, llevado a cabo el 28 de junio de 2009 en Tegucigalpa, contra el Señor Manuel Zelaya, Presidente democráticamente electo por el pueblo hondureño;

Considerando el secuestro y expulsion del Presidente Manuel Zelaya a Costa Rica por el Ejército y otras detenciones arbitrarias y ordenes de arresto contra simpatizantes y miembros del gobierno depuesto;

Considerando que este quebrantamiento del orden constitucional, vulnerando el orden democratico y de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, afecta no solamente al pueblo hondureño, sino que produce efectos de desestabilización en toda la región que recuerda a toda América Latina algunos de los capítulos más oprobiosos de su historia reciente, y teme que este golpe de Estado pueda constituir un precedente peligroso para la región en su conjunto;

Considerando las denuncias de represión violenta de manifestaciones a favor del Presidente Zelaya, las violaciones a las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión que se ha concretado en la suspensión de varios medios de comunicación y agresiones a periodistas, violando el derecho a informar y ser informado del pueblo hondureno;

Considerando el Estado de Sitio adoptado por las autoridades de facto en Honduras, mediante el cual se suspenden derechos fundamentales tales como la libertad personal, permitiendo la detención e incomunicación por más de 24 horas, la libertad de asociación y de reunión, y el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio de Honduras (fuente: CIDH, 3 de julio de 2009);

El Buró Internacional de la FIDH:

Reivindica la condena unanime de la comunidad internacional y el llamado para que se reintegre al presidente Zelaya en el ejercicio constitucional de sus funciones.

Manifiesta su preocupacion porque las gestiones del Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza, durante su visita a Honduras el 3 de julio, no prosperaron y, afirmó que “la ruptura constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna intención de revertir la situación”, lo que ha originado la expulsion de Honduras de la OEA.

Exige que cese la represion, se restablezca las libertades y garantias constitucionales, se ordene la inmediata e incondicional libertad de todas las personas que hayan sido detenidas, se suspendan las órdenes de captura como consecuencia del golpe de Estado.

Manifiesta su solidaridad y apoyo al pueblo hondureño, en particular a los defensores y defensoras de derechos humanos, exigiendo las garantias y respeto a su ejercicio conforme a la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los defesores de derechos humanos.

Finalmente, pide a la comunidad internacional que utilice todos los mecanismos diplomáticos de los cuales dispone, de conformidad con el derecho internacional, para que sea restablecido el orden constitucional en Honduras.

La Presidenta Souhayr BELHASSEN

Contacto : Karine Appy + 33 6 48 05 91 57

http://www.fidh.org/Honduras-golpe-de-Estado

El miedo a la soberanía popular en Honduras: historia conocida

La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato históricamente confirmado que - con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973- los conspiradores civiles y militares evitaron que el presidente Allende convocara a un plebiscito, que sería anunciado ese mismo día.

Por Por Gustavo Ruz Zañartu y Roberto Garretón Merino*

Un golpe de estado depuso el domingo al Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya. El Ejército asaltó a balazos su residencia, lo sacó del país e impidió la realización de una consulta democrática, pacífica y no vinculante, que permitía a todos los hondureños opinar acerca de la conveniencia de plebiscitar, en el marco de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del 29 de noviembre próximo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Acto seguido, los golpistas presentaron al Parlamento una fraudulenta carta renuncia del presidente, que sirvió de pretexto para la nominación de un sucesor.

Políticos y empresarios que en el pasado fueron el principal sostén de las dictaduras que oprimieron al pueblo hondureño, constituyen el núcleo duro de esta asonada antidemocrática. Han declarado el estado de sitio e iniciado una feroz represión contra la mayoría ciudadana que respalda al Presidente Zelaya.

Una vez más, lo que en realidad aterra a los poderes fácticos de Honduras y de toda América Latina, es que se consulte, escuche y respete la voluntad del pueblo.

La afirmación que el presidente Zelaya buscara su reelección no es sino una mentira, fórmula histórica de todos los golpes contra las democracias por casi 200 años en Latinoamérica.

En el caso de respuesta positiva a la consulta -que debía realizarse el 28-6-09-, se realizaría un plebiscito paralelo a las próximas elecciones ordinarias – convocadas para el 29 de noviembre de 2009- en el que los hondureños tomarían la decisión soberana de convocar o NO a una Asamblea Constituyente, la que se instalaría después del término del actual período constitucional. Por lo tanto, las resoluciones parlamentarias y judiciales que declararon la consulta como “ilegal” e “inconstitucional” no tienen sentido alguno. Siempre un presidente puede consultar informalmente a su pueblo, aunque las respuestas no fuesen obligatorias (“no vinculantes”) hasta que sean adoptadas por los procedimientos constitucionales.

En el acto previsto para el domingo pasado ni se imponía una Constitución sin discusión (fórmula Pinochet), ni se elegía una Asamblea Constituyente. Sólo se consultaba la voluntad popular sobre posibilidad de plebiscitarla.

La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato históricamente confirmado que - con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973- los conspiradores civiles y militares evitaron que el presidente Allende convocara a un plebiscito, que sería anunciado ese mismo día.

La Constitución vigente en Honduras es tan ilegítima como la chilena. Fue impuesta el 21 de enero de 1982, durante la dictadura del General Policarpo Paz García, quien había usurpado el poder en 1978. Una semana después entregó la Presidencia al civil Roberto Suazo Córdova y el poder efectivo al General Gustavo Adolfo Álvarez. Ambas Constituciones consagran posibilidades de plebiscitos, pero en condiciones y en circunstancias tan limitadas, que lo hacen imposible.

Siguiendo a la de Pinochet, la Constitución hondureña hace prácticamente imposible su reforma, pues no sólo exige quórum tan altos como la chilena, sino que –además- algunas de sus disposiciones no pueden ser modificadas ni aún por consenso unánime del parlamento ni de todos los ciudadanos. Dentro de las normas que “no podrán modificarse, en ningún caso” (artículo 374) se cuentan aquellas relativas a los procedimientos para su reforma y la que prohíbe que un ciudadano que ha ejercido la Presidencia de la República postule para el período siguiente o para cualquier otro.

En la redacción de ambas constituciones no participó ningún demócrata y el intento fue mantener instituciones anacrónicas y antidemocráticas. Policarpo Paz y Augusto Pinochet son los constituyentes únicos y perpetuos de sus pueblos.

En las condiciones descritas, la consulta que el Presidente Zelaya hizo al pueblo es plenamente legítima. No atenta contra precepto alguno de la cuestionada constitución; es profundamente democrática, pues sólo persigue escuchar al pueblo en un tema vital para su destino, como es su Carta Fundamental. El procedimiento de consulta informal utilizado por el Presidente Zelaya en nada difiere del que convocaron los estudiantes colombianos, consistente en incluir -en el marco de las elecciones generales del 11 de marzo de 1990-, una papeleta adicional consultando sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La gran cantidad de estas papeletas forzó al Presidente Barco a llamar una consulta el 27 de mayo del mismo año, en el que el 87% del electorado votó por el Sí a una Asamblea de este rango.

El Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile ha convocado a la ciudadanía para que manifieste su voluntad democrática en las elecciones de Presidente, senadores y diputados de diciembre próximo, oportunidad en que cada elector puede anotar las palabras ASAMBLEA CONSTITUYENTE en la misma cedula en que vote por el candidato de su preferencia. Conforme a lo dispuesto en los artículos 65, 71 y 72 de la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y Escrutinios, esas cédulas son válidas y las preferencias del elector son respetadas. Este procedimiento, junto a todas las múltiples iniciativas de difusión y movilización que realicen los chilenos dentro y fuera del país, demostrará que existe una clara mayoría de ciudadanos que no acepta arrastrar la vergüenza histórica de continuar -por más de cuarenta años– sometidos a un Bando que en 1980 emitieron cuatro generales con el
nombre eufemístico de “Constitución Política del Estado”.

De esta forma sumamos nuestras voces a la comunidad internacional que se solidariza con el Presidente Zelaya y exige su inmediata e incondicional restitución en el cargo, así como el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este nuevo y abominable crimen perpetrado contra el pueblo hondureño.

*Gustavo Ruz Zañartu y Roberto Garretón Merino integran el Comité de Iniciativa para una Asamblea Constituyente.

Invitación Homenaje a Salvador Allende

Conmemoración Salvador Allende Gossens

100 años mil sueños


Comunal Laurita Allende - PSCh España

Juventudes Socialistas de Chamberí

"Pienso que el hombre del siglo XXI debe ser un hombre con una concepción distinta, con otra escala de valores, un hombre que no sea movido esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que piense que existe para la fortuna una medida distinta, en la cual la inteligencia sea la gran fuerza creadora”. S. Allende


Presenta Secretario General de las Juventudes de Chamberí.
Saludo de la Vicepresidenta del Comunal Laurita Allende

Proyección Documental sobre S. Allende

Lautaro Contreras Aguilera
Partido Socialista de Chile

Viernes 3 de julio a las 20 hrs
Agrupación Socialista de Chamberí
C/ Guzmán el Bueno 62 - 64
Linea 7 -Metro Isla Filipinas